Un grupo de 100 expertos trabajará hasta final de año para que las leyes incluyan una “perspectiva rural”. Es la propuesta lanzada días atrás desde el Gobierno de Navarra dentro de su plan de acción de lucha contra la despoblación. Un proyecto que se ha denominado ‘Mecanismo Rural de Garantía’ (o ‘Rural Proofing’), “pionero a nivel estatal”, que reunirá a 50 mujeres y 50 hombres de toda España convocados por el ecosistema de emprendimiento e innovación El Hueco (Soria) expertos en ámbitos como movilidad, vivienda, tecnología, municipalismo, medio ambiente o fiscalidad. Trabajarán para “ruralizar las leyes”, identificando y proponiendo cambios en la legislación actual, y planteando alternativas para futuras leyes. “Se legisla desde la ciudad, pero debe hacerse para todo el territorio para construir una Navarra equilibrada”, expresaba en la presentación Jesús Mª Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación. Una iniciativa que sorprendía en las zonas rurales y de la que, precisamente por el desconocimiento de que se llevaría adelante y por el formato elegido, recelan algunos de los agentes que trabajan más directamente sobre el terreno en el mundo rural para combatir la lacra de la despoblación.

“Puede ser una medida interesante, pero es insuficiente por sí sola”. Así lo cree Gabriela Orduna Allegrini, agente de desarrollo de Cederna Garalur en la comarca de Sangüesa desde hace 20 años y vecina de Yesa. “Solo con leyes no mejoraremos el mundo rural. Hacen falta medios económicos y técnicos, personal, servicios... En definitiva, políticas rurales que lleven a garantizar la igualdad de oportunidades entre los habitantes del mundo rural y el urbano”, dice. Y reclama “una visión de la ruralidad como un elemento transversal, como ocurre ya con las políticas de género o el medio ambiente”.

Censura asimismo el formato elegido para este G-100 de expertos. “Parece discutible que se hable de lo rural sin acudir a lo rural. En otros sitios, se han hecho procesos de participación con los vecinos. A veces parece que no se ha superado ese argumento trasnochado de que no hay gente preparada en el mundo rural. Y la hay”.

Félix Bariáin Zaratiegui, agricultor de Eslava, localidad de apenas 105 habitantes, preside el sindicato agrario UAGN desde hace 10 años. “Las medidas a tomar están claras, las sabemos los de ‘casa’ sin necesidad de expertos ajenos, y las sabe el Gobierno. Nosotros mismos se las planteamos hace 2 años, al arrancar la legislatura. Pero con esta iniciativa parece buscar dilatar el proceso un año más”, critica.

Financiar proyectos al tope máximo que permite Europa, no otorgar financiación a los ayuntamientos solo en base a su número de habitantes, aplicar exenciones fiscales en el mundo rural al no disponer de los mismos servicios que en la ciudad, mejorar la conectividad o impulsar las nuevas tecnologías son algunas de las propuestas elevadas desde UAGN al Ejecutivo.

“Ruralizar las leyes, que es a lo que aspiran, pasa por completar estas líneas de acción. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo una zona rural de costa que otra cerealista o el Pirineo. Cada una tiene sus peculiaridades. Y para ello, mejor que con expertos, es hablar con alcaldes, asociaciones, vecinos, sindicatos, etc.”, considera. Además del fondo de la iniciativa, critica “las formas de darla a conocer, por sorpresa y sin informar antes, por deferencia, a los agentes implicados en la lucha contra la despoblación”.

5 MINUTOS POR LEY

En 2017, tres colectivos populares del Pirineo entregaron en el Parlamento foral 2.152 firmas recogidas dentro de una campaña para reclamar que, en la redacción de cada ley, se dediquen 5 minutos a tener en cuenta cómo afectará a las zonas rurales en regresión poblacional. “Creemos que la iniciativa del Gobierno viene a responder un poco a aquella acción. De momento, nos parece bien, luego ya veremos cómo se desarrolla el trabajo”, indica Rita Labiano Moso, vecina de Ochagavía y miembro del colectivo Bizirik Gaude (valle de Salazar y Almiradío de Navascués). “De los 100 expertos solo conocemos a uno, pero esperamos que hagan bien el trabajo. Les daremos por el momento el beneficio de la duda”, señala.

Desde otro de estos colectivos sociales pirenaicos, el roncalés Txantxalan, Silvia Calvo Petrotx, vecina de Burgui, se muestra “con mucho escepticismo”. “Es un nuevo proyecto en el que quienes vivimos en las zonas rurales ni estamos, ni contamos para nada. Los expertos que se proponen sabrán mucho de sus especialidades, pero de la vida real en nuestros pueblos, de las posibilidades, dificultades y limitaciones que hay, los que sabemos somos las personas que vivimos en el territorio”, cree.

Añade Calvo que “poco a poco se va confirmando que el despoblamiento es un tema que está de moda a nivel político”. “Parece que suena bien decir que están preocupados y haciendo mucho, y al amparo de eso surgen empresas que trabajan contra la despoblación, proyectos con nombres en inglés que no se sabe ni de qué van... y todo lejos de los territorios y sus habitantes”.

“Tristemente, nos sentimos al margen. Somos ‘el objeto de estudio’, cuando queremos ser sujetos en todo esto. Hay mucho por hacer y hablar, y necesitamos ver realidades, cambios y hechos. El mundo rural es nuestra apuesta de vida y queremos tener voz para que su futuro vaya por donde queremos que vaya”, sentencia.