En DN INMO arrancamos 2025 con la primera de una serie de entrevistas sobre la situación y las perspectivas del sector inmobiliario en nuestro país. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), abre esta serie, que tendrá continuidad próximamente con otros expertos de este ámbito.

Alfaro fue elegido por unanimidad presidente de FAI en marzo de 2023 y ya aseguraba entonces que FAI seguiría trabajando para colaborar en la implantación de políticas encaminadas a encontrar “los necesarios equilibrios en los mercados de oferta y demanda, que consigan estabilizar los precios y favorecer así el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución”.

Desafortunadamente no veremos un cambio de tendencia en 2025. La oferta de alquiler de larga estancia seguirá disminuyendo y los precios, en consecuencia, seguirán al alza por la elevada presión de la demanda en las principales ciudades. La Ley de la Vivienda ha resultado ser inaplicable, ineficiente y contraproducente. Y no se esperan cambios legislativos que frenen la tendencia. El miedo por la inseguridad jurídica y la amenaza de regulación restrictiva harán que los arrendadores busquen otras alternativas diferentes al alquiler de vivienda habitual.

Los agentes inmobiliarios son una fuerza comercial de más de 100.000 personas muy bien vertebrados en todo el territorio nacional y que participan en 2 de cada 3 operaciones inmobiliarias. Su influencia es por tanto muy notoria, pero son habitualmente ninguneados por las administraciones públicas, cuando podrían ayudar mucho en la contención de precios y en el buen desarrollo de los alquileres.

Clarísimamente, el cambio de tendencia en el mercado del alquiler pasa por la generación de oferta, tanto en obra nueva, a medio y largo plazo, como en vivienda existente, a corto plazo. Las medidas que generarían oferta pasan por la seguridad jurídica a los arrendadores y todo tipo de acciones de ayuda económica y fiscal para los arrendadores que pongan viviendas en alquiler de larga estancia y las hagan más eficientes. Básicamente, lo contrario de lo que se está haciendo.

Se necesita un plan nacional coordinado entre los tres niveles de la administración pública, un plan de emergencia destinado a la generación de oferta, desde la seguridad jurídica y el incentivo a los arrendadores, con fórmulas imaginativas de colaboración público privada y puesta a disposición a corto plazo de suelo finalista, con cambios legislativos que reduzcan los procesos administrativos de gestión de suelo y favorezcan los cambios de uso.