La Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha firmado este martes 12 de mayo junto a otras siete organizaciones empresariales del Norte (SEA Empresas Alavesas, CEOE Aragón, FADE Asturias, FAE Burgos, CEOE-CEPYME Cantabria, FOES Soria y FER La Rioja), integradas en CEOE y CEPYME una declaración empresarial por la competitividad, con la que pretenden hacer un llamamiento conjunto a las administraciones públicas para situar la empresa, el empleo y la competitividad en el centro de la agenda política y económica. Consideran que la “excesiva carga regulatoria” se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión, el crecimiento empresarial y la competitividad y ponen el foco en dos de las grandes preocupaciones actuales del tejido productivo: el incremento del absentismo laboral y la creciente dificultad para encontrar trabajadores, tanto especializados como para tareas generales.

A través de un comunicado conjunto, las entidades firmantes, que aglutinan a miles de asociados en sus respectivos territorios, destacan el “papel esencial de la empresa y del empresario como pilares fundamentales para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la generación de empleo, defendiendo la libertad de actividad económica y la unidad de mercado como elementos imprescindibles para garantizar el progreso de sus comunidades”.

Las organizaciones subrayan la necesidad de impulsar entornos favorables que permitan a las empresas crecer, invertir y competir en mejores condiciones, al tiempo que reafirman su compromiso con el diálogo social como herramienta clave para construir consensos y diseñar estrategias de futuro con la participación efectiva del tejido empresarial y de los autónomos.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Las organizaciones defienden la colaboración público-privada como vía imprescindible para desarrollar infraestructuras, innovación y servicios de manera más eficiente, combinando la capacidad estratégica de las administraciones con el conocimiento técnico, la agilidad y la cercanía al mercado que aportan las empresas. Entre las principales reivindicaciones del documento, las entidades empresariales piden “la puesta en marcha urgente de planes de simplificación administrativa y reducción de burocracia”.

La declaración pone el foco en dos de las grandes preocupaciones actuales del tejido productivo: el incremento del absentismo laboral y la creciente dificultad para encontrar trabajadores, tanto especializados como para tareas generales. Las organizaciones advierten de que esta situación ya está comprometiendo la viabilidad de numerosos proyectos empresariales y reclaman revisar las políticas de empleo, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y agilizar los procedimientos de extranjería y gestión administrativa vinculados a la incorporación de trabajadores.

ALINEAR LA PRESIÓN FISCAL

En el ámbito económico y fiscal, las organizaciones firmantes defienden la necesidad de alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media de los países europeos del entorno, así como reducir el gasto público superfluo para liberar recursos que favorezcan la inversión, la actividad económica y el empleo. El documento también reivindica el impulso de infraestructuras de comunicación que mejoren la conectividad interna y externa de los territorios y refuercen su competitividad, además de reclamar un marco regulatorio estable y predecible que garantice la seguridad jurídica y evite la hiperregulación que frena la actividad empresarial.