La excepcional situación provocada por la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado a muchas empresas, principalmente pequeñas, a capear la situación enviando a sus plantillas a casa por vacaciones, una medida que solo se puede adoptar legalmente por acuerdo entre las partes. Sin embargo, el miedo a perder el puesto de trabajo y las presiones de posibles ajustes de plantilla han obligado a muchos asalariados a aceptar una situación que les dejará sin buena parte de su descanso estival, según advierten los cuatro principales sindicatos.

Desde que entró en vigor el estado de alarma y se decretó el confinamiento obligatorio en los domicilios, las consultas que han llegado a las sedes de UGT, CC OO, ELA y LAB en las últimas semanas se cuentan por miles. Estas centrales han clausurado sus instalaciones al público, pero mantienen en marcha sus servicios de asesoramiento ante la avalancha de dudas que les están llegando. La mayoría de las denuncias recibidas están relacionadas con la falta de medidas para garantizar la salud de los trabajadores en los centros de trabajo, aunque también llegan preguntas en torno a los cada vez más comunes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ya sean de reducción, suspensión o extinción, y las posibilidades legales para recortar la jornada para atender a hijos y familiares dependientes.

La cambiante situación de un día para otro debido a las modificaciones legales obliga a los sindicatos a intentar responder las preguntas durante la misma jornada en la que se plantean, algo que logran la mayoría de las veces, una labor frecuentemente acaba transformándose en una especie de consultorio psicológico donde volcar las preocupaciones acumuladas en los últimos días. Las llamadas recibidas reflejan principalmente el miedo y la incertidumbre de muchos trabajadores ante la situación generada por la pandemia, especialmente ante la posibilidad de perder el trabajo y la situación económica en la que se quedarán. Los sindicatos atienden consultas de afiliados, pero también para aquellas plantillas cuyas empresas no tienen representación. Recientemente UGT ha anunciado específicamente para estos casos un servicio gratuito de atención a consultas y asesoramiento.

La intensidad de las consultas, siempre abundantes, ha alcanzado máximos en determinados momentos de la crisis sanitaria. Las primeras oleadas de ERE supusieron un primer pico que volvió a repetirse con la declaración del estado de alarma y, esta misma semana, tras el endurecimiento de la paralización de actividades no esenciales hasta el 9 de abril. Esta última medida recibió fuertes críticas por parte de algunos sindicatos al comprobar que no se les mencionaba inicialmente entre las excepciones en el decreto de paralización, aunque otros consideraban que su trabajo quedaba amparado por la autorización genérica para los servicios se asesoramiento legal y prevención de riesgos laborales “en cuestiones urgentes”. No obstante el Gobierno central introdujo posteriormente una aclaración para incluir a los sindicatos y a las organizaciones patronales entre las actividades esenciales.

ACTIVIDAD MÍNIMA

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, ordenaba la paralización de toda actividad no esencial entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Sin embargo, incluía un listado de excepciones en el que también se hacía referencia a la cadena de valor vinculada a esas actividades esenciales que, según critican los sindicatos, se ha convertido en un coladero por el que muchas empresas que daban por hecho el cierre han seguido trabajando a pleno rendimiento.

La falta de un criterio único para determinar si una empresa puede acogerse a este punto, sobre todo mediante las consultas dirigidas a la Delegación del Gobierno, ha provocado que casi cualquier fábrica que tenga relación con dichas cadenas de valor, indistintamente del producto y el mercado al que esté dirigido, obtengan una autorización para seguir operando. Son muchas las consultas de este tipo que han recibido los sindicatos, que han recogido el enfado de muchos trabajadores a los que sus propias empresas les habían comunicado que iban a cerrar para, unas horas después dar marcha atrás. Muchos comités han solicitado la actuación de Inspección de Trabajo y algunos sindicatos han reclamado que el Gobierno central clarifique la situación.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La dificultad para comprar equipos de protección individual, más conocidos por sus siglas EPI, es una de las principales fuentes de frustración y descontento de muchos trabajadores, que se ven obligados a seguir acudiendo a sus empresas sin contar con máscaras, guantes o geles virucidas. Los sindicatos también han recogido las quejas por la imposibilidad de guardar las distancias de seguridad, especialmente durante los cambios de turno en los que se amontonan en los vestuarios. “La presión de las plantillas y las denuncias sindicales han logrado el cierre de numerosas empresas”, explica Izai Bujanda, de ELA, que lamenta que el empeño de algunos empresarios por seguir trabajando sin EPI “está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores”.

