Guipúzcoa dejará de cobrar peajes a los camiones en la N-1
Su Diputación acatará las sentencias en contra cuando aparezcan en el boletín oficial pero anuncia una nueva norma
Actualizado el 16/06/2021 a las 06:00
La Diputación de Guipúzcoa varió ayer por completo su discurso de cobro de peajes a camiones que circulan por al N-1 y el tramo de la A-15 que desemboca en Irún con el anuncio de dejar de exigirlos cuando se publique en el boletín oficial de esta provincia una providencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dicta su anulación. “Cuando llegue ese momento, la Diputación Foral acatará y llevará a debido efecto, en sus propios términos y de modo inmediato, las resoluciones judiciales que se dicten, tal y como siempre ha hecho, con independencia de que le sean favorables o adversas”, señaló la portavoz foral, Eider Mendoza. Hasta en dos ocasiones, una de ellas en el Supremo, los tribunales invalidaron la norma foral que proporcionaba cobertura a la exigencia del canon al entender que resultaba discriminatoria con los transportistas de paso. Según dijo ayer Mendoza, tanto la Diputación como Bidegi no hacen otra cosa que “cumplir escrupulosamente” con la legalidad vigente, “ya que ésta establece que las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales el día en que sea publicado su fallo”, como informó la propia Diputación de Guipúzcoa.
Sea como fuere, el cambio de criterio dado confirma las razones aducidas por el sector del transporte que recurrió a la justicia al entender que el cobro de peaje dañaba gravemente sus intereses, en especial, a empresas y autónomos que atraviesan Guipúzcoa desde Etxegarate hasta alcanzar la frontera en Irún.
En su intervención de ayer, la portavoz de la Diputación guipuzcoana negó que hubiese intención de dar el visto bueno a un decreto foral para legitimar el cobro hasta la entrada en vigor de una tercera norma, que tiene previsto aprobar a final de este año.
La negativa del decreto foral, de aplicación transitoria, responde a un análisis “en profundidad” de los servicios jurídicos de la propia Diputación para respetar las directrices europeas que prohiben cualquier medida discriminatoria.
