Diario de Navarra

Una semana después de que la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, fuese aprobada en el Congreso de los Diputados, este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona también se debatió a conciencia el texto y se subrayaron los pros y los contras por parte de los grupos municipales. El debate lo propició NA+ con una declaración defendida por María Caballero para pedir en esencia que la nueva ley se retire. El resultado de la votación estaba cantado desde el momento en que los tres grupos de la oposición: PSN, Bildu y Geroa Bai ya se habían posicionado a favor del texto o al menos no en contra. Caballero insistió en los argumentos ya conocidos de que la ley supone un ataque “a las libertades y derechos”, y sobre todo a la enseñanza concertada, “la opción que eligen el 47,6 % de los pamploneses”, y a los centros de educación especial. Criticó también que el castellano ya no se considere lengua vehicular y que en ese sentido la Real Academia Española (RAE) se había manifestado para solicitar que no se impida su uso en los colegios. Aludió también a las 600 enmiendas presentadas y a que ninguna de ellas ha sido atendida. APOYO A LA LEY Para “desmentir las falsedades” de Caballero tomó la palabra la portavoz socialista Maite Esporrín, que hizo hincapié en que la nueva ley “no altera el mecanismo de elección del centro sino que garantiza que los fondos no sirvan para segregar a las familias”. Con respecto al castellano recalcó que el texto es “respetuoso con el marco constitucional” y que únicamente suprime la mención que se recogía en la anterior ley del PP. “El castellano va a tener presencia en todas las aulas”, dijo. También señaló que la ley no quiere acabar con la enseñanza concertada ni supondrá el cierre de los centros de educación especial, “pero sí acabará con las desigualdades educativas porque pretende garantizar la equidad”. La actual Ley de Educación “es injusta, machista, retrógrada y da oxígeno a la educación privada”. Así empezó su intervención la edil de Bildu, Maider Beloki, para defender luego que las competencias de educación deberían estar en el Parlamento de Navarra y anunciar su voto negativo (la abstención, como el del Congreso, habría supuesto que se aprobara la declaración de NA+). “Lo que quieren es imponer su modelo educativo ideológico y que lo paguemos los demás”, señaló dirigiéndose a NA+. Patxi Leuza (Geroa Bai) no tuvo reparo en asegurar que la nueva ley educativa le gustaba, y que era ya “obligatorio” acabar con la actual y dar paso a un texto “que hace una mayor defensa de la educación pública” con la que el castellano “no corre ningún peligro”. La operadora energética que intentó crear Aranzadi es ya historia Dos años después de su creación y sin que haya podido ejercer su función, el operador energético, una de las apuestas del concejal de Aranzadi Armando Cuenca, quedó ayer definitivamente clausurado. La apuesta del cuatripartito por convertir al Ayuntamiento de Pamplona en una comercializadora energética pasará a la historia municipal por su corta trayectoria. De sus ya imposibles beneficios habló Joxe Abaurrea (Bildu), que se mostró preocupado por el poco apoyo que la idea había recibido de los grupos entonces en la oposición. “¿Pues haberlo hecho mejor!” le respondió desde NA+ Fermín Alonso, “porque el operador ya nació con muchas dudas y riesgos económicos para el consistorio, y además su trabajo se solapaba con otros servicios municipales”. Alonso enumeró el trabajo que se está haciendo en energías alternativas ahora y calificó de “teatrillo” y “capricho propagandístico” la comercializadora energética. También los socialistas apoyaron la disolución del operador, “un proyecto que se gestionó de muy mala manera”, dijo concretamente Xabier Sagardoy, que aprovechó para recordar que en julio su grupo había solicitado al equipo de gobierno el plan de estrategia energética, y que todavía no lo había recibido. Javier Leoz (Geroa Bai) recordó que habían sido problemas formales (la intervención de las cuentas por el Gobierno impedía al ayuntamiento crear una nueva empresa pública) los que impidieron a la operadora comenzar a trabajar, y enmarcó el fracaso del expediente en una “pelea política”. Críticas de la oposición a la gestión del área de Recursos Humanos “¿Cuántas oposiciones se han convocado? ¿cuántos eventuales hay? ¿cuántas horas extras se han metido? ¿cuál es la edad media de la plantilla? ¿Qué están haciendo en el área?”. Endika Alonso (Bildu) quería respuestas pero al final llegó a su propia conclusión: “Tiene la plantilla municipal hecha unos zorros”. La aludida, María Echávarri, (NA+) concejal de Servicios Generales, se defendió de la acusación, que hablaba también de la inacción del área de Recursos Humanos, y alabó el trabajo de los funcionarios. A continuación enumeró cada uno de los trabajos que el área ha tenido que ejecutar en este atípico año (con 200 bajas de media y 155 personas teletrabajando), para asegurar que el diagnóstico de inacción no tenía nada que ver con la realidad. También dijo que la pandemia había imposibilitado organizar oposiciones y que si las horas extras habían bajado era también por el covid-19. A las críticas a la gestión del área se sumó igualmente el PSN y Juan Luis García mostró su preocupación por la alta tasa de eventuales, por la falta de facilidades para teletrabajar o por la recuperación de las horas de confinamiento a la que tendrán que hacer frente los funcionarios. Lo mismo hizo Patxi Leuza (Geroa Bai), que reconoció lo bien que se había gestionado la pandemia en las primeras semanas del confinamiento, pero señaló que con el paso del tiempo la actitud había cambiado y que las quejas también las hacía extensibles a la falta de información.

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