Además de favorecer la agilidad administrativa y la implantación de proyectos como el planteado por el fabricante chino Hithium, en el proyecto de Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial se han incluido argumentos para apoyar a empresas cuyo modelo de negocio esté vinculado al arraigo al territorio y a la creación de empleo con la mirada puesta en evitar que vuelvan a ocurrir episodios como el cierre de BSH. El proyecto que el Gobierno de Navarra aprobó en junio contó con la participación de más de 300 personas y se realizaron hasta 850 propuestas. Pero el debate no se va a quedar ahí. Los grupos políticos, los que están en la oposición, UPN, PP y EH Bildu, y también Contigo, con responsabilidad de Gobierno, -ni Geroa, ni el PSN y tampoco Vox han presentado enmiendas- llevarán al debate parlamentario de la ley más de ochenta enmiendas que este martes, tras finalizar el plazo para su presentación, se hicieron públicas.

Entre las que cuentan con más opciones de terminar incorporándose a la norma, las 18 presentados por Contigo y EH Bildu, algunas por separado y otras de manera conjunta, destacan nuevas iniciativas para proteger al tejido industrial navarro, “impulsando la iniciativa privada y garantizado la calidad del empleo en el sector”, como destaca EH Bildu que llevará al debate medidas para evitar la deslocalización de empresas que promueven “las modificaciones normativas necesarias para ampliar y concretar los casos de reversión de ayudas públicas en esos supuestos”.

En una de las enmiendas de adición que propone este grupo, se recoge que en aras de esa mayor concreción, los supuestos de deslocalización contemplados en la normativa que regula las medidas a favor del arraigo empresarial, incluirán “aquellas circunstancias en la que el cese o reducción significativa de la actividad de la empresa no coincida con el desarrollo de la misma actividad en otros lugares fuera del territorio, pero sí se pueda demostrar una mala praxis en el cobro de la ayuda pública”. De lo que no habla EH Bildu en sus enmiendas es del temor de los ayuntamientos a perder competencias que motivó que la Comisión Foral de Régimen Local emitiera un informe desfavorable a la norma.

Contigo da un paso más y reclama una nueva disposición adicional para pedir que, a los efectos de la futura ley, se consideren ayudas recibidas de la administración y de las entidades del sector público, tanto las subvenciones públicas como las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, así como cualquier otra ayuda, con independencia de la forma jurídica que adopte. En otra de las enmiendas que apoyan los dos grupos se plantea habilitar “los mecanismos de apoyo y la financiación necesaria a través de Sodena o el INI “para ejecutar la compra pública de empresas viables en crisis”.

UPN ha aprovechado el trámite de enmiendas al proyecto de Ley de Industria y Fomento Empresarial para plantear una batería de enmiendas, hasta 33, centradas en agilizar la administración, crear una ventanilla única y elaborar planes estratégicos. En rueda de prensa, la presidenta del partido y candidata al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, se ha mostrado este martes muy crítica con una “ley escaparate” que, en su opinión, es “una coartada para tapar siete años de inacción”, es “ambigua”, “tardía”, “incompleta” y “sin compromisos”. “Chivite intenta convertir sus deberes pendientes en anuncios de final de legislatura. Lo mismo que está haciendo con otros ámbitos como la salud, las ayudas al sector primario, la vivienda o la emancipación juvenil”, ha defendido la regionalista ante los medios. Ha asegurado que “con sus enmiendas” pretenden convertir “las buenas palabras en obligaciones concretas”.

En lo que respecta a la agilización administrativa, la formación aboga por que los proyectos empresariales de interés estratégico cuenten con una resolución “en un periodo máximo de tres meses” y propone dejar sin efecto “los umbrales desproporcionados de 50 millones de euros de inversión y creación de 100 empleos directos, que dejarían fuera a buena parte de los proyectos relevantes para Navarra”. Por otro lado, los regionales plantean “convertir el silencio administrativo en positivo” ante el incumplimientos de los plazo de respuesta de la administración y crear una “ventanilla única para todos las empresas”.

El Partido Popular ha presentado 32 enmiendas al proyecto de Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial para transformar una ley que consideran “vacía” en una herramienta real al servicio de la industria navarra. Desde el partido señalan que “el sector reclamaba un verdadero plan de reindustrialización con medidas concretas y financiación. La respuesta del Gobierno de Chivite ha sido una ley cargada de buenas intenciones, pero sin soluciones, sin plazos y sin compromisos económicos”. Los populares critican que el proyecto dedique buena parte de su contenido a crear y reforzar órganos, mesas, observatorios, comisiones, planes y procedimientos, mientras deja sin respuesta los principales problemas de las empresas: los costes energéticos, la presión fiscal, la falta de suelo industrial, la escasez de talento, el relevo generacional, la necesidad de ganar tamaño y el exceso de burocracia.