Biometano Sesma, la empresa promotora de una planta de biometano en término municipal de Sesma, ha anunciado que llevará a los tribunales la actuación de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno foral al considerar que existen, según subrayan en una nota de prensa, “indicios muy graves de arbitrariedad, desviación de poder y posible prevaricación administrativa”. 

La empresa denuncia una “sucesión de actuaciones administrativas que presentan claros indicios de que la consejería habría utilizado de forma ilegal y arbitraria sus potestades para impedir el desarrollo del proyecto y conseguir su paralización mediante su inclusión forzada en una moratoria de la que había quedado excluido”.

El Gobierno de Navarra, recuerdan, el proyecto de interés foral el 26 de junio de 2024 lo que obligaba, insisten, a darle una tramitación preferente y urgente. “El proyecto cumplió rigurosamente la tramitación y los criterios fijados por Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Lodosa no presentó alegaciones en la información pública. Tras completar la tramitación, la consejería otorgó la Autorización Ambiental Integrada al proyecto mediante resolución del 29 de octubre de 2025 y notificada al promotor el día 30”, relatan.

Sin embargo, la empresa apunta varios hechos que, a su entender, irían orientados a incluir el proyecto en la moratoria. Se refirieren, entre otras cosas, al retraso de cuatro meses y medio en firmar una resolución definitiva favorable. “Durante este periodo se impulsó una moratoria cuya propuesta incluía el proyecto de Sesma. Pero la iniciativa no prosperó en esos términos y las enmiendas parlamentarias lo dejaron finalmente fuera de la moratoria”, exponen.

Posteriormente, prosiguen, en abril de 2026 se anuló la autorización del proyecto por parte de la consejería. “Al resolver los recursos administrativos interpuestos contra la Autorización, desestimó los motivos de impugnación planteados por los recurrentes, pero terminó anulándola utilizando una cuestión que ninguno de ellos había planteado”, explica la empresa que señala que no recurrió la anulación porque en una reunión el propio consejero les aseguró que se trataba de un efecto subsanable y que, una vez corregido, se emitiría de nuevo la autorización. Un hecho éste que, dicen, no llegó.

Se impulsó entonces, prosiguen, una nueva proposición de ley que somete a moratoria los proyectos en tramitación que no hubieran obtenido la autorización para el 15 de julio. “Actualmente, el proyecto de Sesma es el único al que puede aplicarse esa condición: la previsión tiene, por tanto, un único destinatario real y un efecto concreto, paralizar el proyecto incluyéndolo en la moratoria”, denuncian y advierten que la Administración de Navarra se enfrenta a una reclamación de responsabilidad patrimonial de entre los 5 y 7 millones. El proyecto no cuenta con el respaldo vecinal que se unió en torno a una plataforma para, en diferentes movilizaciones, mostrar su rechazo.