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Ayuntamiento de Pamplona

El TSJN insta al Ayuntamiento a cumplir una sentencia que no acató

En julio, un auto judicial le obligaba a dejar sin efecto la contratación de cinco técnicos del área de Participación. Cuatro de los cinco técnicos siguen en su puesto aunque un juez dijo que su contratación no se ajustaba a derecho

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

CALLEJA
Actualizada 12/02/2019 a las 07:52
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De nuevo el Ayuntamiento de Pamplona recibe un tirón de orejas judicial por no revocar el nombramiento de cinco técnicos del área municipal de Participación Ciudadana. Ahora es el máximo organismo de justicia de la Comunidad foral de Navarra, el Tribunal Superior de Navarra, el que le insta a que cumpla con lo que ya le ordenó el pasado julio un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Pamplona. ¿Y que ordenó entonces? Que ejecutara la sentencia emitida por este mismo juzgado en diciembre de 2017: anular la contratación.


El motivo es que, según indican los diferentes pronunciamientos judiciales sobre este tema, hubo irregularidades en el proceso de contratación en octubre de 2016. Se le daba la razón así a UPN, que acudió al juzgado para denunciar que en el tribunal de selección se encontraban el entonces director del área de Participación, Áxel Moreno, y Andoni Iso que habían tenido relación laboral con uno de los elegidos: Floren Luqui, el que fuera alcalde de Barañáin por Nafarroa Bai entre 2007 y 2008. El área municipal estaba entonces delegada en el concejal Alberto Labarga, de Aranzadi. Tras su marcha en septiembre de 2017, le sustituyó su compañero de grupo Manuel Millera. Y desde final del verano, con la ruptura del cuatripartito, ha cogido las riendas Mikel Armendáriz (Geroa Bai).


Recurso municipal


Cuando hasta las oficinas municipales llegó el auto de julio para que se cumpliera la sentencia, se decidió recurrirlo. El cuatripartito de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E hacía aguas ese mes por culpa de las Inversiones Financieramente Sostenibles y, en vísperas de San Fermín, el alcalde Joseba Asiron anunciaba que les destituía de sus cargos. Aranzadi pasaba así el testigo de Participación Ciudadana a Geroa Bai. Pero el cambio de no trajo ninguna consecuencia en la plantilla, sólo en los cargos de confianza.


Ya para entonces no estaba el director del área que había formado parte del tribunal, que cesó por voluntad propia poco después de la marcha de Labarga. Y Mikel Armendáriz hizo su propio nombramiento en la dirección. Pero, de los cinco contratados, el Ayuntamiento mantuvo a los cuatro a pesar de las reiteradas quejas de UPN y PSN, que vía moción tanto en el pleno o en comisiones, siempre toparon con la negativa del antiguo cuatripartito.


Desde el equipo de gobierno, primero Alberto Labarga afirmó que no se tenía constancia de esta antigua relación laboral. Pero cuando se pusieron sobre la mesa las pruebas presentadas por UPN sobre que Luqui colaboraba con la empresa del director del área y del otro integrante del tribunal, entonces se replicó que no había muchas personas con ese perfil técnico; con lo cual, era lógico que hubiera sido seleccionado debido a su experiencia en dinámicas de participación.


Y precisamente este ha sido el argumento con el que el servicio jurídico municipal ha basado su alegación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en contra del auto de julio, aquel que le obligaba a anular la selección. El Ayuntamiento esgrimió que mantuvo a cuatro de los cinco técnicos “de manera provisional y supeditados a la celebración de convocatoria pública” y añade que en las OPES vigentes se ha priorizado las plazas de técnico en Participación.


En su recurso, explica que nunca se ha pretendido hacer caso omiso a la sentencia, pero “teniendo en cuenta que la extinción de los contratos impide la prestación del servicio tal y como se desprende del informe técnico de la dirección del área de Participación, por ello se pretendió simultanear la nueva selección de personas con los contratos existentes, teniendo en cuenta que la profesión que se requiere es relativamente novedosa y no existían códigos o epígrafes adecuados para lanzar dicha oferta de empleo de manera ágil”.


Como prueba de su intención de acatar la sentencia, indica que la convocatoria se aprobó el 20 de julio de 2018 y se que ha publicado en el BON de agosto. Pero desde UPN, se dice que “el cumplimiento de las sentencias no puede ser objeto de pacto”.


Y con ambos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra responde que “es evidente que la sentencia no se ha ejecutado en su integridad, puesto que el Ayuntamiento ha decidido mantener cuatro de los cinco contratos (...) siendo irrelevante que indique que lo hace de 'manera provisional y supeditados a la resolución del concurso convocado' siendo esta aclaración absolutamente superflua, pues no podría ser de otra manera, ya que los contratos temporales tienen vigencia hasta que se resuelven los procesos de personal”.


Para el tribunal, tampoco queda acreditada la dificultad de encontrar perfiles que puedan ocupar los puestos y, añade, que ni en el informe del director de Participación queda justificado por qué es preciso mantener los contratos. Por lo tanto, se desestima la alegación así que el Ayuntamiento se ve en la obligación de acatar el auto de la anulación de julio y la sentencia de diciembre de 2017 porque, insiste el tribunal, no la ha cumplido por mucho que diga que parcialmente y que está en proceso de hacerlo.


¿Y qué debe acatar? Lo dicho por el Juzgado de lo Contencioso administrativo en diciembre de 2017: “Dejar sin efecto inmediato las contrataciones que se hayan realizado” y apercibir al director de Recursos Humanos de que en caso de incumplimiento, le podrán ser impuestas multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, “sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera incurrir”.

 

Dos años en la agenda de la oposición

 

 

1 Nombramiento en octubre de 2016. Participación Ciudadana selecciona a cinco técnicos con un tribunal en el que estaba el director general del área, Áxel Moreno, y Andoni Iso. Habían tenido relación laboral con uno de los seleccionados que quedó en segundo lugar, Floren Luqui, el que fuera alcalde de Barañáin por Nafarroa Bai de 2007 a 2008


2 El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 declara nula la contratación en diciembre de 2017. En la sentencia, dice que no se trata de una mera irregularidad, sino que afecta al tribunal calificador, poniendo en duda tanto su composición, como su imparcialidad. El edil responsable del área en los nombramientos, Alberto Labarga (Aranzadi) había dimitido por cuestiones personales en septiembre de ese año. El director del área, Áxel Moreno, le seguiría poco después por las mismas razones


3 Auto para cumplir la sentencia en julio de 2018. UPN acude de nuevo a los tribunales con el argumento de que no se ha cumplido la sentencia. El mismo juzgado que emitió el veredicto dice que, efectivamente, no se ha acatado y que se anule la contratación.

4 El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El tribunal ratifica lo dicho por el auto ante una alegación presentada por el Ayuntamiento. Ya sólo cabe recurso de casación en este órgano judicial

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