El Gobierno foral valora positivamente la propuesta inicial sobre el modelo de aplicación de la PAC presentada por el Ministerio de Agricultura porque recoge una "parte sustancial" de la postura trasladada por Navarra.

Fundamentalmente, la propuesta del Ministerio incluye la eliminación de un modelo de pago basado en derechos para pasar a un sistema de pago por superficie, ha destacado la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, quien ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai.

"Se trata de una reivindicación histórica de Navarra y por ello acogemos con satisfacción que el Ministerio así lo reconozca", ha dicho la consejera, quien ha considerado que también es muy importante "que se haya aceptado nuestra reivindicación de poder contar con el pago redistributivo como herramienta para discriminar positivamente el modelo por el que nosotros apostamos como es el de explotación familiar agraria profesional".

Gómez ha afirmado en su comparecencia que el actual modelo de aplicación de la PAC no ha conseguido algunos de los principales objetivos perseguidos como los de mejorar la renta de los agricultores y ganaderos europeos y garantizar el relevo generacional. "Los precios agrarios siguen disminuyendo a la par que la UE se ha abierto más a los mercados mundiales", ha apuntado.

La consejera ha expuesto en comisión el acuerdo alcanzado el 6 de marzo con las organizaciones agrarias UAGN, EHNE y UCAN sobre su postura común frente al modelo de aplicación de la PAC para el periodo 2021-2027.

En el acuerdo se muestra el "rechazo rotundo" a la propuesta del presidente del Consejo Europeo de recorte de un 14 % de los fondos agrarios de 2021 a 2027 y se expresa el compromiso del Gobierno de Navarra de mantener la dotación presupuestaria del Plan de Desarrollo Rural para ese periodo.

Además de resaltar que el modelo de aplicación de la PAC 2014-2020 "ha resultado difícilmente entendible por el sector", en el acuerdo se subraya que es "difícilmente justificable" establecer un modelo de cálculo de pagos directos basado en el histórico de derechos del periodo 2000-2002 a nivel individual, ya que las explotaciones que se han redimensionado o reorientado han tenido que salir al mercado a comprar derechos y se ha alimentado la especulación.

Por ello, en el acuerdo se indica que Navarra defenderá la eliminación de los derechos históricos, apostando por el acoplamiento de las ayudas. Otros puntos del acuerdo son la defensa del modelo de explotación familiar agraria integrado principalmente por profesionales y con una actividad real.

Además, se acuerda que el techo máximo o "capping" debe ser la herramienta que marque los límites de ayuda por explotación y que el pago redistributivo debe tener también dotación propia.

Se pone de relieve asimismo el concepto de soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los productores a garantizar la seguridad alimentaria de la población europea con producciones locales, con unos estándares de calidad y sanitarios exigibles a todos los productos provenientes de países terceros.

En ese sentido, se considera que, cuando las importaciones de países terceros tengan un impacto económico que ponga en riesgo la supervivencia de un determinado sector, deberían de aplicarse normas de protección en frontera como los contingentes o aranceles o sistemas mixtos. Un "ejemplo claro", ha comentado Gómez, podría ser el caso del espárrago o del pimiento del piquillo frente a las importaciones de producto de Perú o China.

Por último, se apuesta por fortalecer e impulsar las organizaciones profesionales, la integración cooperativa y la intervención en la cadena alimentaria, así como por "mantener nuestras competencias en el marco del Desarrollo Rural", ha resaltado la consejera.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azkona ha declarado que el sector primario "ha puesto en evidencia" las carencias del actual modelo, ya que "no hay mejora de la renta de agricultores y ganaderos" y no hay relevo generacional, lo que hace que la PAC "tenga que ser revisada a la fuerza".

Azkona ha abogado por priorizar al agricultor profesional, defender el modelo de explotación agraria, fortalecer y proteger los mercados y promover las cooperativas, entre otros aspectos.