conflicto urbanístico

El Consejo de Navarra declara nulos los acuerdos del caso Oncineda de Estella

Emite un dictamen vinculante ante la solicitud de revisión de los convenios y anexos

El alcalde, Koldo Leoz, y el resto del equipo de gobierno durante la comparecencia de este jueves

El alcalde, Koldo Leoz, y el resto del equipo de gobierno durante la comparecencia de este jueves

Actualizada 25/05/2018 a las 10:32
  • M.P.AMO

El denominado caso Oncineda de Estella, en referencia al término donde se ubican los terrenos en los que se proyectó una ciudad deportiva que no llegó a construirse, se resolverá finalmente sin que el Ayuntamiento deba afrontar las elevadas cuantías -cifradas en 16 millones por el gobierno tripartito- por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con los propietarios de las parcelas. El Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de la Comunidad foral al que desde el consistorio se había solicitado un dictamen, lo ha emitido y declara nulos tanto los convenios como los anexos posteriores suscritos con los dueños de ese suelo de 2006 a 2008, en las alcaldías de María José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN).


Mediante ese procedimiento urbanístico que ahora queda anulado, el Ayuntamiento se hacía con parcelas para su proyecto mediante convenios urbanísticos de expropiación forzosa y, a cambio, otorgaba a los particulares con los que se negoció aprovechamientos en el paraje de Ibarra. Transcurridos los plazos que se fijaron sin que el Ayuntamiento cumpliera lo convenido con esos derechos de edificación, dos de los afectados -las promotoras Herchi y Alhama- iniciaron reclamaciones e instaron la determinación de un justiprecio, es decir, una compensación económica por los aprovechamiento que no llegaron a hacerse efectivos. Sus pretensiones, avaladas por dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dieron lugar en esta legislatura a el llamado caso Oncineda que alcanzaba no solo a las empresas que ya habían dado este paso y judicializado el expediente, sino a otros propietarios que podían seguir el mismo camino e incrementar el riesgo económico para el consistorio.


El dictamen del Consejo de Navarra aclara ahora el panorama al informar favorablemente de la declaración de nulidad de convenios y anexos. Fundamenta su conclusión receptiva a esa revisión de oficio solicitada desde Estella en dos argumentos. “Por haberse adoptado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y por falta de competencia de las dos alcaldesas para su aprobación”, determina en la línea de lo emitida anteriormente sobre el tema en una auditoría de la Cámara de Comptos.


PRINCIPALES ARGUMENTOS


¿Con qué argumentos lo hace? Entra a cuestionar, por un lado, el camino seguido para la tramitación y la aprobación de los acuerdos e indica que no se hizo correctamente. Sostiene que se está ante “un flagrante incumplimiento por parte de la Administración local del procedimiento en materia de expropiación”. Convenios y anexos -añade- “carecen de cobertura legal pues han sido aprobados antes del acuerdo de ocupación y, por tanto, antes de haber iniciado el expediente”.


Resalta igualmente que no constan en informes que debieran haberse incluido como mínimo por parte de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor de los terrenos objeto de los acuerdos y de la fiscalización del gasto de intervención. “Nada de ello se ha realizado al menos por los servicios del Ayuntamiento, sin perjuicio de la labor de asesoramiento emitidos por personal externo, que sí constan pero que no pueden tener validez a los efectos del cumplimiento de la norma”, se indica.


La otra argumentación en la que se apoya atañe a las competencias de la Alcaldía para las aprobaciones realizadas. Parte de una consideración. La de que todos los convenios firmados deben tratarse de manera global, es decir, como un expediente único de valoración económica conjunta porque su cuantía sobrepasaba el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto anual del Ayuntamiento, un porcentaje hasta el que se otorga competencia a la presidencia de la Corporación para la adquisición de bienes para pasar al Pleno en caso contrario. El Consejo de Navarra establece ante ello que la Alcaldía “carecía a todas luces de la competencia para la firma de los referidos convenios urbanísticos expropiatorios”.


El órgano consultor se pronuncia también sobre el largo tiempo transcurrido -once años- desde que se firmaron los convenios hasta que se pidió en 2017 la revisión de oficio. Se muestra muy crítico ante el hecho de que pese a estar viciado el propio origen de la operación, “ni la Administración municipal ni los particulares han hecho nada para subvertir la situación o corregirla”.

 

Claves

 

 

  1. El paso hacia el Consejo de Navarra. El Ayuntamiento decidió poner en manos del Consejo de Navarra el expediente después de que un particular, José Miguel Gómez de Segura, en el ejercicio de la acción pública, solicitara la revisión de oficio de los acuerdos suscritos ante “los perjuicios que de ellos pudieran derivarse para el interés público”. El Pleno adoptó el acuerdo, con el voto en contra de UPN, de remitir esa solicitud.
  2. El panorama que se abre ahora. Tras el dictamen vinculante del Consejo de Navarra que no puede recurrirse se llevará para su aprobación en Pleno, lo que supone que esos acuerdos con los particulares queden anulados sin más recorrido con ellos y sin efecto. El alcalde, Koldo Leoz, aclaró ayer que sí podría recurrirse este acuerdo plenario, aunque dado que se toma sobre un dictamen tan determinante no parece tener gran recorrido.
  3. ¿Qué ocurre con las reclamaciones ya judicializadas? Esta es otra cuestión, puesto que ya hay sentencias en el caso de Herchi y Alhama, con lo cual este bloque sigue su propio camino. El Jurado de Expropiación fijó un justiprecio de 108 €/m2 con el que Ayuntamiento no está de acuerdo y, en el peor de los casos, si se determina que ese es el precio final, las arcas locales tendrían que asumir un pago de 4 millones. El Consejo de Navarra se ha pronunciado sobre esa cantidad concreta en su dictamen. Destaca que, frente a un valor para las fincas de 43,94 €/m2 de suelo expropiado, en uno de los anexos se da por bueno un precio de 108 € apoyado “en la valoración que presentó el propio interesado sin que conste justificación técnica alguna municipal” y tras haber aceptado previamente que ese mayor valor pudiese marcar luego por extensión el de todas las parcelas.
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