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Control horario de jornada

Las horas extra impagadas permitirían contratar a unos 600 trabajadores en Navarra

En 2018 se trabajaron gratis cada semana más de 25.000 horas, según CC OO

Las horas extra impagadas permitirían contratar a unos 600 trabajadores en Navarra

Las empresas que no controlen la jornada de sus trabajadores se enfrentan a multas de miles de euros.

Blanca Aldanondo (Archivo)
07/05/2019 a las 06:00
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El 35% de las horas extra que se realizan en la Comunidad foral ni se retribuyen ni se compensan con tiempo de descanso. En cifras absolutas supone que los navarros trabajan gratis cada semana más de 25.000 horas. Son las denominadas horas opacas, que ni se abonan ni se cotizan. Convertirlas en empleos a tiempo completo ayuda a visibilizar mejor su impacto en el mercado laboral. Es lo que ha hecho el gabinete económico de CC OO que ha analizado, con datos de la EPA correspondientes al segundo trimestre de 2018, cuántos empleos podrían consolidarse en la Comunidad foral con el notable volumen de horas extra que realizan sus trabajadores: las horas no pagadas hubieran permitido el año pasado contratar a más de 600 trabajadores a jornada completa, mientras que las horas pagadas (más de 47.000 a la semana) equivaldrían a la generación de casi 1.200 empleos más.

Para tratar de acabar con esta práctica y que la jornada que realizan los trabajadores sea retribuida (o compensada con descansos) en su totalidad, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo una norma que obligará a las empresas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores. Desde el próximo 12 de mayo ese registro diario de jornada será obligatorio en todas las compañías de la comunidad, con independencia de cuál sea su tamaño o sector. Tampoco importará que tengan trabajadores presentes en oficinas o centros, de viaje o tele trabajando. Todas deberán contar con dicho registro que permitirá a la Inspección de Trabajo controlar que los empleados realizan las horas que cobran y cotizan gracias a la obligación de elaborar las anotaciones de jornada, algo que hasta ahora sólo era necesario para contabilizar las horas extra y la jornada realizada por los trabajadores con contrato a jornada parcial o reducida.

El Gobierno apoyó su decisión en una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 donde se indicó la conveniencia de llevar a cabo una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitar así al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias. Las empresas que incumplan dicha norma podrían enfrentarse a multas de la Inspección de Trabajo de entre 626 y 6.250 euros, en función del número de trabajadores o del volumen de negocio de la empresa en cuestión. De acuerdo con la normativa aprobada, las empresas deberán conservar los registros durante cuatro años y a dicha información podrá tener acceso tanto la plantilla como sus representantes o la propia inspección.

Las horas extra impagadas permitirían contratar a unos 600 trabajadores en Navarra

Para CC OO la nueva normativa supone “un avance, pero claramente insuficiente”. “Tenía que haberse avanzado más en la protección del trabajador obligando a las empresas a entregar el registro a sus empleados con la nómina mensual o el finiquito”, valora la secretaria de Formación y Empleo del sindicato en Navarra. Pili Ruiz cuestiona aspectos como que la regulación se deje en manos de la empresa. La norma establece que la fórmula de registro se determinará a través de la negociación colectiva, mediante acuerdo o, en última instancia, mediante decisión unilateral del empresario. Y eso, en opinión de CC OO, tiene dos claros inconvenientes. “Por un lado, hay que tener en cuenta lo debilitada que ha quedado la negociación colectiva tras la reforma laboral, sobre todo del año 2012 y, por el otro, que en muchas de las empresas no existe representación sindical y este tema lo regulara directamente la empresa por lo que no va a haber controles efectivos para detectar estos incumplimientos de jornada que en muchos sectores se producen de manera generalizada”, defiende.


MÁS FRAUDE EN LOS SERVICIOS

Aunque en todos los sectores de actividad se realizan horas extra pagadas y, también, no retribuidas, en algunos, entre los que se encuentran las actividades financieras y los seguros, las prolongaciones de jornada sin abonar son mayoritarias. Por contra, sectores como la industria, la construcción o la hostelería concentran una parte relevante de las horas extra pagadas (el 39%) pero sólo suponen el 21% de las horas extra no pagadas. En volumen, las ramas que concentran el mayor número de horas extra no pagadas son hostelería, comercio y educación.

