Diario de Navarra

UPN ya ha abonado los 12.000 euros de fianza que le impuso el Tribunal Supremo para seguir adelante en la querella contra la consejera María Solana (Geroa Bai), por el ‘okupado’ palacio Marqués de Rozalejo, en la Navarrería pamplonesa. Pese a ser la titular de Educación y portavoz del Gobierno, fue Solana -en sustitución de la consejera de Interior, María José Beaumont- quien firmó el pasado 18 de agosto el escrito por el que el Ejecutivo de Barkos solicitaba al juez la suspensión de la orden de desalojo del inmueble del siglo XVIII, reconvertido en ‘gaztetxe Maravillas’. Como se recordará, el edificio fue desalojado por la Policía Foral la madrugada del 17 de agosto y ‘reokupado’ horas después tras una ‘kalejira’ de protesta. El parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin confirmó este martes el pago de la fianza que permitirá a UPN ejercer la acusación popular en un caso que se eleva al máximo tribunal español, por la condición de aforada de María Solana. Los servicios jurídicos de UPN contemplan tres posibles delitos en la actuación de la consejera, que provocó el archivo de la causa de desalojo por parte del juez al entender que se producía una “tolerancia temporal de la ocupación”. Hay que destacar que el Gobierno pretendía una suspensión del desalojo y no el archivo de la causa. LOS TRES PRESUNTOS DELITOS Según Juan Luis Sánchez de Muniáin, los tres presuntos delitos a los que tendría que hacer frente la consejera -en el caso de que la demanda prosperase- son el de “prevaricación administrativa, omisión de perseguir delitos contra el patrimonio histórico y malversación de bienes públicos”. Pese al pago de la fianza por el partido regionalista, hay que esperar a que el Tribunal Supremo admita a trámite la demanda. “Será entonces cuando investigará a la consejera”, apuntó el parlamentario. Sánchez de Muniáin corroboraba este martes la intención de UPN de seguir adelante con la demanda en el marco de una rueda de prensa que se anunciaba con “novedades” respecto a la ‘okupación’ del palacio pamplonés y en la que insistió en la responsabilidad de Solana. “Envió el escrito al juez sin ningún aval del departamento competente, sin ningún acuerdo del Gobierno y sin ningún aval de la asesoría jurídica”, manifestó respecto a la actuación de la consejera. El parlamentario regionalista aseguró que UPN ha recabado más “información parlamentaria” en torno al proceso de okupación del palacio pamplonés, que desemboca en los sucesos de los días 17 y 18 de agosto. Sánchez de Muniáin se refirió al informe redactado por Patrimonio, tras la inspección posterior al desalojo del 17 de agosto y en el que ya se destacaba “la necesidad de tomar medidas para el cierre y sellado del edificio, y que se hiciese con mucha rapidez” para evitar una virtual ‘reokupación’, que no se logró evitar y que se consumó horas después, la misma tarde de aquel 17 de agosto. Según el portavoz regionalista, el informe ya advertía de la necesidad de “reparar la puerta de chapa metálica, que había sido apuntalada con puntales metálicos y de hormigón para evitar el desalojo”. Esos puntales, continuó Sánchez de Muniáin, habían desaparecido cuando se produce la ‘reokupación’ del inmueble. “Necesariamente habían sido retirados desde el interior del edificio para que la puerta pudiera ser empujada desde el exterior. La puerta era más vulnerable en el momento de la segunda ‘okupación’ que en el desalojo”, advirtió. El parlamentario no detalló si esta ausencia de los puntales se produjo por la propia acción de la policía en el desalojo o se eliminaron con posterioridad. Sánchez de Muniáin se refirió a otro informe de patrimonio que advertía del “riesgo estructural” del edificio, algo de lo que ya alertaba un informe de Policía Foral que manejaba el Gobierno en los días previos al desalojo. Con todo, UPN apunta a la “grave responsabilidad” del Ejecutivo de Barkos “con todos los ciudadanos” y exige “la recuperación del palacio”, un espacio en el que, a través de su bar, “se está realizando una actividad económica y se están defraudando impuestos en una propiedad del departamento de Hacienda”.

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UPN abona los 12.000 euros para demandar a Solana por Rozalejo

El partido regionalista paga la fianza que le exige el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular

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