Quejas en Santesteban por el destino de zonas verdes para aparcamiento

Una veintena de propietarios de parcelas verdes y huertas y actividades, afectadas por la reforma del Casco Histórico de Santesteban, censuran las intenciones municipales de reconvertir sus franjas de terreno en áreas de aparcamiento. Las previsiones aparecen reflejadas, según dicen, dentro del denominado Plan Especial de Actuación Urbana del Casco Histórico (Peau), que contempla la peatonalización del conjunto y la reserva de “150 plazas” de estacionamiento. De acuerdo a la información recabada por los afectados, que se han constituido en plataforma y contratado los servicios de un abogado en la defensa de sus intereses, los espacios ajardinados y cultivados desaparecerán con la ejecución del proyecto. “La protección del Casco Histórico y su consideración de BIC (Bien de Interés Cultural) no lo es únicamente por algunos edificios de indudable valor histórico-artístico, sino por la trama misma y la concurrencia de esas zonas privadas de jardín o huerta perfectamente conservadas que dota de una indudamente personalidad e idiosincrasia al Casco y lo diferencia de otros”, exponen en un comunicado. El conjunto urbano está protegido desde principio de los años 80. En la defensa de la conservación de sus propiedades aducen uno de los resultados que arrojan las encuestas realizadas por el Ayuntamiento: Más del 80% de los sondeados entiende que aparcar en el Casco Histórico “no es prioritario”. “El 72% considera más adecuado aparcar fuera” del mismo, como señalan. Participación Ciudadana Los titulares de terrenos y actividades en el Casco Histórico aseguran no haber sido “llamados, convocados ni notificados personalmente del inicio y la tramitación del Plan de Participación Ciudadana”, que el impulsó el Ayuntamiento, regido por EH Bildu, como sondeo vecinal en una fase previa a la aprobación del plan especial del Casco Histórico. “Esto -dicen los afectados- nos ha privado de la asistencia a la única sesión explicativa celebrada por el Ayuntamiento, pese a considerarse la actuación como estratégica y primordial para los intereses generales de la localidad”. Su opinión es que el consistorio “no se cree y no ha querido en modo alguno celebrar un verdadero Plan de Participación Ciudadana o, al menos, que en dicho plan no ha tenido el más mínimo en escuchar y posibilitar la participación real y efectiva de los más afectados por la iniciativa municipal para reordenar el Casco Histórico, que son los propietarios de los terrenos y de actividades económicas en dicho ámbito”. En tal consideración, la plataforma vecinal creada apunta a que “de los encuestados más del 50% no residía en el Casco Histórico y más del 70% no realizaba actividades profesionales en el Casco Histórico”. En otro orden de cosas, critica la negativa de la corporación municipal de incluir sus alegaciones, que, como precisa, formuló “dentro del plazo habilitado al efecto”. “Las presentamos el viernes 27 de octubre, y el 30 de octubre, sin mencionar siquiera dichas alegaciones no presentar un documento de conclusiones valoradas del Plan de Participación como es preceptivo, se pasó directamente a la aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana”. Dado el estrecho margen de tiempo transcurrido desde su trámite hasta el acuerdo plenario -tres días- el documento urbanístico “necesariamente tenía que estar preparado antes de finalizar el Plan de Participación Ciudadana, pues de lo contrario es materialmente imposible que la fase de alegaciones finalizase el día 27 (viernes) y el Peau pudiera ser aprobado inicialmente el día 30 (lunes por la mañana)”. La única explicación que encuentran es el temor de los regidores de perder una subvención del Gobierno foral. “Es evidente -añade la plataforma vecinal- que hay un conflicto de intereses que en la práctica, y como suele ser habitual, se rompe por el lado del más débil, que es el que representa el derecho de los propietarios y profesionales que tienen su actividad en el Casco Histórico a ser informados, primero, escuchados, después, y valoradas sus consideraciones, aunque finalmente el Ayuntamiento no las comparta o tenga un modelo de ordenación distinto al de aquéllos. Nada de esto se ha producido de momento”. En esta tesitura, los integrantes de la plataforma confían “que el Ayuntamiento anteponga el derecho a participar de los propietarios y principales afectados por el Peau a un interés meramente economico por conservar una subvención que, por otro lado, no correría el riesgo de perderse si desde 2015, fecha en que se firmó el convenio con el Gobierno de Navarra, se hubiera actuado desde el Ayuntamiento con más diligencia”.

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Los afectados critican al Ayuntamiento por obviar sus alegaciones y negar “un verdadero” sondeo

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