Esta escasez también afecta al personal sanitario pese a las denuncias públicas hechas por todos los sindicatos. “En Osasunbidea, la situación es dramática con falta de medios. También sucede en residencias de mayores y dependientes”, explica Imanol Karrera, de LAB. Un ejemplo que ilustra la tensión generada estos días afectó a los delegados a los delegados de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en una fábrica en Marcilla que fueron amenazados verbalmente por la dirección por exigir que se cumplieran las recomendaciones sanitarias.

Otro caso, denunciado por CC OO, afectó a la plantilla de una fábrica en Alsasua con “600 trabajadores apiñados”, donde se les obligaba a seguir trabajando sin protección con la promesa de que iban a llegar mascarillas y guantes.

DESPIDOS ENCUBIERTOS

Desde CC OO denunciaban recientemente que muchas empresas estaban finalizando los contratos por obra y servicio tras el decreto que ordenaba la paralización de las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Pese a que el Gobierno central ha prohibido temporalmente los despidos, lo cierto es que muchos asalariados han pasado a engrosar las listas del paro como ha pasado con todos aquellos contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). No obstante, en Navarra la inmensa mayoría de los expedientes de regulación de empleo presentados, según los datos facilitados por el Gobierno foral, son en un 95% temporales.

SUBCONTRATAS

La paralización de la actividad en algunas grandes empresas para frenar el contagio entre los trabajadores ha sido burlada, según denuncia ELA, mediante la subcontratación de pequeñas empresas y autónomos para seguir proporcionando servicio. Es el caso de la telefonía, según apunta Izai Bujanda, que recurre a empresas donde “no se están cumpliendo las normas de seguridad”. Bujanda apela a la responsabilidad de las grandes empresas para que no transfieran el riesgo de contagio de sus plantillas a otros colectivos más vulnerables.

ERTE Y PRESTACIONES

Son miles las dudas que llegan a diario a los sindicatos en relación con la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están presentando. No en todos los casos solicitados se reconocerá la fuerza mayor, aunque el Gobierno central ha modificado la normativa para que, temporalmente, las peticiones por causas objetivas también aseguren la prestación del paro para quienes no cuentan con el periodo mínimo de cotización, además de que todos los afectados tampoco consumirán durante el periodo de aplicación del expediente su derecho la prestación. No obstante, los sindicatos están constatando en las consultas recibidas el miedo de muchos trabajadores a que la reactivación económica tras la crisis sanitaria no sea suficientemente intensa para asegurar todos los puestos de trabajo, dado que las empresas que han solicitado un ERTE solo se compromenten a mantener el empleo durante seis meses.

CUIDADO DE HIJOS Y DEPENDIENTES

Dentro de la multitud de circunstancias que afectan a los trabajadores afectados por un ERTE, algunas de las consultas más abundantes recibidas por los sindicatos provienen de quienes tienen jornadas reducidas para el cuidado de hijos o familiares dependientes. Las dudas en torno a si estas personas cobrarán el 100% de la prestación del paro en estos casos o cómo afectará a las cotizaciones a la Seguridad Social y sus consecuencias sobre la cuantía que se cobrará durante la jubilación. La flexibilización que también introdujo el Gobierno central para optar a las reducciones de jornada, con el objetivo de reforzar la conciliación durante la crisis sanitaria, también es una fuente importante de preguntas. Muchos trabajadores están inquiriendo sobre la existencia de algún permiso retribuido, porque no pueden permitirse la pérdida de ingresos que supondría una reducción convencional.

VACACIONES

Durante los primeros días tras la declaración del estado de alarma, muchas empresas forzaron a sus empleados a coger vacaciones, una situación que los sindicatos han denunciado reiteradamente y que afecta con mayor intensidad a las pequeñas empresas. Aunque la normativa en este punto es clara, ya que exige un acuerdo entre las partes y no permite en ningún caso que la empresa lo decida unilateralmente, lo cierto es que muchos trabajadores se ven obligados a cogerse vacaciones presionados por las empresas, que amenazan con medidas más drásticas si deciden oponerse. Los sindicatos denuncian la desprotección que viven estos asalariados, que no tienen más alternativa que denunciar ante Inspección arriesgándose a sufrir represalias.