Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Pamplona “debería” inspeccionar la nave de la calle Artica ocupada ilegalmente desde hace casi dos años, y realizar luego un informe acerca de si reúne condiciones de seguridad. Así de tajante se ha pronunciado el secretario de la Corporación en un informe redactado a petición de los concejales de UPN, que el pasado mes de febrero le preguntaron por los pasos que debe dar el Consistorio para expulsar a los okupas “ante la evidente inacción de Asiron y su equipo”. El informe del secretario añade que si de la inspección que haga el Ayuntamiento se concluye que la nave “no alberga las condiciones mínimas”, debería requerirse a los ocupantes “al cese de cualquier actividad” que se esté realizando o se tenga pensado. Con base en la ley Foral que regula los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que es la que a juicio del secretario tiene que aplicarse en este caso teniendo en cuenta las actividades de pública concurrencia que en la nave se celebran, el informe da un paso más y señala que si los okupas desatienden el requerimiento municipal, se informará a la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra para incoar un expediente sancionador. MULTA ENTRE 6.000 Y 60.000€ De acuerdo con el texto legislativo al que hace referencia el secretario, el expediente sancionador vendría derivado de una infracción de las consideradas como “muy graves”, que en este caso alude a los locales o instalaciones que se dedican “a la celebración de espectáculos o actividades recreativas careciendo de la correspondiente licencia de actividad”. El mismo texto legal hace una relación, en un artículo posterior, de las sanciones que pueden conllevar las infracciones muy graves, y cita entre ellas: multa de 6.001 a 60.000 euros, prohibición o suspensión de la actividad por un plazo máximo de cinco años, clausura de local por un período máximo de dos años, o inhabilitación para obtener licencia en la misma actividad en la que se ha producido la infracción. Las advertencias del secretario municipal concluyen con otra observación más cuando confirma que el inicio del expediente sancionador puede conllevar “medidas provisionales”, es decir, que la simple incoación del expediente permitiría aplicar algunas medidas encaminadas a “asegurar el cumplimiento de la legalidad”. La ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del año 1989 habla por ejemplo entre esas medidas de la suspensión de la actividad, el cierre del local, la exigencia de una fianza e incluso la incautación de los objetos relacionados con los hechos que habrían llevado a iniciar el expediente. Antes de la adopción de estas medidas se abriría un plazo máximo de 10 días para que el interesado, en este caso los okupas, presenten alegaciones, aunque la ley prevé para los casos urgentes que este plazo se reduzca hasta los dos días. CLAVES 2016. En septiembre se advierte que una antigua nave industrial ubicada en el número 28 de la calle Artica, ha sido objeto de una ocupación ilegal. Desahucio. La Junta de Compensación, de la que forma parte el Ayuntamiento, es propietaria de los terrenos donde se asienta la nave, pero no puede hacer la urbanización prevista sin antes derribar la nave. La junta encarga un informe arquitectónico que concluye que la nave no tiene condiciones para albergar actividades. Se interpone una demanda de desahucio. Por vía administrativa. En mayo de 2017 un juzgado de lo civil determinó que tenía que ser la jurisdicción administrativa la encargada de llevar el desahucio de la nave basándose en que el dueño era una Junta de Compensación y no un particular.

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Un informe aconseja inspeccionar la nave de la Rochapea de los okupas

Firmado por el secretario del Ayuntamiento de Pamplona, dice que deben comprobarse las medidas de seguridad

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