El mercado anticipa que los resultados anuales de las dos grandes entidades españolas volverán a mejorar por sexto año consecutivo.

Hasta septiembre de 2018, el beneficio del Santander creció un 13% y el de BBVA, un 25%. Los analistas valoran muy positivamente su diversificación geográfica. Han reducido el ladrillo tóxico. La morosidad de sus clientes baja... Pero esos logros han quedado ocultos bajo la sombra de los conflictos judiciales que, o están por llegar, o ya les han afectado. Ni BBVA ni Santander podían imaginar la tormenta que se les ha venido encima en cinco días, en un inicio de ejercicio más que convulso, por razones muy diferentes. En apenas dos semanas, sus presidentes tendrán que lidiar públicamente con esta realidad, cuando presenten sus cuentas anuales. Y no les va a suponer un buen trago.

Apenas siete días después de que se formalizara su salida como presidente de BBVA, Francisco González ha visto cómo se ha situado en la diana por una supuesta relación con el excomisario José Manuel Villarejo. La filtración de informaciones le vincula con una supuesta trama para evitar que otros empresarios -léase el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero-, apoyados en políticos de la época -el exministro socialista Miguel Sebastián-, se hicieran con el poder de la entidad hace 15 años. Lo habría hecho contratando los servicios de la empresa de seguridad Cenyt -relacionada con Villarejo- para espiarles junto a hombres de negocios, políticos y periodistas. El terremoto se ha apoderado del grupo en un conflicto en el que incluso ha intervenido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha mostrado "estupefacto" por el espionaje. Ha pedido una "reflexión pública sobre lo que esto supone" y quiere que haya "consecuencias".

La sucesión de acontecimientos ha llegado a tal punto, que el presidente de BBVA, Carlos Torres, enviaba esta semana una carta a la plantilla en la que confirmaba que el banco había contratado a Cenyt, aunque descartaba el espionaje. "No se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas", indicaba en esa misma misiva. Y añadía: "De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables". El banco, donde Francisco González sigue siendo el presidente de honor, se enfrenta a un reguero de demandas. Una de ellas llegará del propio Miguel Sebastián, quien tiene previsto ultimarla con sus abogados. "La guerra ha comenzado", ha avanzado quien fuera responsable del servicio de estudios en esa misma entidad hasta 2003.

Se uniría a la demanda que habría presentado Manos Limpias (organización acusada de tratar de extorsionar a la defensa de la Infanta Cristina y condenada en costas en este caso y en otros) contra el expresidente González por un posible delito de cohecho continuado y administración desleal. El hecho de que se sucedan más demandas por parte de clientes en esta línea es lo que más preocupa al BCE, consciente de los problemas de reputación que pueden rodear a la corporación.

La herencia del Popular Tampoco el Santander se ha librado de verse implicado en una causa judicial, esta vez, relacionada con la compra del Popular, en junio de 2017. El banco presidido por Ana Botín ha visto cómo la Audiencia Nacional le ha imputado en las actuaciones llevadas a cabo por las últimas cúpulas directivas que tuvo Popular antes de ser rescatado a mediados de 2017. El magistrado entiende que Santander debe asumir esta herencia, porque ya es la persona jurídica responsable en la causa por la que se investiga la ampliación de capital de Popular en 2016, en la que sus expresidentes, Angel Ron y Emilio Saracho, podrían haber incurrido en delitos de falsedad societaria y administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. El auto deja todo el peso de la responsabilidad penal que pueda derivarse de ese proceso judicial en las espaldas del Santander, porque por haber asumido "en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales" del Popular, "no se extingue la responsabilidad penal".

Pero en la entidad mantienen la calma. Contaban con esa imputación automática desde que registralmente desapareciera Popular en diciembre. Recurrirá la decisión basándose en casos como cuando de la imputación de la cúpula de Banco de Valencia, adquirido por CaixaBank, no se derivó responsabilidad penal para la absorbente. Esa será la batalla judicial que Santander tendrá que trabajar en un ejercicio en el que las cuestiones puramente financieras empiezan a quedar en segundo lugar.