La parte del pastel que el Estado ha reservado a Navarra en el reparto de capacidad de la nueva planificación eléctrica no responde a las peticiones de demanda que había realizado la Comunidad foral para poder atender los planes de expansión de la industria y la llegada de nuevas inversiones. Aunque el borrador de la nueva planificación con horizonte 2030 que este jueves 18 de septiembre conoció el Ejecutivo foral no está cerrado y todavía hay margen para seguir negociando, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, no ocultó estar “profundamente preocupado”, consciente de que la capacidad eléctrica es clave para asegurar inversiones futuras.

En esos términos se pronunció Irujo tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Grizard. El encuentro, en el que también participó Laura Larraya, directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, se enmarca en la ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene estos días con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la planificación antes de que salga a información pública. “La futura capacidad que tengamos en cuanto a capacidad eléctrica puede afectar a futuras inversiones en el territorio. Para ser atractivos vamos a tener que demostrar que somos capaces de asumir proyectos industriales que tengan una alta capacidad de consumo y en este sentido salimos profundamente preocupados de la reunión porque vemos que las demandas que hemos incorporado en nuestras alegaciones no han sido debidamente atendidas”, detalló Irujo.

Con todo, desde el Ejecutivo navarro rehusaron tras el encuentro detallar los megavatios adicionales para atender peticiones de acceso a demanda que el documento otorga a Navarra (tampoco los que la comunidad había solicitado) de los 33.000 que contempla la propuesta estatal hasta 2030 con el pretexto de no querer entrar en una “guerra de cifras”. Tampoco lo hizo el ministerio que, sobre el incremento de la demanda de potencia se limitó a destacar el valor que las dos administraciones dan a la nueva planificación “para progresar en la electrificación de la economía, especialmente en el ámbito de la industria”.

Navarra es una de las comunidades donde la situación de las redes de distribución es más crítica. Según los datos que recientemente han hecho públicos las empresas distribuidoras, el 94% de los nudos para conectar nueva demanda eléctrica ya están saturados lo que impide a la comunidad dar respuesta a las peticiones de las empresas para conectar nuevos proyectos y por ende limita el crecimiento de su industria. En el sector empresarial la preocupación por no entrar en la nueva planificación es máxima. Están en juego decenas de proyectos para atender proyectos de descarbonización, planes de expansión y la llegada de nuevas inversiones, algunas millonarias como la proyectada en el centro de datos de Gazólaz que, según la provisión con la que trabajan sus promotores, requerirá una potencia de 300 MW cuando esté en pleno funcionamiento, en 2029.

El propio ministerio admite la necesidad de atender las peticiones de acceso a demanda y frente a la planificación vigente que se centró en atender las peticiones de acceso para generación, las de demanda serán esta vez el motor principal. “Representan el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. El número de peticiones no sólo se ha multiplicado por cinco, sino que los consumos son de mayor tamaño y ha cambiado notablemente su tipología”.

El encuentro celebrado en Madrid también tuvo una parte positiva que asegura el transporte de toda la energía renovable que se va a generar en Navarra. Hay 2.900 megavatios autorizados a partir de 2028. “El objetivo es que se alcance el 50% de producción renovable en la Comunidad en 2028 y el 50% del consumo en 2030 y va a ser posible”, aseguró el consejero.

Desde el ministerio destacaron que el “impulso renovable”, muy importante en la Comunidad foral, con un tejido industrial clave, se mantendrá en los próximos años. “Este interés por los proyectos que demandan energía de la red -muy activo en los últimos meses en Navarra- responde al empuje de la generación renovable experimentado en los últimos años, que proporciona precios eléctricos competitivos y abre numerosas oportunidades socioeconómicas en el ámbito de la transición energética”, destacaron desde el ministerio.

Según se recoge en la propuesta para la nueva planificación eléctrica, hay peticiones por 60GW de nueva eólica -el doble de lo previsto en el PNIEC-, otros 150 GW de fotovoltaica -cinco veces más que en el PNIEC- y más de 100 GW de almacenamiento que multiplican por nueve las peticiones.

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Con la nueva planificación eléctrica, el Gobierno central quiere potenciar la inversión en redes eléctricas, pero también reforzar el control sobre qué se invierte y cómo en una infraestructura crítica cuyo colapso amenaza el crecimiento económico de todo el país. La propuesta, que próximamente saldrá a información pública, contempla elevar a 13.500 millones el desembolso en las líneas de alta tensión, que gestiona Red Eléctrica e incrementar el tope de gasto que las empresas privadas pueden destinar a las redes. Eso sí, impone nuevos controles al sector para fiscalizar cómo se invierte y qué se conecta a la red española. Una de las medidas más relevantes de las incluidas en el nuevo decreto que regulará los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica es la revisión al alza del tope a la inversión en redes que encorseta el desembolso de las eléctricas. Hasta ahora, se situaba en el 0,13% del PIB nacional en la red de distribución y del 0,065% en la de transporte. La idea del ministerio es aumentar estos límites un 62% para 2030, aunque solo temporalmente para este periodo.

El nuevo decreto, que salió el viernes 12 de septiembre a consulta pública, atiende a una de las peticiones históricas del sector: las inversiones anticipatorias que, no obstante, limita a casos concretos: por ejemplo, a un industrial ya asentado en un punto concreto de la red que necesite desdoblar la capacidad eléctrica en esa zona saturada. Hasta ahora, era el propio industrial el que tenía que asumir el coste de esa ampliación, lo que suponía un enorme esfuerzo y concentraba en un único consumidor todo el riesgo. Ahora, y bajo ciertas restricciones, esas inversiones podrán computarse con cargo a la planificación de forma anticipatoria. Este tipo de actuaciones deberán representar, como máximo, el 15% del margen de inversión extra que el Gobierno ha concedido a las energéticas y será el ministerio el que fiscalice a qué se destinan.

La propuesta de planificación eléctrica, que próximamente saldrá a información pública, era un documento que se llevaba meses esperando y cuya aprobación parece más urgente sobre todo a raíz de la publicación por parte de las empresas distribuidoras del primer mapa oficial de capacidad de la red de distribución que ha encendido todas las alarmas en torno a la red eléctrica de la que se llevaba meses advirtiendo.

Es en la red de distribución, en Navarra en manos de Iberdrola que gestiona 9.940 kilómetros de líneas además de 3.648 centros de transformación y 87 subestaciones, que lleva la energía desde las subestaciones hasta los consumidores finales: hogares, comercios, industrias… donde sobre todo está impactando la transición energética porque es en ella donde se interconectan los puntos de generación distribuida y los de consumo. De hecho, en los puntos con mayor concentración industrial en Navarra apenas hay ya capacidad de acceso disponible. Según una información de Iberdrola del 11 de abril, ni en las subestaciones de Landaben, Imárcoain, Estella, o Esquíroz, entre otras, había en ese momento capacidad disponible.