Los investigadores culpan a un "grupo organizado" del sabotaje de Aroztegia: "Los trabajadores sentían un miedo atroz"

Siete acusados por un delito de grupo criminal y coacciones continuas, entre ellas la exalcaldesa de Baztan por Bildu, Garbiñe Elizegi, se enfrentan a una petición de cerca de tres años de prisión amén de una indemnización conjunta de algo más de 41.000 euros a la empresa adjudicataria de la urbanización y a una subcontrata de trabajos forestales.

Los autores de los sabotajes y coacciones en la paralización en abril de 2021 del proyecto urbanístico de Aroztegia, en Lekaroz, formaban parte de “un grupo organizado”, según la opinión coincidente de los testigos que este lunes comparecieron en la primera de las cuatro jornadas del juicio iniciado en la Audiencia Provincial. “Cuando se llamaba a la policía, ellos (por los autores de los sabotajes), sabían por dónde iba a entrar”, apreció uno de ellos, en su declaración por vía telemática. La acusación particular pidió el viernes que la vista se celebrase a puerta cerrada. Su propuesta fue desestimada.

Por el relato de la fiscalía, ratificado en las declaraciones de los instructores policiales, promotor, empresas y trabajadores, las obras de urbanización del proyecto urbanístico del campo de golf, hotel de cuatro estrellas y construcción de 228 viviendas unifamiliares fueron paralizadas con una estrategia orquestada “con intimidaciones” hacia los trabajadores para que detuvieran la maquinaria. En los primeros días de las obras, las señales colocadas para indicar el área de la actuación “desaparecían por la noche siempre que se ponían de día”, señalaron los responsables de la investigación de la Guardia Civil. El número de concentrados en las protestas en el propio terreno fue “en aumento”, en paralelo “a la intensidad” de las acciones, de acuerdo a la fiscalía. Como describió en su momento, “los actos de mayor sabotaje sobre maquinaria se produjeron el fin de semana de los días 16 a 18 de abril, con pintado y fractura de lunas, daños en ruedas, inutilización de bombines, colocación de alambres de espino, anclado de piedras y pinchos en el terreno…”. Del mismo se sustrajo un dumper, “que apareció a un kilómetro de distancia”, ratificó un testigo. En un momento dado, según se reconoció en la vista oral , los autores de las protestas pegaron adhesivos con “la silueta de la muerte y un palo de golf”.

Una segunda coincidencia de los primeros testimonios fue el protagonismo que adquirió la exalcaldesa Elizegi en las acciones de oposición, que incluyó una acampada. “Cuando estaba -señalaron los dos agentes de la Guardia Civil-, era la que dirigía a las personas. A uno de los trabajadores le daba la impresión de que era la jefa”.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3, donde comenzó este lunes la vista oral por imputación de grupo criminal y delitos continuados de coacciones, aclaró en tres ocasiones a la defensa de que “no se juzga el proceso administrativo”. Con tal apunte trató de hacer ver que no era motivo del juicio el procedimiento seguido para la ejecución de la obra. Si lo dijo fue por las preguntas formuladas en torno al pleito de adjudicación de la urbanización, que fue anulado por sentencia, eso sí, después de que se hubiesen empezado las obras. En su turno de intervención, el promotor observó que el acuerdo de inicio de obra no fue impugnado “ni por el ayuntamiento ni por el Gobierno de Navarra”. Además, esgrimió, en una comparecencia parlamentaria, el consejero de Ordenación Territorial de 2021, José María Aierdi, dijo que no había ninguna irregularidad.

Los hechos denunciados por promotores y empresas de la fase de urbanización del proyecto de Aroztegia descubre distintas prácticas utilizadas por los saboteadores para paralizar la obra. Una de ellas, confirmadas por los investigadores policiales a preguntas de la fiscalía, fue la introducción de clavos en árboles que debían ser talados. “Metían clavos en los troncos para que se estropearan las motosierra”, señaló un trabajador. El peligro en ese momento para los operarios -tal y como relató- se encontraba en si “saltaba la cadena” de la herramienta.

Preguntado él como también los responsables de las empresas adjudicataria y subcontratada sobre otros posibles riesgos existentes con las acciones de protesta llevadas a cabo, no dudaron todos ellos en recordar cómo se “amenazaba” al maquinista de una retroexcavadora y se le instaba a detener el vehículo “porque la obra era ilegal”. “¿Se subían a la máquina? ¿Iban hasta la cabina? ¿Se colocaban debajo del radio de acción?”, preguntó la fiscalía. “Sí”, respondió uno de los operarios.

Los investigadores de la Guardia Civil señalaron que se “abalanzaban” sobre la propia máquina con el consecuente “peligro” para los propios protagonistas de las protesta como para los trabajadores. “La retroexcavadora -dijeron- tiene elementos móviles. Es un peligro acercarse. Si el operario no supiese controlar la máquina, ésta puede pasar por encima. Puede producirse un peligro para el operador o para la persona que se pone delante”.

Los trabajadores tenían “pánico, un miedo atroz. Temían por su vida”. La declaración correspondió a uno de los socios de las dos promotoras del proyecto urbanístico. Los representantes de las dos empresas adjudicataria y subcontratada incidieron en el mismo aspecto cuando fueron interpelados en su comparecencia por vía telemática. “¿Cómo vivían la situación los trabajadores?”, atendió uno de ellos por pregunta. “Con mucha tensión y amenazas”. Una de esas empresas apareció -como relató su representante- en unos panfletos atribuidos al grupo opositor al proyecto. “Los trabajadores estaban -dijo- muy asustados”.

“Mafiosos, perro falderos, cómplices” escucharon en alguna ocasión, por el relato volcado en la vista oral de ayer en la que su rostro quedó protegido.

En un caso particular, un empleado aseguró haber sido de una recriminación por parte de personas crítica con el proyecto al ser tildado de zelatari, que él mismo tradujo como “denunciante” o “chivato”. Según su relato, en cierta ocasión, fue reprobado por un grupo de personas mientras -indico- estaba en casa junto a sus hijas pequeñas y sus padres. La acusación particular recordó que esta misma persona fue censurada en una canción dirigida a su persona después de los sucesos del mes de abril de 2021.

Igualmente, por la descripción que realizó como testigo protegido, el perímetro de una propiedad que posee en la zona resultó dañado.