El juzgado no aprecia delito en la gestión de la planta de Ultzama

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona desestimó en días pasados la querella anunciada por el Gobierno foral el 6 de septiembre e interpuesta tres meses después contra los gestores de la planta de biogás de Ultzama. El pronunciamiento judicial exime de responsabilidad penal por los delitos de “malversación, estafa, falsedad documental y fraude de subvenciones” a las adjudicatarias de la administración -Levenger y Bioenergía Ultzama-, su presidente, el checo Jiri Bezdicek Vondrackova y los ex concejales por la Agrupación Ultzama Francisco Iribarren Altuna y Francisco Javier Tornaría Iguelz.

El auto judicial, susceptible de recurso de reforma y de recurso de apelación, sucede a la petición de archivo por parte de la Fiscalía y a un decreto del propio Ministerio Público emitido en julio del año pasado sin apreciación de ningún tipo de delito. En este último caso, el dictamen aclaró las dudas por posibles irregularidades puestas de manifiesto en un auditoría por la Cámara de Comptos. La planta de biogás de Iraizotz se inauguró a finales de 2010 con una inversión que Comptos cifró en 5,7 millones y que el Administrador Concursal rebajó a 5,2. El Gobierno foral concedió 2,4 millones de subvenciones. La instalación quedó inactiva a los cinco años de su inauguración. En la comisión de investigación creada en el Parlamento, técnicos que se sucedieron al frente de la gestión tras la quiebra de Bioenergía Ultzama cuestionaron su eficacia en la administración e insinuaron a circunstancia la razón del estado de abandono de las instalaciones.

El 4 de septiembre los consejeros de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, Manu Ayerdi e Isabel Elizalde, respectivamente, elevaron un informe al Gobierno para encargar a sus servicios jurídicos el inicio de acciones legales contra Levenger y su sucesora en la gestión, Bioenergía Ultzama. Tal encargo se materializó en una denuncia el 18 de diciembre ampliada a Jiri Bezdicek Vondrackova, Francisco Iribarren Altuna y Francisco Javier Tornaría Iguelz.

Según explicó Manu Ayerdi, la querella se presentó por el procedimiento de doble facturación utilizada para el cobro de una mayor subvención. De acuerdo a sus cálculos, “el perjuicio económico para las arcas públicas podía ser de 341.000 euros más intereses y cargos correspondientes”. La cuantía representaba el 30% de los 1.138.837,78 euros que Bioenergía Ultzama , en calidad de concesionaria definitiva, habría indicado por encima del proyecto en la justificación de las facturas para el acceso a las ayudas. Como explicó Ayerdi , la planta -sin las balsas y otros elementos complementarios- había sido presupuestada en su origen en 3.027.330 euros. “Por el mismo concepto” -de acuerdo a sus explicaciones- Bioenergía presentó facturas por valor del presupuesto, es decir, 3.027.330 euros, al departamento de Desarrollo Económico; y el Ayuntamiento hizo lo propio con el de Desarrollo Rural, por 1.138.837. “Ha habido una doble subvención”, concluyó.

"NO HAY MALA FE DEL EJECUTIVO"

“El hecho de que la querella sea genérica y no concrete con exacta definición las actuaciones concretas imputadas a cada uno de los querellados no implica” que la actuación del Gobierno foral, a la hora de presentar la denuncia, “haya sido maliciosa, temeraria o absolutamente justificada en el ejercicio de la acción penal”.

Tampoco se puede llegar a pensar -continúa el razonamiento del juzgado- “que se haya interpuesto la querella a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa”.

1. No hay falsedad. El auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona no aprecia falsedad documental: “Las facturas aluden o reflejan unos trabajos que realmente fueron realizados y, por tanto, plasman un negocio jurídico o una relación jurídica que no es ficticia, sino real, y a unos importes que se corresponden con el precio de los trabajos llevados a cabo”.
   

   Los departamentos forales de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural emitieron sendos informes en mayo y junio del año pasado “donde expresamente se señalaba que no constaba que la documentación ‘incorpore algún tipo de falsedad documental’”.
   

   Hay además otra razón de peso que exime de responsabilidad de delito de falsedad documental a los querellados: el caso habría prescrito. El Gobierno foral esgrimió el procedimiento seguido ante la Cámara de Comptos desde 2014 para opinar lo contrario.

2. No hay fraude. Las subvenciones de Desarrollo Rural al Ayuntamiento y de Desarrollo Económico a Bioenergía Ultzama fueron concedidas en 2008 y 2009. “No ha concurrido ninguna circunstancia por la que pudiera considerarse interrumpido el plazo de prescripción”, concluye el juzgado.
3. No hay estafa. El Gobierno de Navarra no indica en su querella “de qué manera se provocó error, cuál fue el engaño o cómo maquinaron los querellados para conseguir viciar la voluntad del querellante”.
   

   De la lectura de la denuncia, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 concluye que el Ejecutivo navarro “centra ‘la estafa’ realmente en el fraude de las subvenciones, lo que constituye un delito independiente” analizado en el punto anterior.

4. No hay malversación. De haberse producido malversación de fondos públicos, los únicos investigados entre los querellados serían Francisco Javier Tornaría y Francisco Javier, como antiguos concejales. No hay datos para considerar que ambos “tuvieran a su cargo los caudales públicos”, detalla el auto emitido por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona.