Diario de Navarra

Continúa hablándose de Tierra en el Parlamento de Navarra, que abordó este viernes la sexta sesión de la ponencia que analiza su desarrollo socioeconómico . El foro en el que se ha escuchado hasta la fecha a sus empresarios, sindicatos y comerciantes junto a otros agentes, además de los directores generales del Gobierno de Navarra, contó esta vez con los profesionales de los servicios sociales. Tanto de la red foral como de la municipal. Y entre muchos otros temas, se abordó el de la vivienda como un factor determinante y alarmantemente escaso en la radiografía social ofrecida. Llamó la atención un dato. El de las 800 familias en la lista de espera para acceder en Estella a una vivienda pública de alquiler social. Lo introducía en su intervención Fran Yoldi, coordinador de los servicios sociales de base del Ayuntamiento de la ciudad. El municipio dispone de 33 viviendas promovidas por Nasuvinsa para este uso en los últimos años y distribuidas entre los pisos habilitados en el conocido como Hospital Viejo (15) y el nuevo edificio próximo al García Orcoyen (18). Hay, según esos mismos datos, unas 115 personas viviendo actualmente en ellas. En su análisis, emergió también la infravivienda a la que no es ajena Estella. “Estamos viendo cada vez más situaciones terribles de este tipo que hace unos años nos hubieran parecido increíbles. En los años de las viviendas de integración social hablábamos de hacinamiento. Cuando una familia no tenía 15 metros cuadrados por persona en su domicilio ya podía entrar en un programa de vivienda del Gobierno de Navarra. Y con menos de 15 metros tenemos ahora a docenas de familias. Pisos en los que viven cuatro familias en cuatro habitaciones. Ante esto, tenemos que habilitar recursos de lavandería, de duchas”. En materia de recursos, se refirió al equipo foral de incorporación social en la vivienda que funciona en Pamplona, su cuenca y Tudela. “Nos dijeron que iban a ampliar este servicio pero nuestro gozo en un pozo porque lo van a ampliar no en zonas sino en competencias. Es decir, que donde ya están implantados van a asumir más competencias. Nos alegramos mucho por esa ciudadanía pero, como los representantes de allende las murallas, tenemos que decir que es una injusticia”. Fran Yoldi compartió sesión con María Echevarría, coordinadora de la Fundación Gizain -del centro de servicios sociales del área de Estella- y con Francisco Javier de Miguel, de los servicios de base de la zona de Allo. La ponencia continúa bajo la presidencia de Javier Lecumberri (PSN) con presencia de las distintas fuerzas parlamentarias. María Echevarría,Fundación GizaiN: “También hay mujeres que se empoderan y rentas que dejan de cobrarse porque se trabaja” María Echevarría coordina el centro servicios sociales del área de Estella gestionado por la Fundación Gizain, ente instrumental del Gobierno de Navarra adscrito a Derechos Sociales. Tres equipos y 16 profesionales que se desplazan por más de 80 localidades para atender en tres frentes: la infancia y la adolescencia, la incorporación sociolaboral y la atención integral a las víctimas de violencia de género. Detrás de los datos y de una realidad cuya complejidad compartió con sus compañeros, dejó un mensaje de esperanza. El de “mujeres que se empoderan, familias que desarrollan competencias para atender a sus hijos y rentas que dejan de cobrarse porque se trabaja”. En el marco de la infancia, se interviene ante situaciones de desprotección y se ha atendido en el último año a 40 familias y 88 menores. “Como dato relevante, casi el 70% de las familias tienen un empleo normalizado y casi el 60% de los menores entre 12 y 18 años, lo que apunta a un cambio en los modelos educativos. La pauta que más se repite es la incapacidad parental para el control de la conducta de los hijos. También la negligencia en cuestiones de necesidades básicas pero más relacionadas con la interacción, el afecto y el cuidado y no tanto con lo material”. En cuanto a la violencia de género, con un número de atenciones creciente, se ha trabajado con 182 mujeres, con un porcentaje mayor entre los 25 y 44 años. “ Sabemos que hay una infradetección tanto de menores como de mayores”, destacó. Francisco Javier de Miguel zona de allo: “En mi humilde opinión, es inaceptable el retraso en el acceso a las prestaciones” Con 20 años en la mancomunidad de servicios sociales de la zona de Allo de los que es coordinador, Francisco Javier de Miguel se puso en la piel de una de las personas a las que atiende. Un drama familiar agravado porque desde mayo de 2023 y pese a las reclamaciones sigue a la espera de una valoración de discapacidad. El relato le permitió resumir tres cuestiones a su juicio claves en una zona eminentemente rural con doce entidades locales y poco más de 5.000 habitantes. “Envejecimiento y escaso relevo generacional, la dificultad de acceso a servicios y escasez de servicios y, en mi humilde opinión, el inaceptable retraso del acceso a prestaciones”. “Si se legisla basándose en derechos y se cuenta con una cartera de servicios sociales que determina claramente esas prestaciones”, hay que establecer los mecanismos que permitan acceder a ellas. Es una injusticia llevar 21 meses esperando una cita para una valoración”. ¿Cómo dotamos de oportunidades a los sitios donde no las hay?, se preguntó. Ve la solución sencilla si se mira a los nichos de empleabilidad . “En mi zona, como en la de Los Arcos, tenemos personas que no pueden cubrir sus necesidades de atención personales y domésticas junto a otras que necesitan un empleo y no tienen medios para desplazarse, por lo que tienen que trabajar en el territorio”. Propuso formar a esas personas para la atención doméstica y racionalizar el SAD. Fran Yoldi Servicios sociales de Estella: “En la medida en que el Gobierno repliega, quedan al frente las entidades locales o el 3er sector” Como su compañero, el coordinador de los servicios sociales del Ayuntamiento de Estella, contó en primera persona el caso de una niña de 11 años, su madre y las vicisitudes para hacerse con un certificado de empadronamiento sin el que vio demoradas varias semanas su escolarización. Se refirió al “problema gravísimo” existente hora mismo con ello y a otras normativas que “no encajan en absoluto con la realidad”. Las de ingreso mínimo vital, renta garantizada -añadió- están pensadas para realidades de hace 15 años. “Esta familia no puede solicitarlo. No tiene empadronamiento. Todo se nos complica”. Y cuesta, prosiguió, de cinco a seis meses conseguir esos ingresos desde el momento en que acreditas que no tienes cubiertas tus necesidades básicas. “Es terrible para las familias y, con ayudas de urgencia, los ayuntamientos no pueden cubrir esto. En la medida en que gobierno repliega quien se queda al frente somos las entidades locales o el tercer sector”. Se mostró crítico también con los mecanismos de acceso a los recursos. “Las prestaciones que estamos poniendo en marcha excluyen cada vez a más personas. El tema de la administración electrónica o los programas con el móvil. Estamos cambiando todas las dinámicas de relación con la administración y no estamos pensando que hay personas a las que excluimos y no creamos recursos intermedios. Son invisibles”.

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Ochocientas familias esperan una vivienda de alquiler social en Estella

Los servicios sociales municipales apuntan a esta cifra en un momento en el que en las 33 viviendas públicas disponibles residen unas 115 personas

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