Como explica Javier Morrás Iturmendi, experto en relaciones laborales y negociación colectiva, en la mayoría de las empresas grandes y medianas, sobre todo del sector industrial, el registro de jornada existe desde hace decenios ya que resulta imprescindible para configurar y abonar correctamente las nóminas y las retribuciones. Sin embargo, son numerosas las compañías, sobre todo del sector servicios y oficinas, que han recibido con inquietud la nueva obligación legal y temen no llegar a tiempo. “Lo que deben hacer es dar pasos de forma gradual. En primer lugar, hablar con la representación social en el caso de que exista para establecer los criterios y ver con qué herramientas o instrumentos se va a proceder al registro de jornada”, expone.

Morrás asegura que la norma va a obligar a muchas empresas a plantearse y clarificar cuestiones que hasta ahora no habían tenido en cuenta, pero “con sentido común y la ayuda de la tecnología no tiene mucha dificultad”. “Para el registro servirá cualquier medio de prueba válido en derecho y a una pequeña empresa podría bastarle con una hoja de firmas”, dice. Recuerda que lo que se pretende es poner coto a posibles abusos y propiciar que la jornada de trabajo que realizan los trabajadores sea por completo retribuida o compensada. Pero, precisa, el registro de jornada “no anula ni las posibles flexibilidades horarias que pueda haber en una empresa ni las medidas de conciliación”. “Quien no tenga jornadas de trabajo no abonadas o no disfrutadas compensatoriamente no tiene demasiado que temer”, concluye.


NEGOCIACIÓN COLECTIVA

También desde la CEN restan trascendencia a la nueva obligación legal. Su presidente, José Antonio Sarría, asegura que las empresas se lo están tomando “con relativa tranquilidad porque muchas lo tienen ya resuelto”. Sarría alude al importante peso de la industria en la región, un sector donde estas prácticas (las de alargar excesivamente la presencia en la empresa o camuflar horas extraordinarias como normales) están mucho más controladas que en otros como la hostelería o el comercio.

Para el presidente de los empresarios navarros ha sido clave que, gracias a las presiones de la CEOE, el Gobierno haya optado por dejar la decisión en manos de la negociación colectiva a fin de que pueda ser desarrollada en los convenios de cada empresa y atendiendo a sus particularidades. “Estamos de acuerdo con combatir el fraude, pero no con aumentar los costes administrativos y la burocracia. Y de ahí que nos parezca mucho más razonable que en la empresa tanto los trabajadores como sus representantes decidan la forma más adecuada para llevar a cabo ese control. Lo que no se puede hacer es volver a las épocas antiguas de fichar”, remarca Sarría convencido de la necesidad de sacar un mayor partido (productividad) a la presencia en la empresa. “Hay que cumplir la jornada, pero no alargar de forma excesiva la presencia en la empresa. Es decir, ser capaces de hacer el trabajo de forma efectiva y en el menor tiempo posible”.

A la hora de llevar a cabo el registro de jornada, las compañías podrán utilizar medios telemáticos (como el fichaje digital implantado ya en algunas organizaciones), la huella dactilar, el teléfono móvil, el marcaje digital en el propio ordenador o la anotación manual. Según la norma aprobada, el Ministerio también “podrá establecer especialidades en la obligación del registro de jornada”.

Además de en los servicios (hostelería y comercio), el registro diario de la jornada impone una obligación adicional al colectivo de autónomos con empleados a cargo donde, como reconoce el presidente de ATA Navarra, Juan Carlos Equiza, existe, sobre todo, desinformación. “Lo que estamos haciendo es facilitar a nuestros socios (unos 2.000) el impreso para que sepan cómo hacer el registro”, explica tras asegurar que son los asesores los que se están haciendo el trabajo del Gobierno informando de la nueva obligación.

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