Diario de Navarra

La gran mayoría de los niños y niñas, unos en brazos, otros en silletas, que en febrero de 2016 acompañaron a sus padres en las manifestaciones de protesta contra el cambio de modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona están hoy matriculados en algún colegio cursando Educación Infantil y el proceso que llevó a sus padres a salir a la calle sigue sin resolverse. Fueron cientos de familias las que protestaron y finalmente cincuenta y tres las que demandaron al Consistorio, que siguen esperando a que la Justicia se pronuncie definitivamente y dé por cerrado el contencioso que mantienen con el Ayuntamiento. El cambio de modelo lingüístico en las escuelas infantiles municipales de Donibane y Printzearen Harresi se anunció en febrero de 2016 y se aplicó en el curso 2016/17. Casi tres años en los que las familias han visto como los juzgados les han dado la razón hasta en tres ocasiones pero que no han conseguido resolver el proceso. El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, ha recurrido cada uno de los fallos demorando el proceso hasta hoy. Un expediente que comenzó cuando el juez de la sala de lo Contencioso Administrativo atendió la petición de las familias de suspender cautelarmente los cambios en las escuelas. El mismo juez admitió el recurso del Ayuntamiento contra esa suspensión y el proceso de admisión siguió su curso con los cambios establecidos. Casi un año después se hacía pública la sentencia que daba la razón a las familias demandantes, al entender que el Ayuntamiento se había extralimitado en sus competencias y que el cambio de modelo lingüístico iba más allá de una mera reestructuración de las escuelas infantiles. El Ayuntamiento de Pamplona interpuso un recurso de apelación que fue rechazado en diciembre de 2017 en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El juez volvía a dar la razón a las familias de los niños y niñas que habían sido trasladados de sus escuelas u obligados a cursar un modelo lingüístico que sus padres no habían elegido. El Ayuntamiento interponía entonces un recurso de casación, que según indican fuentes cercanas al proceso, se trata de un recurso que cuestiona “la interpretación” de los fallos anteriores. UN RECURSO, DOS VÍAS El Ayuntamiento presentó un recurso mediante dos vías: primero ante la sala especial de casación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que debe determinar si la interpretación que la sentencia hace de las competencias municipales es o no correcta. Es decir, si se trata “de una doctrina dañosa para los intereses generales”. Este sería el recurso de casación ‘vía autonómica’, porque cuestiona las competencias municipales frente a las forales. La sala especial debe determinar primero si se cumplen los requisitos formales para admitir o no este recurso, para después entrar a valorar el fondo de la cuestión. La presentación de este recurso alarga en el tiempo todo la tramitación del expediente porque a los plazos legales que tienen el Ayuntamiento y la representación legal de las familias para presentar sus escritos se suman los tiempos de la sala para decidir. A fecha de hoy, está pendiente de que la sala especial resuelva si admite o no a trámite el recurso del Ayuntamiento. “Se trata de ver si ese posible daño a los intereses generales está bien justificado”, explican las mismas fuentes. Las familias presentaron un escrito oponiéndose a la admisión a trámite del recurso. Si se admite a trámite se vuelven abrir plazos para que ambas partes justifiquen sus posturas y si la sala entra a valorar el fondo del asunto o si no lo admite. Si el recurso de casación no se admite se cerraría esta vía y se abriría el recurso que el mismo Ayuntamiento realizó ante el Tribunal Supremo en el que se estudia otro de los aspectos de la sentencia de lo Contencioso relacionado con la vulneración del derecho a la educación de las familias. Otro recurso que requiere también sus plazos. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Otra de las cuestiones es cómo se ejecuta la sentencia en el caso de que siga siendo favorable a las familias. Hay que tener en cuenta que los niños a los que afectaron los cambios introducidos por el Ayuntamiento han terminado ya su etapa en las escuelas infantiles. Podría darse la coincidencia de que la ejecución de la sentencia coincidiera con las elecciones de mayo. El Ayuntamiento que salga elegido podría tener que indemnizar a las familias o revertir los cambios en las escuelas. Unos cambios que están implantados desde hace dos cursos y que volverían a afectar a otras tantas familias ajenas hasta la fecha a todo este contencioso. OPE pendiente en el Ayuntamiento Si la sentencia definitiva fuera favorable a las familias afectaría también a las educadoras municipales si la OPE que está pendiente en el Ayuntamiento se materializa antes del fallo de los tribunales. El pasado martes, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona aprobó su Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2018. En ella se incluyen 10 plazas de educador o educadora de escuelas infantiles, tras los cálculos realizados en función de las tasas de reposición de empleo establecidas en la ley.

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La demanda de las familias de escuelas infantiles sigue en los tribunales

Desde 2016, la Justicia ha dado la razón a las familias demandantes en tres ocasiones pero el proceso sigue abierto

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