Piden 3 años de prisión para siete sospechosos de sabotear Aroztegia

Siete personas identificadas en las protestas de abril de 2021 que desembocaron en la paralización de la obra de Aroztegia, entre ellas la exalcaldesa de Baztan, Garbiñe Elizegi (Bildu), se enfrentan a una petición cursada por la fiscalía de tres años de prisión cada una de ellas y el pago de una indemnización por valor de 50.000 euros a dos empresas. El ministerio público les acusa de un delito de grupo criminal y siete delitos continuados de coacciones. Les inculpa de sabotear en abril de 2021 los trabajos de preparación de los terrenos de un proyecto de ocio en Lekaroz, diferenciado en un campo de golf, un hotel y un área residencial de más de 200 viviendas con el compromiso de inversión de empresarios vinculados al valle de Baztan por valor de 26 millones. Suspendida desde hace tres años la actuación, la promotora, la mercantil Palacio de Arozteguía S.L., requirió a los gobiernos central y foral una indemnización de 43 millones por no ver defendidos sus derechos de propiedad durante las protestas y por los perjuicios acarreados. La sociedad había alcanzado un acuerdo con un sello de la cadena Hilton para gestionar el hotel con su marca.

La fiscalía inicia su relato con la identificación de cinco de los siete sospechosos el 8 de abril de 2021. Según dice, “acudieron a la obra, destrozaron la señalización de la obra y las estacas de marcaje topográfico que arrancaron, accedieron de forma no autorizada a la misma, sustrajeron las llaves de una máquina dumper, y mientras estaban las excavadoras realizando el trabajo de movimiento de tierras, se colocaron en el espacio de acción de la máquina, se dirigieron intimidatorios hacia los operarios y les obligaron a parar las maquinas por la fuerza”. Los otros dos se unieron por la tarde -de acuerdo a la investigación llevada a cabo- en una segunda acción.

Al día siguiente, “personas desconocidas pertenecientes al mismo grupo” (…) “pincharon ruedas de los vehículos y les causaron daños en chapa y cristales con pintura negra; rodearon los vehículos con alambradas de púas y causaron daños en la pieza de una máquina”. Un operario, vecino de Lekaroz, fue “amendentrado e intimidado”.

En el marco de una acampada, “los actos de mayor sabotaje sobre maquinaria se produjeron el fin de semana de los días 16 a 18 de abril, con pintado y fractura de lunas, daños en ruedas, inutilización de bombines, colocación de alambres de espino, anclado de piedras y pinchos en el terreno…”. La descripción de los hechos que efectúa el ministerio público revela la sustracción de un vehículo dumper así como la intimación a los operarios un día en el que un grupo de personas “zaranderaron las máquinas y pegaron adhesivos en los vehículos con amenazas de muerte”. “Dichas personas pegaron pegatinas dirigidas a los operarios con la silueta de la muerte y un palo de golf”, añade. La fiscalía se hace igualmente eco de la aparición de “pintadas amenazantes”.

LA EXALCADESA

Considera que la que fuera alcaldesa del valle, “que lideró el conflicto socio político cuando estaba en el Ayuntamiento, pasó a liderar las protestas sociales, siendo la cabeza visible de las acciones violentas organizadas; daba órdenes e indicaciones; organizaba turnos y distribuía funciones; participaba activamente en las acciones de obstaculización de las obras, además de ser la interlocutora de los videos propagandísticos que sobre las movilizaciones se elaboraron y se publicaron en internet”.

Los hechos descritos “han causado un gran desasosiego, miedo, temor y preocupación a los operarios y trabajadores de la obra, ya que siempre se encontraban en inferioridad numérica; se han visto amenazados en su integridad física y su patrimonio”. Uno de los promotores fue igualmente amenazado, según la fiscalía.

El Ayuntamiento de Baztan muestra su solidaridad con los siete acusados por la fiscalía y solicita al Gobierno de Navarra la anulación del PSIS y la retirada de su declaración de proyecto de interés foral. Lo hace en una moción de EH Bildu que contó con el beneplácito de la propia formación y de su socio de gobierno, Zurekin Baztan. Geroa Bai votó en contra, y UPN y Baztango Independienteak se abstuvieron. La formación regionalista aclaró no estar dispuesta a colaborar en el destino de dinero público para sufragar la indemnización que solicita el ministerio público por los daños a las dos empresas de trabajo forestal y obra pública afectadas por el sabotaje. “El Tribunal de Contratos Públicos de Navarra -contiene la moción- anuló la adjudicación de estas obras de urbanización, por lo que nunca debieron iniciarse”.