El proyecto para construir una planta de fabricación de baterías de almacenamiento estacionario en Navarra a través de una empresa conjunta en la que además del fabricante chino Hithium participará el Gobierno de Navarra a través de Sodena sigue avanzado con el objetivo de que a finales de 2027 pueda iniciarse la fabricación. La puesta en marcha de esta instalación que se espera pueda dar empleo a unas 700 personas, supondrá un gasto de capital de aproximadamente 405 millones de euros y la intención del fabricante chino es recurrir para su financiación tanto a aportaciones directas de capital como a financiación bancaria y subvenciones.

Lo que hasta ahora no se había desvelado eran los términos recogidos en el acuerdo que Sodena y Hihium firmaron en marzo en Moncloa y rubricaron un mes después en Pekín y que esta tarde ha desvelado el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, en el transcurso de una comisión parlamentaria.

Según ha detallado Irujo, de cara a la financiación del proyecto se barajan 150 millones de aportaciones en capital y el Gobierno Navarra contribuirá con una tercera parte de ese gasto. Así se recogería en el acuerdo que Sodena, como “instrumento de apoyo financiero del Gobierno de Navarra para atraer y desarrollar proyectos empresariales de alto valor añadido para la región”, ha suscrito con el fabricante chino y donde se indica que “previa autorización del Parlamento de Navarra, puede aportar hasta 50 millones de euros en capital a la sociedad conjunta”. En dicho acuerdo Hithium se habría comprometido a realizar aportaciones de capital por valor de 61 millones de euros aunque tras las últimas negociaciones, ha adelantado Irujo, estaría dispuesto a elevar dicho importe hasta los 100 millones lo que le llevaría a controlar el 66% del capital de la nueva empresa. Navarra, por su parte, tendría el 33,3% restante.

“En cualquier caso, la aportación será en capital, no se trata en ningún caso de ayuda directa a fondo perdido”, ha remarcado el consejero durante su comparecencia para dar cuenta del proceso de implantación de Hithium en Navarra en dejar claro que el único fondo o ayuda a fondo perdido que recibirá el proyecto de las administraciones públicas será la convocatoria del IDAE (Ministerio) en el contexto de los fondos Next Generation. Hay que recordar que el IDAE ya emitió a principios de mayo una propuesta para la concesión de una subvención a favor de Hithium por un importe de 81 millones. “El Gobierno de Navarra no dispondrá de ninguna ayuda directa a fondo perdido para esta operación, más allá de las convocatorias ordinarias que actualmente existen”, ha enfatizado el consejero de Industria.

Asegura que el motivo de la entrada de capital público en la nueva empresa se justifica desde el punto de vista del "arraigo empresarial" y que pretende asegurar el futuro de la planta en Navarra además de asegurar la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio y la contratación de personal laboral local.

La financiación contemplada para el proyecto de Hithium estaría en todo caso sujeta a la aprobación del Gobierno de Navarra y, en aplicación de la Ley Foral de Hacienda Pública, también del Parlamento de Navarra. De contar con todas las autorizaciones necesarias, asegura Irujo que “Sodena hará todo lo posible por estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales, en forma de avales”.

En lo que respecta a la financiación bancaria y de instrumentos como el FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) que se consideran para el proyecto el umbral de financiación que se recoge asciende a 174 millones de euros. Una cifra, en todo caso, que podría variar en el transcurso de las negociaciones. Según ha explicado Irujo, el asesor financiero de Hithium realizó en abril un sondeo de mercado informal con los principales bancos comerciales y en mayo inició las negociaciones oficiales con los prestamistas en mayo.

En el acuerdo firmado por Sodena y Hithium también se establece un “derecho de acompañamiento” para el supuesto de que los accionistas decidan transferir las acciones de la empresa conjunta lo que abre la puerta a que otros agentes, públicos a privados, puedan acompañar a la sociedad pública en la configuración del capital de la empresa conjunta.