Diario de Navarra

El equipo de gobierno -Bildu y Geroa Bai- anunció que para regular la utilización de centros municipales firmaría un convenio con los colectivos usuarios, un acuerdo que sujetaba a dichas asociaciones a un reglamento; en concreto, la normativa de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales (CECIS) que data de 1998. O eso sostuvo este lunes la edil de Desarrollo Comunitario Esther Cremaes (Geroa Bai) porque tanto PSN como UPN cuestionaron un organismo que -según la portavoz socialista Maite Esporrín- no existía en esa normativa de 1998: la asamblea. “Y será ésta, formada exclusivamente por colectivos, la que decidirá que otras asociaciones pueden hacer uso de Antzara”, dijo Esporrín. La concejal socialista también subrayó otra diferencia entre el reglamento de los CECIS y el reflejado ahora en los convenios sobre los órganos en los que sí está presente el Ayuntamiento. “Se habla de una comisión de seguimiento, mientras que en los CECIS se recogía la comisión de gestión. No es lo mismo, no trate de engañarnos”. El centro social de Mendillorri sirvió de trampolín al PSN para cuestionar estos convenios. En la comisión de Asuntos Ciudadanos de este lunes, presentaron una declaración en la que denunciaba el “uso excluyente y partidista” de Antzara, además de reclamar sanciones por el incumplimiento del reglamento de uso en horario -por dos conciertos de madrugada- y la presencia de alcohol. Y a esta inicial propuesta, los socialistas añadieron mediante una enmienda de adición sus reparos sobre los convenios. Pedían que el resto de los grupos aprobara que no fuera la asamblea de usuarios la que decidiera en exclusiva la entrada de otros colectivos, sino que el Ayuntamiento formara también parte de la decisión. Que el acuerdo recogiera la prohibición de actividades que ampararan o justificaran la violencia y, finalmente, que se excluyera todo acto partidista. UPN, por boca de María Caballero, anunció que apoyaría la moción del PSN. “Nosotros aún somos más críticos con los convenios, pero como compartimos cada una de las objeciones votaremos que sí. En Antzara, el convenio lo firma Esther Cremaes y los cuatros colectivos que ya estaban. Dos de ellos con gente que han ido en las listas de Bildu. Lo deseable es que Antzara y Plazara sean para todos y quien lo garantice sea el Ayuntamiento, y no dejarlo en manos de cuatro que deciden quien entra y quien no”. SIN VOTOS SUFICIENTES Los votos de ambos grupos de la oposición fueron insuficientes para sobreponerse a la mayoría del equipo de gobierno (Bildu y Geroa Bai), y los de sus exsocios, Aranzadi e I-E. Y eso que la edil de esta última formación, Edurne Eguino, también dijo que los convenios no se ajustaban al reglamento de los CECIS. “Entre otras cosas, porque no recoge nada sobre la autogestión. Y le dan poder a una asamblea. Si alguien reclama ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), volverían a perder”. De paso, recordó a su sucesora en el área de Asuntos Sociales y de sus compañeros de Aranzadi en Desarrollo Comunitario que no se colgara medallas. “Parece que ahora se ha hecho todo. Lo anterior tampoco estaba mal, como el acuerdo firmado en Buztintxuri en 2016”. Con su alusión al TAN, Eguino se refería al recurso que planteó UPN cuando el equipo de gobierno entregó las llaves del centro de Mendillorri a los colectivos. Y el tribunal indicó que esta cesión no se ajustaba a la legalidad, de ahí que primero el edil de Participación Ciudadana, Mikel Armendáriz (Geroa Bai) y , después, su compañera de grupo Esther Cremaes anunciaran estos convenios para regularizar la situación de 13 locales municipales. “De ellos, la mayoría en la legislatura de UPN, que los daba a dedo”, señaló la edil de Bildu, Maider Beloki, que subrayó especialmente el trinkete de Mendillorri. La concejal añadió que los acuerdos de ahora encajaban en el modelo que quiere su grupo para los centros sociales: la autogestón para espacios comunitarios. Rechazó las enmiendas planteadas por el PSN porque, según expuso, cada una de ellas quedaba regulada en la normativa del CECIS. Y también, para desmentir que los usuarios de Antzara fueran partidistas o excluyentes, leyó la relación de algunos colectivos presentes en el centro, como los de crianza, dantzas, talleres de costura o el ciclo de cine. Por su parte, Esther Cremaes defendió el convenio porque dijo era fruto de un largo recorrido y tras un exhaustivo análisis. Y según la concejal, el resultado garantizaba el buen uso de los centros comunitarios como el de Antzara. “La declaración del PSN está fuera de lugar porque ninguno de los actos que menciona (violencia o partidistas) tienen cabida”. Y añadió que si leía detalladamente el reglamento de los convenios había una comisión de gestión (la que según Maite Esporrín es de Seguimiento) en la que el Ayuntamiento tiente el mismo peso que los colectivos”. La denuncia por la fiesta de Antzara, de vuelta Sobre Antzara también se habló en el Ayuntamiento de Pamplona a primera hora de la mañana, en la comisión de Presidencia. Suscitó un breve debate la intervención de María Caballero en el turno de ruegos y preguntas, cuando se interesó por las consecuencias de la fiesta que se celebró en el edificio de propiedad municipal en el mes de diciembre pasado, “con barra de bar y menores bebiendo”. Explicó Caballero que el expediente que se tramitó desde Policía Municipal con forma de denuncia por una infracción grave se envió al Gobierno de Navarra, concretamente al departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, porque los hechos denunciados tenían cabida en la Ley foral de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, una norma que al parecer otorga la competencia para interponer sanciones a la consejera de Presidencia. “Pero sabemos que la denuncia ha vuelto del Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Pamplona porque, al parecer, el edificio de Antzara no está catalogado dentro de la ley de espectáculos”, explicó la regionalista. También aludió a un informe del letrado municipal en el que se concluye que el “grave comportamiento” registrado en Antzara la noche del 26 de diciembre conlleva una responsabilidad administrativa, “aunque también apunta a un marco regulatorio que no existe”, recordó Caballero. UNAS PREGUNTAS Como consecuencia de toda esta tramitación María Caballero preguntó en tono irónico si ahora el expediente se enviará al área de Participación Ciudadana y luego a la de Desarrollo Comunitario. Y a continuación lanzó unas cuantas preguntas: -“Si ha habido un grave comportamiento, ¿qué respuesta le va a dar el ayuntamiento? -Si dice el letrado que no hay marco regulatorio, ¿se refiere a que el edificio no estaba en ese momento cedido en las condiciones legales? -¿Sabía el letrado al hacer el informe que el edificio de Antzara no estaba cedido legalmente. -¿Qué creían ustedes que tenía que haber hecho el Gobierno de Navarra?. -¿Piensan que tendría que sancionar al propietario del edificio?. -¿Dan por finiquitada la falta grave?” La concejal de Seguridad Ciudadana, Itziar Gómez, recalcó que el nivel de gravedad del comportamiento reflejado en la denuncia no lo atribuyó el agente municipal que acudió para hacer la denuncia aquella noche a Mendillorri, sino que es el marco normativo el que así lo califica según el procedimiento, y añadió que hasta ahora no había sido posible llevar adelante la denuncia.

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