Los tribunales paralizan la obra en Arakil del gasoducto de Lekunberri

Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 3 confirma la negativa del Ayuntamiento del Valle de Arakil en la concesión de la licencia de obras por silencio administrativo a la empresa encargada de soterrar por su término un gasoducto de suministro del polígono de Lekunberri. La desestimación de un recurso interpuesto por la compañía constata asimismo la petición del consistorio de paralizar el proceso administrativo de la actuación en tanto en cuanto no se resuelva un litigio de la propia administración y de su homóloga de Larraun, ambas presididas por EH Bildu, contra la ejecución del proyecto y su reconocimiento de utilidad pública por parte de la dirección del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas. En diciembre, un primer fallo judicial avaló este trámite y, por tanto, el desarrollo del proyecto.

Ahora bien, “la sentencia no es firma” y los dos ayuntamientos se proponen agotar la vía judicial, como confimó ayer la alcaldesa del valle de Arakil, Oihana Olaberria.

El gasoducto Arakil-Lekunberri, de 14,6 kilómetros, pretende asegurar el suministro de energía al polígono Albisualde, radicado en la última localidad y con perspectiva de crecimiento tal y como quedó puesto de manifiesto en verano a tenor de la demanda de suelo industrial.

La oposición de Arakil y Larraun se apoya en las afecciones que, a su entender, proporcionaría el trazado en terrenos de sus respectivos términos así como en la sierra de Aralar. De hecho, según la alcaldesa del primer valle, su rechazo no se centra en el suministro de gas a Lekunberri sino en la solución técnica ideada. Como alternativa defienden extender el conducto por la vía del Plazaola. Con anterioridad, recuerda la primera edil, la propia distribuidora propuso la misma idea “aprovechando el espacio del conducto que quedaba inutilizado con la obra de canalización del agua de Iribas a Sakana”.

RAZONES JUDICIALES

Entre los argumentos esgrimidos en la sentencia para dar validez a la versión del Ayuntamiento del Valle de Arakil en su negativa a la solicitud de certificado de silencio administrativo por parte de la distribuidora para obtener la concesión de la licencia de obras, los tribunales razonan que la distribuidora disponía de autorización de suelo no urbanizable, previo el permiso, pero cuando recurrió la decisión de la alcaldía “el procedimiento en cuestión ya estaba en suspenso”. De hecho, la paralización de la tramitación de la licencia de obras “se produce antes de que pueda operar silencio alguno”. Para cuando obtuvo los permisos previos, el procedimiento de la licencia municipal “ya estaba suspendido”. Asimismo, “el Ayuntamiento no acredita mala fe o perjuicio deliberado” para la empresa, tal y como aparece reflejado en la sentencia, ante la que se puede interponer recurso de apelación.