El Tribunal de Cuentas niega la tesis de red societaria en el caso Ultzama

Una sentencia del Tribunal de Cuentas desmonta la hipótesis de la existencia de “entramado societario” en la administración de la desaparecida planta de biogás de Ultzama, obtejo de fiscalización y condena de una comisión parlamentaria, que mantuvo el Ejecutivo navarro como argumento de su denuncia contra las sociedades adjudicatarias Bioenergía Ultzama y Levenger y sus gestores, dos de ellos exconcejales de la Agrupación Ultzama.

La última sentencia sobre el caso, emitida en marzo desde el órgano fiscalizador de Madrid, sostiene que no hay pruebas de que “las sociedades mercantiles” -Bioenergía Ultzama y Levenger- pudieran ser consideradas un “entramado societario”. Con todo, para que se produjese tal circunstancia bajo la fórmula jurídica del “levantamiento del velo”, que protege a sus impulsores de responsabilidades ante perjuicios económicos, “no basta con la mera existencia de un grupo de sociedades. Es precisa la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen convertir en deudoras de sus créditos contracturales a terceras personas”.

Los detalles del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas se producen a los dos años de que el Gobierno foral interpusiese una última demanda contra el que fuera presidente del Consejo de Administración de Bioenergía Ultzama. Con anterioridad, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona, (febrero de 2018) y la Audiencia Provincial (mayo de 2018) rechazaron una primera querella, presentada por el Gobierno a partir de un informe firmado por los consejeros Manu Ayerdi e Isabel Elizalde. En su elaboración, recogieron las conclusiones de una auditoría de la Cámara de Comptos de abril de 2017, remitida a la fiscalía. En ella se advertía de “doble facturación” por valor de 1,14 millones para obtener subvenciones y “sobrefinanciación” del proyecto: 3,28 millones de los 4,56 de su coste fueron fondos públicos.

“No hay falsedad documental, ni fraude ni estafa ni malversación de fondos”, fue la respuesta del Juzgado, ratificada por la Audiencia Provincial. La planta de biogás funcionó 3 años y 7 meses. Su presupuesto final, según Comptos, fue de 5,2 millones.

RESPONSABILIDAD PRESCRITA

El proyecto se nutrió de dos vías de subvención: 1.556.291 euros, concedidos al Ayuntamiento (regido entonces porla Agrupación Ultzama), por Desarrollo Rural; y 906.008 euros, que otorgó Industria a la sociedad sociedad Bionergía Ultzama. Las primeras ayudas fueron concedidas por Desarrollo Rural y luego por Industria, como aseguró el entonces vicepresidente Manu Ayerdi.

Con este orden asegurado, la Cámara de Comptos emitió su informe el 27 de abril de 2017, “con posterioridad a que se hubiese completado el plazo de cinco años de la concesión por parte del entonces departamento foral de Innovación, Empresa y Empleo a Bioenergía Ultzama “ de la segunda subvención.

Contra lo que pretendía el Ejecutivo foral en la presentación de la última querella, la fiscalización de Comptos -entiende el Tribunal de Cuentas- “no puede tener eficacia interruptiva de la prescripción de las responsabilidades contables que se reclaman”.

La sentencia sostiene también que “la perceptora de la subvención fue la mercantil Bioenergía Ultzama y solamante podría ser responsable contable de los daños ocasionados a los fondos públicos “ y en ningún caso su antiguo gestor.

“No se alega en la demanda, ni se justifica-entiende el Tribunal de Cuentas- la concurrencia en el caso de ninguna circunstancia excepcional que ponga de manifiesto que por parte del demandado se haya pretendido abusar de la personalidad jurídica societaria para causar perjuicio a los intereses de la Comunidad foral de Navarra”.

Así las cosas, el recorrido legal del Ejecutivo navarro concluye aquí ante lo que entendía que era un perjuicio para sus arcas equivalente al 30% de los 1,14 millones de la supuesta “doble facturación” que negó después el Juzgado y la Audiencia Pronvicial.

En este contexto, el Parlamento creó una comisión de investigación, que concluyó con la reprobación del Ayuntamiento de la Agrupación Ultzama y de los gestores de la planta.

Los litigios del proyecto continúan pero con el Ayuntamiento de Ultzama, regido desde la anterior legislatura por EH Bildu, en un lado, y el administrador del concurso de acreedores, en el otro, por diferencias en el valor de las instalaciones. Además tanto Sodena como dos entidades de ahorro tratan de recuperar 1,8 millones, avalados en su día por Nafinco. La nueva vía judicial se produce por la declaración de cierre de la planta, adoptado en la anterior legislatura.