El Gobierno de Navarra trabaja para prorrogar el régimen de protección oficial, que vence el próximo 1 de enero, de las 38 viviendas de Castejón propiedad de una promotora privada, y evitar así la ejecución del vencimiento del contrato de las familias que viven de alquiler en ellas.

Así lo han indicado fuentes del departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, que ante la carta enviada por COGREMASA a los inquilinos en la que les anuncia el próximo vencimiento de su contrato, "trabaja para intentar resolver la situación".

Los responsables del departamento ya han contactado con los propietarios del inmueble, que COGREMASA ha vendido a una empresa vinculada a un fondo de inversión estadounidense, y se está en vías de negociar un compromiso, en el que el Gobierno ofrecería "la garantía de la subvención para mantener los alquileres con una fórmula estable".

Consideran las mismas fuentes "muy improbable que se ejecute esta resolución de manera inmediata o que haya un desalojo" instado de forma urgente por la promotora, aunque el director general del departamento, Eneko Larrarte, desde hace dos meses realiza gestiones con el alcalde de Castejón, con las propias familias y con la empresa propietaria para "buscar una solución estable".

Esta sería la de prorrogar el régimen de protección oficial de estas viviendas, incluso de forma indefinida si es posible, lo que posibilitaría que sus inquilinos continúen viviendo allí "con garantía de estabilidad y percibiendo la subvención del Gobierno como hasta ahora".

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