Diario de Navarra

Por la situación de “indefensión” a la que están siendo sometidos y por el “perjuicio” que ocasiona a sus derechos, los arquitectos de la pasarela de Labrit han recurrido la negativa del Ayuntamiento de Pamplona a permitir la prueba de carga que habían solicitado con el fin de demostrar en qué estado se encuentra la estructura de la construcción. A pesar de que la citada resolución municipal no da pie al recurso, la aseguradora de dos de los tres arquitectos y también representante de la ingeniería entiende que la decisión municipal es contraria a derecho y que por ello sí cabe el recurso, precisamente para defender sus intereses. Presentado ante el Tribunal Administrativo de Navarra, el recurso intenta conseguir que la pasarela de Labrit sea sometida a una prueba de carga antes de que comience a ser desmontada, previsiblemente unas semanas antes de San Fermín. Fue el pasado 2 de abril cuando la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Pamplona acordó denegar la realización de esta prueba por dos razones: porque se había solicitado de forma “extemporánea”, y porque este tipo de pruebas “nunca se realizan sobre estructuras donde se ha justificado una situación de inseguridad”. La prueba de carga solicitada consistiría en utilizar contenedores metálicos o sacos cargados con árido que se depositarían sobre la pasarela con ayuda de grúas móviles. Los posibles desplazamientos se medirían con equipos de topografía de precisión y relojes comparadores. Prueba necesaria No está de acuerdo la compañía aseguradora con los argumentos esgrimidos por el consistorio para denegar la prueba. Asegura en primer lugar que es “absolutamente falso” que solicitaran la prueba tras la apertura del trámite de audiencia y explican que la autorización la pidieron el 25 de febrero, un día antes de que se acordara abrir el trámite de audiencia, aunque en realidad esta no se les comunicó hasta el 7 de marzo. También rechazan el argumento de que Intemac, la ingeniería contratada por el ayuntamiento, no vio oportuno realizar la citada prueba de carga, porque consideran que también su perito tiene una opinión que “valdrá lo mismo que la de Intemac”. La aseguradora también se acoge al texto de la Ley de procedimiento administrativo, donde se dice que únicamente se pueden rechazar las pruebas “cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias”. Insiste por ello en que la prueba de carga solicitada es la “prueba definitiva” y la que va a indicar si la pasarela “está preparada para soportar las cargas que exige la normativa, o no”, y que la prohibición del instructor para realizarla “vulnera” su derecho de defensa y es, además, “ilógica e irracional” y contraria a la normativa. Por todos estos motivos los firmantes del recurso solicitan que se les permita realizar la prueba de carga antes de que se tome una resolución definitiva. Prueba pericial En el recurso también se da cuenta de la prueba pericial realizada por un perito de la aseguradora el 13 de marzo pasado y en la que concluyó que no había “signos evidentes, ni visibles, de daño estructural alguno en la pasarela”, por lo que consideraba “absolutamente necesaria” una prueba de carga para establecer el nivel de resistencia. Igualmente estimó que los daños derivados de “la mala ejecución de las soldaduras, reposición de falso techo, falta de tornillos, abolladuras en vigas”, se podía valorar en 38.000 euros, y que estas reparaciones eran independientes del problema estructural. El desmontaje, el mes que viene La segunda quincena de junio es cuando el Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto comenzar a desmontar la pasarela de Labrit, según el último calendario facilitado. La Junta de Gobierno del pasado 30 de abril conoció que ya se ha encargado un proyecto para ejecutar el desmontaje, documento que luego será enviado al Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, para que aporte sus indicaciones técnicas de preservación de las murallas. Las labores de desmontaje se prolongarán durante 10 días de los que 7 se invertirán en apuntalar la pasarela y otros 3 en despiezarla. Aquella misma Junta de Gobierno del mes de abril respaldó el informe de la asesoría jurídica municipal que daba por terminado el expediente administrativo y activaba la reclamación económica a los responsables de la infraestructura, a los que solicita de forma solidaria 794.768 euros por el “daño que le ha generado al Ayuntamiento de Pamplona la construcción de una pasarela que ha devenido ineficaz para la finalidad para la que fue concebida”. Aquella decisión abría la vía administrativa para notificar y reclamar la citada cantidad, y que es independiente de las acciones judiciales que los afectados puedan emprender. CLAVES Tres años cerrada. Inaugurada el 18 de diciembre de 2010, la pasarela de Labrit permanece cerrada desde julio de 2016. Posteriormente dos informes encargados por el Ayuntamiento de Pamplona han concluido que tiene fallos estructurales y proponían su desmontaje. Por contra, los arquitectos autores del proyecto, así como la ingeniería, mantienen que la estructura está en buenas condiciones y que los daños únicamente afectan a elementos decorativos. Desafectación. En el pleno celebrado hace un mes, con los votos a favor de UPN y PSN, la abstención de Aranzadi, y el voto en contra de EH Bildu, Geroa Bai e I-E, se aprobó un acuerdo para no demoler la pasarela “mientras el pleno no haya aprobado previamente su desafectación” (esto es, que se declare que la pasarela deja de ser un bien de dominio público y deja de destinarse a uso general o servicio público). Pero ni en el orden del día del pleno del pasado día 2 ni en el extraordinario previsto para hoy jueves, figura este asunto. Financiación. Se pagó a través del Plan E del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Costó 643.520 euros, mientras que la reordenación de la plaza Santa María la Real costó 560.326 euros. Peso. Son 125 toneladas, de las que 10 correspondían a la madera de ipe. Desmontaje de las placas. Se comenzaron a desmontar el pasado mes de marzo.

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Los arquitectos de la pasarela de Labrit llevan a los tribunales la prueba de carga

Aseguran que la prohibición vulnera su derecho de defensa, es “ilógica e irracional” y contraria a la normativa

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