La empresa pública Nilsa (Navarra de Infraestructuras Locales SA) no tira la toalla en su intención de ampliar la planta de tratamiento de fangos en la depuradora de aguas residuales de Tudela. Un proyecto para la transformación de estos lodos en biogás, actualmente paralizado, que el pasado mes de julio recibió un importante revés tras hacerse público un informe del Gobierno de Navarra en el que se concluía que la Dirección General de Medio Ambiente debía poner fin a la tramitación del proyecto porque, según un informe aportado por el Ayuntamiento de Tudela, incumple la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Ante esta situación, Nilsa ha decidido recurrir ante el departamento de Medio Ambiente el archivo del proyecto. Así lo confirmó este martes el director gerente de Nilsa, Fernando Mendoza, quien prefirió no precisar los argumentos en los que se basa el citado recurso, “ya que se encuentra en trámite y preferimos ser discretos en este momento”.

Según indicaron este martes desde el departamento de Medio Ambiente, el plazo máximo para resolver el recurso es de tres meses.

LAS CLAVES DE LA NEGATIVA

El informe recurrido ahora por Nilsa fue elaborado por la propia secretaría general técnica del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Para su redacción, la secretaría se basó en los informes técnicos del propio Ayuntamiento de Tudela, que calificaron el proyecto como “urbanísticamente incompatible” con las condiciones marcadas para el suelo no urbanizable de protección afectado por el proyecto de planta de fangos.

La clave está en que, según el PGOU de Tudela, la zona donde Nilsa quiere ejecutar el proyecto, a orillas del río Ebro -junto a la depuradora de aguas residuales-, está calificada como de “alta productividad agrícola”, donde solo se permiten usos distintos a la agricultura en un máximo del 3% de la superficie total, un porcentaje superado ampliamente por el proyecto planteado.

En concreto, y como se recoge en el informe de los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela, el proyecto de Nilsa “implica una transformación del destino o naturaleza del suelo protegido incompatible con los valores que motivan su preservación”.

LA POSTURA DE NILSA

El responsable de Nilsa, Fernando Mendoza, defendió este martes que el proyecto presentado “es técnicamente impecable, cumple con la legalidad, es necesario, y aporta beneficios para el medio ambiente y el sector agrícola de la Ribera”.

Según apuntó Mendoza, cuando en julio se conoció el informe en contra, “este proyecto sigue la estela del caso de éxito que ha supuesto un proyecto idéntico en los últimos 20 años en la comarca de Pamplona, donde se trata el 60% de los fangos de Navarra”.

Fernando Mendoza añadió que la de Tudela trata actualmente el 26% de los lodos de Navarra (16% de Tudela y el 10% de Cintruénigo, Corella, Fitero, Monteagudo, y Cortes), y que con la ampliación pasaría a tratar “únicamente un 14% más de lo que ya está gestionando”.

Por otro lado, y en cuanto a la financiación de la obra, si finalmente no se lleva a cabo el proyecto correría riesgo una subvención de fondos europeos otorgada para esta planta en concreto que asciende a 1.756.785 euros sobre un presupuesto total de algo más de 19 millones.

Además del recurso presentado contra la resolución del archivo de la planta de fangos de Tudela emitido por el Gobierno foral, Nilsa también se encuentra a la espera de la decisión que pueda tomar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) con respecto al archivo de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de este proyecto.

Un archivo que, como se recordará, llevó a cabo el propio departamento de Medio Ambiente atendiendo al recurso que había presentado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Concretamente, el citado recurso puso el foco en la desestimación, por silencio administrativo, del requerimiento que la CHE realizó al Ejecutivo foral contra la resolución de la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, por la cual se concedió a Nilsa la AAI. Ese requerimiento fue presentado por la CHE al Gobierno de Navarra alegando que “en la resolución no deberían queda incluidas las condiciones establecidas para el vertido depurado de la depuradora evacuado al río Ebro, ya que esa competencia es de la CHE”.