Diario de Navarra

La nueva fiebre de las renovables ha traído no sólo varias decenas de proyectos que sumarían, de completarse tal y como se plantean los más avanzados, más de 2.000 megavatios a los parques actuales en Navarra, con 1.251 MW de potencia instalada. Ha abierto además el debate público. Entre impulsores, que resaltan, para pedir su aprobación, la disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético, la no emisión de CO2 y otros gases contaminantes o la baja tensión de producción de residuos y vertidos, junto a ventajas económicas y de generación de empleo. Y entre detractores que anteponen el “renovables sí pero no así” para alertar de las consecuencias de las iniciativas planteadas en el entorno, muchas veces rural, en el que viven. Entre medio está el Gobierno foral, que tiene que responder formalmente a la mayoría de proyectos sobre la mesa. Hasta la fecha el Ejecutivo va dando trámite a las decenas de iniciativas que le han llegado hasta el año pasado. Las más extensas o entre comunidades las analizará el gobierno central. En noviembre hizo público que 35 iniciativas estaban en tramitación y que esperaban otras 32 para los próximos meses. Ahora son 45 los que ya han recibido alguna autorización o están en información pública. Pese a este papel, las últimas semanas ni siquiera ha respondido cuando se le ha preguntado por su valoración a la demanda de los colectivos, ecologistas y opositores a los planes de grandes parques, que le han pedido una moratoria en los proyectos de renovables y cambios legislativos y de ordenación. Los promotores de la petición siguen sumando apoyos, pero sin respuesta oficial, más allá de alguna conversación informal en la que se da por descartada ante el avance de los proyectos. Públicamente han sido más las voces contrarias o que alertan de las consecuencias de los proyectos, pero internamente los expedientes y trámites han ido avanzando. Desde el Ejecutivo han destacado en reuniones la oportunidad que suponen los proyectos tanto para conseguir los objetivos de descarbonización acordado (50% de producción energética limpia en 2030), como en el contexto de crisis económica por la pandemia. Otras fuentes, desde Medio Ambiente, insisten en que se revisarán una a una las instalaciones propuestas y las posibles afecciones. Y ya ha habido algunos rechazos, como uno de los parques y algunos molinos que Enerfin planteó en Ablitas, Corella y Tudela. También informes de impacto negativos. Es el caso del proyecto para Lesaka. O como el que se hizo público en noviembre en el Parlamento ante la iniciativa de Sacyr Concesiones Renovables, la filial constituida a finales de 2019 por la empresa constructora. Plantearon cinco parques repartidos en nueve valles al norte de la comarca de Pamplona. Sumaba 224 megavatios y suponían los primeros parques eólicos de promoción propia tras varios construidos, con una inversión de 200 millones. Medio Ambiente alertó del impacto de varios de los emplazamientos y la empresa confirmó en diciembre que modificará sus planes pero seguirá con su iniciativa. Actualmente lleva a cabo la revisión tras haber obtenido permisos de evacuación para dos de ellos. El largo camino de los proyectos renovables Las iniciativas deben superar varios procesos, incluido el permiso de acceso a la red, antes de la explotación. Pueden incluir documentos de alcance previos La cifra de 45 proyectos renovables en tramitación o con alguna autorización previa da cuenta de la larga tramitación que conllevan este tipo de iniciativas. Se calcula que en torno a 60 son los que saldrán a la luz fruto del nuevo “boom” de las renovables. Fuera de la lista están todavía iniciativas polémicas en los últimos meses, como los parques eólicos que proyecta Sacyr en crestas de montes de varios valles al norte de Pamplona. También las de Solaria en la falda sur del Perdón, concretamente los proyectos para Adiós y Muruzábal. En unos casos porque el Ejecutivo estudia la documentación presentada. En otros porque todavía preparan el proyecto. La maraña administrativa hasta contar con el permiso de explotación requiere varios pasos que se dan ante el Gobierno foral (proyectos de menos de 50 MW) o ante el Gobierno central (proyectos entre comunidades o con más de 50 MW). Varias de las grandes iniciativas se plantean por separado y las estudia el Ejecutivo, como los parques Serena 2, 4 y 5 (Solaria), o así irán los parques de Sacyr en Esteribar, Ezcabarte, Olaibar, Anue, Juslapeña, Odieta, valle de Egüés y valle de Erro. En este caso tras haber solicitado un informe de impacto, una medida no obligatoria pero cuyo resultado marca el camino a seguir. La autorización administrativa previa se considera el inicio de la tramitación y se presenta junto a un anteproyecto de la instalación y la evaluación de impacto ambiental. Se somete a información pública y la estudia la dirección de Industria, en el caso de Navarra. Después llega la autorización administrativa de construcción. Debe presentar un proyecto de ejecución y, de conseguirse, permite realizar la construcción de la instalación de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos. El último paso es la autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a la explotación. Pero antes, hay que solicitar ser interlocutor de nudo a Red Eléctrica, que en otra fase concede permisos de acceso a la red necesarios para seguir adelante.

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