El Gobierno de Navarra, condenado a pagar 18 millones por desprotección de la Policía Foral en las obras de Aroztegia

El Gobierno de Navarra deberá abonar a Hotel Palacio de Arozteguia S.L., la Junta de Compensación y Palacio de Arozteguia S.L un total 18 millones de euros, en concepto de indemnización por los perjuicios que, a decir de las promotoras y según recogen tres sentencias del TSJN, sufrieron por la paralización de la obra de un complejo de ocio y hotelero en Lekaroz sin la debida protección de la Policía Foral. El TSJN estima “que hubo una inactividad de la Policía Foral, que al no parar los sabotajes ha influido en la paralización del proyecto generando un daño por las obras ejecutadas y un lucro cesante”, según informó ayer el Gobierno foral. 

En la misma línea, y de acuerdo a las mismas fuentes, los demandantes consideran que las obras “se frustraron porque la Policía Foral no las protegió debidamente del movimiento de oposición que generó esta iniciativa”. 

La indemnización a abonar responde a la estimación parcial por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN de tres demandas, una por cada promotora. Los sucesos ocurrieron en abril de 2021 en medio de un clima de oposición por parte de un sector de la población contra un proyecto que contemplaba la construcción de un hotel, la urbanización de un campo de golf y un área residencial de 228 viviendas. 

En septiembre pasado, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona impuso multas de entre 5.850 y 9.450 euros a siete acusados por un delito continuado de coacciones por actos de protesta. Entre los condenados se encontraba la exalcaldesa, Garbiñe Elizegi (EH Bildu). No quedó probado, como pedía la acusación representada por las promotoras, su pertenencia a grupo criminal pero sí que impidiesen trabajar. “Se obligó a los operarios a que dejaran sus labores y que incluso se fueran del lugar”, como se expuso. Desde su inicio “y con claro ánimo de impedir el inicio de la obra y el avance de los diversos trabajos de desbroce forestal”, un número indeterminado de personas, entre los que se encontraban los encausados, fueron llevando a cabo “acciones de intimidación” contra los trabajadores.

 En este contexto y después de que fuese paralizado el movimiento de tierras de la fase inicial, las promotoras acudieron a la justicia para reclamar por indefensión de la Policía Foral “un importe de 26.244.496 euros”. 

Tras cotejar los argumentos de acusación y defensa, el TSJN reconoce en sus conclusiones “un derecho al cobro por indemnización por responsabilidad patrimonial del 75%, es decir, alrededor de 18 millones de euros”. El 25% restante correspondería a los propios demandantes “al no haber adoptado medidas para evitar los sabotajes”, de acuerdo al relato del Gobierno foral. 

AUDIENCIA NACIONAL

En su lectura de las resoluciones judiciales, el Ejecutivo navarro recuerda que las reclamaciones también fueron realizadas ante la Administración General del estado, “al entender que había habido inactividad” también por parte de la Guardia Civil. En un primer momento, las dos instituciones desestimaron las peticiones económicas formuladas por vía administrativa, “previos dictámenes del Consejo de Navarra y del Consejo del Estado”. Según apuntó Javier Remírez, la Audiencia Nacional ya dictó sentencia en contra de los intereses de las promotoras. 

Su fundamentación se basaba “en que la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado había sido conforme a los estándares normales y exigibles de la actuación, que la empresa responsable del proyecto no adoptó ninguna medida de protección pese a las indicaciones recibidas al respecto desde estas mismas Fuerzas de Seguridad y que las obras eran ilegales, al declararse de pleno derecho la adjudicación de las mismas, tanto en vía administrativa como en vía judicial”. 

El Gobierno foral expresa su sorpresa por la postura del TSJN “en contra de la tesis de las dos administraciones, de los dos órganos consultivos y de la Audiencia Nacional, que defendían que las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron correctas, así lo señala la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras eran ilegales”.

EL EJECUTIVO DICE QUE LAS OBRAS ERAN "NULAS DE PLENO DERECHO" 

El vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, dijo ayer que “respeta, pero no comparte el fallo no unánime y de las sentencias” y que, sin embargo, está de acuerdo “totalmente” con el criterio manifestado en el voto particular de una de las magistradas. 

"Si como señala la Audiencia Nacional –dijo–, las labores de vigilancia y actuación de la Guardia Civil fueron correctas, los daños no se pueden achacar a falta de vigilancia”. Fue tajante en una apreciación sobre los trabajos emprendidos en Lekaroz y que finalmente resultaron paralizados tras los sabotajes.

 En las últimas sentencias “se reconoce una indemnización por unas obras –dijo– realizadas ilegalmente, nulas de pleno derecho”. Al respecto, hizo suya la opinión esgrimida por la magistrada –“por primera vez en años existe un voto particular”, en el TSJN, apuntó Remírez–, para subrayar que “las obras se ejecutaron por la promotora del proyecto conociendo que eran ilegales, dado quela adjudicación había sido declarada nula de pleno derecho tanto en vía administrativa como en vía judicial., por haberse vulnerado los principios de transparencia e igualdad de trato”. Así las cosas, el vicepresidente precisó que “no se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, que objetivamente pervive a día de hoy, por lo que, no acreditado el daño, no se puede apreciar la responsabilidad patrimonial reclamada”. De hecho, “el proyecto se puede retomar cuando se quiera porque las licencias siguen vigentes”.