Diario de Navarra

Un informe de la propia secretaría general técnica del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra concluye que la Dirección General de Medio Ambiente debe poner fin a la tramitación del proyecto de la planta de fangos de Tudela porque incumple la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de la capital ribera. Para ello, se basa en los informes técnicos del propio consistorio, que califican el proyecto de “urbanísticamente incompatible” con las condiciones marcadas para el suelo no urbanizable de protección afectado por esta instalación. La clave está en que, según el PGOU, la zona donde se quiere ejecutar el proyecto, a orillas del Ebro, está calificada como de “alta productividad agrícola”, donde sólo se permiten usos distintos a la agricultura en un máximo del 3% de la superficie total, un porcentaje superado ampliamente por el proyecto planteado. “Implica una transformación del destino o naturaleza del suelo protegido incompatible con los valores que motivan su preservación”, señala el informe de los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento. El informe del Gobierno foral, firmado el 24 de junio pero que no se conoció hasta este miércoles 22 de julio, hace un repaso a todo el proceso llevado a cabo para impulsar este proyecto y que comenzó en septiembre de 2023 con la solicitud por parte de Nilsa de la modificación de la Autorización Ambiental Unificada de su depuradora de Tudela para llevar a cabo una planta centralizada de fangos. Sin embargo, el Servicio de Economía Circular de Medio Ambiente puntualizó que se tenía que llevar a cabo a través de una Autorización Ambiental Integrada, ya que la carga máxima de la instalación y las cantidades de fango a tratar superan el umbral establecido por la ley. Finalmente, el 5 de noviembre la directora general de Medio Ambiente concedió la autorización a Nilsa para llevar adelante el proyecto, algo que generó un duro enfrentamiento entre el Gobierno foral y el Ayuntamiento, ya que quedó fuera de la moratoria que se aprobó apenas una semana antes, el 30 de octubre, en el Parlamento foral, por la que varios de estas iniciativas previstas en Navarra quedaban paralizadas. BATALLA POLÍTICA A partir de ahí, comenzó una ‘batalla’ que ha llegado también a los tribunales, aunque queda por dilucidarse, y la presentación de distintos requerimientos y recursos no sólo del Ayuntamiento, sino también de la Confederación Hidrográfica del Ebro y las entidades ecologistas Sustrai Erakuntza y Ecologistas en Acción, que también se oponen. Sobre el tema de la incompatibilidad urbanística, llama la atención que en noviembre de 2023 el Ayuntamiento emitió dos informes que no veían inconveniente en la instalación de esta planta de fangos. Pero todo cambió cuando Nilsa presentó el proyecto definitivo y el alcalde, Alejandro Toquero, aseguró que les habían engañado porque nadie les había dicho que se iba a tratar el 40% de los lodos de Navarra, un engaño que negó reiteradamente la empresa pública. El alcalde emitió una primera resolución alegando, precisamente, que el proyecto incumplía la normativa urbanística por superar “amplísimamente” el 3% permitido a otros usos en suelos de alta productividad agrícola. INFORMES DIVERGENTES A esta resolución le sucedieron varios informes más oponiéndose al proyecto y, ante la divergencia de las conclusiones de los mismos, Medio Ambiente reclamó al Ayuntamiento que aclarara “la fundamentación urbanística por la que se han emitido cuatro informes de compatibilidad urbanística con sentidos divergentes sobre un mismo proyecto, siendo firmados por un mismo técnico municipal y respondiendo a un mismo planeamiento municipal”. Finalmente, en mayo se remitió ese informe que insiste en la incompatibilidad urbanística del proyecto y aclara que se centra en la fase 2 -la 1 ya está ejecutada-, la de tratamiento de lodos de otras zonas de Navarra para convertirlo en biogás. Ante esto, el informe foral, en sus conclusiones, señala que cuando se decidió cambiar su tramitación a autorización ambiental integrada, la unificada ya estaba en su última fase; y que la concesión de la autorización se debe retrotraer a la evaluación ambiental del proyecto. Y a lo anterior añade otra conclusión en la que deja claro que la dirección general de Medio Ambiente debe dictar resolución motivada “poniendo fin al procedimiento atendiendo a los distintos informes presentados por el Ayuntamiento de Tudela y que deben clasificarse como informes urbanísticos negativos”. Toquero: "Es un varapalo letal de sus propios servicios jurídicos" El Ayuntamiento de Tudela, a través de su alcalde, Alejandro Toquero, recalcó, tras conocer el informe, que el proyecto “es incompatible” con el planeamiento urbanístico vigente en la ciudad y que insta a Medio Ambiente “a poner fin al procedimiento. Y, a partir de ahí, el alcalde cargó con dureza contra el proyecto de Nilsa y del Gobierno de Navarra de la planta de fangos en Tudela. “Ha entrado definitivamente en vía muerta tras este varapalo letal por parte de sus propios servicios jurídicos que hemos conocidos hace sólo unas horas -por ayer-, a pesar de que se firmó hace casi un mes”, aseveró. “Llama la atención tanta demora en la notificación teniendo en cuenta las prisas que se dio Ana Bretaña -directora general de Medio Ambiente- para tramitar por procedimiento exprés, en apenas una semana, la Autorización Ambiental Integrada, que resultó ser un fiasco, sólo para que Tudela se quedara fuera de la moratoria establecida para las plantas de biogás”, añadió Toquero. Y cargó con dureza contra el Gobierno de Navarra asegurando que “está próximo el momento de exigir responsabilidades políticas al más alto nivel, aunque lo que ahora toca es que el Gobierno de María Chivite ponga punto final a esta huida hacia adelante y acepte de una vez por todas que el disparatado proyecto de Nilsa ha entrado en un callejón sin salida”.

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Un informe del Gobierno dice que la planta de fangos de Tudela no cumple la normativa

Pide a la dirección general de Medio Ambiente que ponga fin al proceso ante informes municipales que señalan “incompatibilidad urbanística”

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