Diario de Navarra

“Estamos hartos de escuchar noticias negativas sobre la transparencia y la participación de este Ayuntamiento con otras instituciones o con los ciudadanos”. Las voces de los concejales de UPN en el consistorio pamplonés sonaron este lunes así de tajantes en el salón de plenos durante la comisión de Presidencia de las 9.30 horas. La inclusión de la administración municipal, dirigida por el alcalde Joseba Asiron, en el listado que declara como entidades no colaboradoras del año 2018 a “aquellas administraciones que no hayan resuelto favorablemente las indicaciones mostradas por el Defensor del Pueblo” ha levantado ampollas entre los distintos ediles. Dentro del registro dado a conocer (y que ya adelantó este periódico la semana pasada) por la institución que dirige Francisco Javier Enériz el Ayuntamiento de Pamplona aparece ‘acompañado’ por otras cuatro administraciones más. Se trata del departamento de Salud (por informar tardíamente y no atender al objeto de la reclamación no exponer de modo razonado su criterio); el consistorio de Huarte (por falta de valoración de una determinada experiencia laboral a un ciudadano); y el concejo de Azanza junto con el Ayuntamiento de Goñi, ambos por cursar inactividad ante dos solicitudes de modificación catastral. Para más inri, el consistorio pamplonés es la única administración que aparece por partida doble en la lista. Los casos que no han pasado la criba del Defensor versan, en versión resumida, sobre un problema recurrente de basura e insalubridad en la plaza de los Burgos; y por las molestias, olores y ruido sufridos en un domicilio como consecuencia de la actividad de una serie de bajeras de ocio situadas en dos locales “donde habitualmente se reúnen jóvenes”. En ambos casos, Enériz considera que no se ha informado debidamente de la queja expuesta o sobre la aceptación de la recomendación dada al respecto. DEBATE RECURRENTE “Los datos, objetivos, solamente demuestran la dejadez de este Ayuntamiento en cuanto a aspectos tan importantes como transparencia y participación”. Fue Fermín Alonso (UPN) quien lanzó la primera crítica contra lo sucedido. “Son expedientes a los que no se les ha querido responder y no es la primera vez”, recordó el regionalista, quien alertó de que este 2018 es el tercer año consecutivo en el cual el Ayuntamiento de Pamplona queda incluido dentro del registro de entidades no colaboradoras. “De las 21 recomendaciones que el año pasado les ofreció el Defensor del pueblo, rechazaron 11, lo que les hizo pasar el puesto 44 al 59”, lamentó Alonso. En este punto, aportó datos como la caída en la proporción de respuestas a los trámites requeridos a través del teléfono de Atención Ciudadana 010. “Del 96% hace año y medio se pasó al 89% en julio de 2018 y al 85 en octubre. No puede ser”, reiteró el representante de UPN. También insistió en el descenso hasta el puesto 87 de 100 en el ránking de transparencia. “Son un gobierno aislado y encerrado en sí mismo, y pensamos que esta situación es difícilmente justificable”, sentenció. Apoyado completamente por el PSN, Eduardo Vall entendió que una crítica similar se había realizado ya en el mes de junio. “Siguen sin poner soluciones y este comportamiento solamente perjudica el funcionamiento de esta administración. Esperamos que esto sirva de toque de atención al equipo de gobierno”, valoró el socialista. A su entender no solo vale con el propósito de enmienda, sino que también se requieren hechos. Por otro lado, durante el debate también salió a colación el retraso desde el pasado mes de octubre se arrastra para convocar la comisión de quejas y sugerencias del Ayuntamiento, presumiblemente trimestral. Durante el turno de preguntas, el propio Aritz Romeo indicó que la cita se celebrará ya el próximo lunes. “Analizaremos lo que haya podido ocurrir” Fue Aritz Romeo (Bildu) quien asumió la crítica desde el primer momento. Dejando claro en su intervención que las recomendaciones del Defensor del Pueblo son asumibles o no, y que ambas alternativas están contempladas dentro de la legalidad, lo cierto es que el concejal aseguró investigar lo sucedido con los dos informes motivo del conflicto. “El expediente sobre la plaza de los Burgos se derivó por un lado al área de Acción Social, que respondió su parte, y a la de Ciudad Habitable, que fue la que no dio contestación. Analizaremos los motivos. En cuanto a las molestias por ruidos, la queja se remitió al área de Urbanismo y se respondió una primera vez, bien es cierto que tras la recomendación no se volvió a tener contacto con el Defensor”, explicó el edil. “Quiero que quede claro que todas las áreas de este Ayuntamiento tienen la orden de responder a todas las solicitudes que desde las instituciones lleguen”, reiteró Romeo. “No nos satisface estar dentro del listado para nada”, admitió. El ‘rifi rafe’ llegó con la intervención de Iñaki Cabasés (Geroa Bai), quien tildó de “sobreactuación” el comportamiento de UPN. “Estamos hablando de un expediente no resuelto en 2016, dos en 2017 y otros dos este año pasado. Ni es la bomba ni tampoco somos lo peor. Su declaración no tiene soporte”, reflexionó Cabasés. Y se remitió a un informe por parte del Defensor del Pueblo (nacional) en el que alababa una actuación del alcalde de Pamplona. Este hecho no gustó en las filas de la oposición, que criticaron el uso partidista. “Estamos en Pamplona y, por tanto, nos interesa la opinión del Defensor de Navarra. No busquen una justificación donde no la hay”, recriminó Eduardo Vall (PSN). Finalmente, la declaración fue rechazada por 5 votos a favor y 6 en contra.

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