Activar Notificaciones

×

Su navegador tiene las notificaciones bloqueadas. Para obtener mas informacion sobre como desbloquear las notificaciones pulse sobre el enlace de mas abajo.

Como desbloquear las notificaciones.

Opinión
Opinión

Las barreras a las inversiones extranjeras debidas al COVID-19

foto de Elena Eransus.
Elena Eransus.
  • Elena Eransus Soba
Actualizada 05/11/2020 a las 15:54

Derivado de la situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el Gobierno de España mediante el ya famoso por tantas veces citado, Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (“RDL 8/2020”), modificado por el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, suspendió el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados supuestos.

Esta medida, introducida en el nuevo artículo 7 bis de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior se introdujo, según se puede leer en la exposición de motivos del RDL 8/2020, para proteger de inversores extranjeros oportunistas a las empresas españolas (cotizadas y no cotizadas) que ante la situación de crisis sanitaria vieran mermado su valor patrimonial.

La consecuencia de la supresión de este régimen hace que, en los supuestos previstos en la norma, sea necesaria la obtención de una autorización administrativa previa para la realización de estas inversiones extranjeras en España.

La medida, superada una primera fase de confusión y dudas de interpretación, parece confirmarse que ha sido aprobada con una duración indefinida, al menos, hasta que el Gobierno adopte el acuerdo de dejarla sin efecto. De hecho, en este momento, el contenido del RDL 8/2020 está pendiente de desarrollo reglamentario, y en esta fase es posible que aún se incorporen enmiendas a la regulación actualmente prevista, que faciliten su interpretación.

Sea como sea, lo cierto es que la norma lleva ya más de seis meses siendo de aplicación y su relevancia exige de un seguimiento que permita conocer su alcance. Es reseñable indicar que en consideración a la confusión generada por esta normativa y sus dificultades de interpretación la propia Administración ha habilitado un canal de consultas a través de la Subdirección General de Inversiones Exteriores (“SGIE”), precisamente para resolver dudas de interpretación y poder comprobar si una operación concreta queda sujeta o no a autorización previa.

En la práctica, quedan sujetas a autorización administrativa previa las inversiones directas en empresas españolas realizadas por inversores de países no comunitarios o que no sean parte del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (“EFTA”) o que perteneciendo a estos países su titularidad real corresponda a países no comunitarios o que no sean parte del EFTA.

Se entiende por inversión directa, aquélla en la que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española, o que, como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de la sociedad, siempre que, además, se realice en algunos de los sectores previstos en el apartado 7 bis 2 (infraestructuras críticas, tecnologías críticas y productos de doble uso, insumos fundamentales, sectores con acceso a información sensible y medios de comunicación ) y que afecten al orden público, seguridad pública o salud pública.

Y, por último, quedan sujetas al régimen de autorización previa las inversiones realizadas por cualquier inversor extranjero en el que concurra alguna de las circunstancias del apartado 3 del artículo 7 bis: (i) inversores controlados por el gobierno de un tercer país, (ii) inversores que hayan realizado inversiones en sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, y (iii) inversores a los que se les haya abierto un procedimiento administrativo o judicial en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales

Expuestos los términos generales de la medida, como decimos, queda insistir en que la norma está llena de términos confusos que exigen de una interpretación para su correcta aplicación, tales como: cuáles son los criterios que deben usarse para determinar la “titularidad real de un inversor”, o cuál es la correcta interpretación del concepto de “control” o el o alcance de las actividades incluidas en el apartado 2 del ya repetido artículo 7 bis.

Por tanto, será necesario un seguimiento preciso del desarrollo reglamentario de esta normativa y de la posición que adopte al respecto la SGII frente a las consultas que se vienen planteando para conocer correctamente el alcance de esta medida. Más aun cuando y sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse, las operaciones ejecutadas sin la preceptiva autorización carecerán de validez y efectos jurídicos

Elena Eransus Soba
Asociada Principal Departamento Derecho Mercantil de Garrigues (Pamplona)


Comentarios
Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

volver arriba
Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE