Amaya Pérez Zardoya, directora gerente de Tudela-Cultura desde mayo de 2020 y a la que a el pasado mes de mayo decidió cesar el equipo de Gobierno de UPN por “pérdida de confianza en su gestión”, denunció este miércoles haber sufrido, desde su llegada al cargo, “una situación continuada de absoluto hostigamiento y acoso laboral” con la “firme intención” de que abandonase su puesto. Indicó que, “tras caer enferma por todo el acoso vivido”, y estando “en situación de incapacidad laboral”, se ha comunicado su despido, por lo que, como apuntó, se ha visto “en la obligación de formular demanda de despido y reclamación de indemnización por discriminación”, reservándose el derecho a reclamar “el correspondiente por el acoso sufrido”. Todo ello, “más allá de que el daño está hecho y las consecuencias las sufre una mujer, madre y trabajadora”, expuso.

SEÑALAMIENTO "CONSTANTE"

Según dijo, esta situación comenzó al inicio de la legislatura pasada “y ha durado hasta el día de hoy”, constituyéndose “como cabeza de turco para la crítica de la gestión municipal por parte de la oposición y sindicatos con noticias sin fundamento ni dados objetivos”. Añadió que se llegó, incluso, “por primera vez en la historia del Ayuntamiento, a mencionarse en plenos y comisiones” su nombre y apellidos “con el único ánimo” de menoscabar su integridad.

En este sentido, dijo que “aquellos que sistemáticamente se erigen como defensores de las mujeres y los trabajadores, en este caso han cambiado sus papeles y han generado una situación de señalamiento y crítica constante” hacia la gerente de Tudela-Cultura, “ocasionando daños y perjuicios en concepto de lesiones padecidas como consecuencia del acoso laboral” al que, según indicó, se le ha sometido.

“Así se han posicionado los sindicatos estableciendo trabajadores de primera y de segunda”, añadió, explicando que llegaron a interponer recurso de alzada ante el Tribunal Laboral de Navarra “cuestionando” los méritos curriculares de Pérez, licenciada en Bellas Artes con especialidad en conservación y restauración de patrimonio artístico, Máster en gestión de Patrimonio Cultural y Máster en autentificación y expertización de obras de arte, y que fue once años directora gerente en una empresa de restauración del patrimonio cultural. Según dijo, la sentencia del Tribunal Laboral de Navarra avaló a Pérez desestimando la demanda interpuesta por los sindicatos “en resolución que ha devenido firme”.

Por otra parte, señaló que “se ha cuestionado la capacidad de potenciar la cultura sin dar ningún dato, por la sencilla razón de que los datos no interesan, ya que la información objetiva, y pública para cualquier ciudadano que quiera consultar, determina la falsedad de las acusaciones que se vierten, ya que la actividad cultural ha sido sustancialmente superior” a la existente antes de que estuviera en el cargo.

Consideró que “tal ha sido el nivel de crítica infundada, que se ha llegado a decir, sin prueba alguna una vez más” que ella está en contra del euskera, cuando, según comentó, sus “descendientes” cursan estudios de euskera en sus centros escolares. Añadió que, con independencia “de lo inveraz e infundado de la acusación, es evidente que las decisiones no son competencia de una trabajadora”, sino del jefe del ayuntamiento en cada legislatura -el alcalde, Alejandro Toquero- y el correspondiente concejal de cultura -Merche Añón de 2020 a 2023-. Comentó que gran parte del trabajo técnico de una directora gerente “es proponer iniciativas de mejora y nuevas propuestas técnicas para Tudela” y que “quienes deciden” sobre las mismas “son la concejal y el alcalde, en última instancia”. “Otra falsedad más con el único ánimo de menoscabar mi integridad para obtener réditos políticos”, dijo.

Como se recordará, la actual edil de Cultura, Icíar Les, afirmó el 29 de mayo que se había decidido cesar a Pérez y se le había enviado la carta de preaviso para el citado cese que, según añadió, se haría efectivo en junio. Un cese que había sido anunciado unas horas antes por el grupo municipal de Contigo Tudela quien afirmó que, con esta medida, Alejandro Toquero “sucumbe cuatro años después y da la razón a la oposición y los sindicatos”.