Diario de Navarra

Pocas novedades aportaron este martes las comparecencias de las consejeras María José Beaumont (Interior) y María Solana (Educación) con respecto al desalojo del palacio del marqués de Rozalejo el pasado mes de agosto. El principal motivo hay que buscarlo en los cuatro meses transcurridos desde que UPN y Podemos-Orain Bai pidieron la comparecencia de ambas, tiempo suficiente para aclarar las dudas que los dos grupos podían tener, tal y como este martes recalcaron. Sí se supo este martes por ejemplo que en horas extraordinarias de Policía Foral, el desalojo de los okupas de Rozalejo costó 8.589 euros. El dato lo facilitó la consejera de Interior, que negó las acusaciones sobre que su ausencia de Pamplona aquellos días fue aprovechada por el Gobierno para el desalojo. Beaumont explicó que las sustituciones de los consejeros para los meses de verano se aprobaron por decreto el 5 de julio, mientras que la orden de desalojo la dictó el juzgado el 16 de agosto. El regionalista Sergio Sayas abundó en el argumento de que el Gobierno no quería en realidad desalojar el edificio y comparó las actuaciones de cerramiento con la colocación de un “candado de joyero”. Por su parte Laura Pérez (Podemos-Orain Bai), centró su intervención en rechazar el desalojo por su “virulencia”. Le respondió Beaumont argumentando que el desalojo se había hecho de acuerdo con el manual de las policías, y a Sayas le habló de la vulnerabilidad del edificio para rebatir las acusaciones de que el Gobierno había facilitado que se volviera a okupar a las pocas horas. María Solana, que durante aquellos días sustituyó a Beaumont al frente de Interior, subrayó que la decisión de desalojar fue “colegiada”, y que antes se había buscado llegar a un acuerdo dialogado con los okupas. “Ellos pidieron tiempo, pero eso es algo que el Gobierno no controlaba, sino que dependía del juez”, señaló. POSICIONES ENCONTRADAS Sayas concluyó que el Gobierno no había estado a la altura en este asunto y que su actuación había sido un “hazmerreir” porque se había preocupado más de lo que podían llegar a pensar del desalojo sus socios de Gobierno, mientras que Pérez no dudó en acusar al Gobierno de haber sobrepasado los límites con el desalojo. También dejaron claras las diferentes visiones de lo sucedido el resto de los miembros de la comisión. Y mientras Unai Hualde (Geroa Bai) calificó de “injusta” la “no adhesión” de todo el Cuatripartito al desalojo de Rozalejo, Adolfo Araiz (Bildu) dijo que nunca apoyaron la medida y discrepó con Solana sobre quién manejaba los tiempos, “porque ustedes abrieron la cuenta atrás al interponer la denuncia en el juzgado”, le dijo. Por el PSN Inmaculada Jurio animó al Gobierno a actuar para recuperar el edificio y le acusó de no haber adoptado las medidas necesarias en su momento para evitar la reocupación. También Ana Beltrán (PP) arremetió contra el Gobierno por estar “arrodillado ante los intereses de los borrokas, de los abertzales y de los que violan las leyes”, y se desmarcó de utilizar cualquier tipo de diálogo si antes los okupas no abandonan el edificio. Finalmente José Miguel Nuin (I-E) negó que existiese connivencia entre el Gobierno y los okupas y se desmarcó del desalojo como solución.

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El desalojo de los okupas de Rozalejo costó 8.589 € en horas extras de Policía Foral

Las consejeras Beaumont y Solana comparecieron este martes para relatar lo sucedido en el mes de agosto

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