El Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto-ley por el que refuerza la normativa que limita la concesión de licencias VTC -las utilizadas por servicios como Uber y Cabify- ante las protestas del sector del taxi. El Ejecutivo justifica esa medida de urgencia por el 'conflicto' que protagonizan ambas partes y que "amenaza con tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios". En este sentido, el Gobierno reconoce en el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que el crecimiento de compañías como Uber afecta "de manera inmediata y significativa a otros modos de transporte, especialmente al taxi".

En este sentido, el Ejecutivo recuerda que este sector proporciona un servicio de "interés público" y que está muy regulado. Ese es el argumento para defender su mediación y acudir a una figura normativa de mayor rango que el decreto aprobado en 2015 y que ya fue recurrido en los tribunales. En la práctica, la nueva norma recoge los mismos requisitos para conceder una licencia que el aprobado hace tres años. De hecho, el Tribunal Supremo debe pronunciarse en breve sobre esa medida y podría anularla. Por tanto, el movimiento del Gobierno sería para ganar tiempo al haber aprobado otra norma similar aunque de mayor peso.

En cualquier caso, nada evitaría que este nuevo decreto-ley fuese de nuevo recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya calificó de "injustificada" y contraria a la competencia la restricción de licencias VTC. Por tanto, la situación podría repetirse de nuevo en un par de años.