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La junta de accionistas más difícil de Carlos Torres en el BBVA

El pago de algo más de seis millones de euros al comisario jubilado Villarejo y la sospecha sobre las prácticas de espionaje, bajo la lupa

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10/03/2019 a las 06:00
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Es más que probable que cuando el presidente del BBVA, Carlos Torres, tome la palabra el próximo viernes para dirigirse a la junta de accionistas -convocada para esa fecha en el Palacio Euskalduna de Bilbao-, su esfuerzo esté dirigido fundamentalmente a narrar las mejoras de la entidad a lo largo del pasado año. Un beneficio de 5.324 millones que creció el 51,3% en comparación con 2017 -aunque dopado en parte por la plusvalía extraordinaria de la venta de la filial chilena-; la impresión de que los problemas en Turquía están controlados y el avance en la penetración de los servicios digitales. Lo lógico, a priori, en la rendición de cuentas de un año que ha sido intenso.

Pero en esta ocasión, los accionistas esperan -tienen todo el derecho a ello porque son los dueños del banco- muchas explicaciones en torno al escándalo en el que se ha visto envuelta la entidad financiera, con un comisario jubilado de por medio.

Lo que se conoce hasta ahora no es mucho, pero resulta suficiente para poner los pelos de punta. La entidad financiera tuvo contratado al comisario José Manuel Villarejo desde 2004 a 2018 y, según los documentos que se han filtrado, este realizó trabajos de espionaje para la entidad. Entre ellos, un sinfín de escuchas telefónicas a miembros del Gobierno, altos cargos de instituciones como la CNMV y también a inversores que preparaban una operación de asalto al accionariado del banco.

Supuestamente, esta estructura de información privilegiada fue contratada por el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, que reportaba directamente al entonces presidente, Francisco González.

Silencio, se investiga El banco ha abierto una investigación interna y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón una pieza separada del sumario que afecta a Villarejo por múltiples tropelías y que le mantienen en prisión provisional. De la segunda nada se sabe porque está bajo secreto. De la primera, tampoco demasiado. Ha sido encargada a tres firmas externas -Garrigues, Uría y PwC-, que analizan toda la documentación y los correos electrónicos entre las personas que pudieron tener algún conocimiento sobre este asunto. Todo apunta a que, por el momento, este equipo no ha encontrado documento alguno que permita concluir que González encargó los trabajos de espionaje o, incluso, que supiese que se estaban realizando actividades claramente ilegales para obtener información en su propio beneficio. Pero la lista de incógnitas por responder es enorme. ¿Quién dio la instrucción de contratar a Villarejo? ¿Qué información podía valer tanto como seis millones de euros en catorce años? ¿Quiénes conocían la existencia de esos contratos y el contenido de los trabajos? Éstas son sólo algunas de esas preguntas sin respuesta. Y todo parece indicar que Torres no va a poder satisfacer el ansia de conocer que puedan tener los accionistas. La investigación interna no ha terminado y hasta que eso suceda -consumirá un periodo dilatado de tiempo, ha advertido el banco-, el presidente es como un muro de frontón. Impenetrable.

No hay que descartar que la junta se convierta también en la plasmación de un cierto ánimo de venganza, por duro que parezca, en relación a la etapa que Francisco González presidió el banco. Y no sólo porque supuso la salida de los consejeros que procedían del BBVA -fruto del expediente abierto por el Banco de España sobre los fondos no declarados en el balance y el uso de una parte de esos recursos para la constitución de fondos de pensiones en Estados Unidos-, sino también porque esa etapa ha supuesto el total alejamiento de los centros de decisión del País Vasco. Más allá de la burocrática sede social, BBVA no conserva en esta comunidad centro alguno de decisión corporativo.

La voz de los exempleados Hay asimismo un millar de exempleados del banco, agrupados en la asociación Uniter, que también han expresado su voz en las últimas juntas de accionistas para criticar la baja rentabilidad de las acciones y una deriva estratégica con la que no están del todo de acuerdo. Para desgracia de Torres, el comportamiento en Bolsa desde la junta de accionistas del pasado año no ha sido bueno y BBVA ha perdido desde entonces en torno al 20% de su valor. La asociación está compuesta sobre todo por exempleados del antiguo BBV -hay otra con mayoría de 'exargentarias'- y, según ha conocido este diario-, también intervendrán en la junta de este año. Además de reiterar las críticas a la gestión del banco, el consejo de administración estará en su punto de mira al entender que ha habido una clara falta de control.

Algo que, entienden, ha podido ser clave para propiciar que con el dinero de la entidad se financiasen actividades poco edificantes.

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