Diario de Navarra

La junta de compensación de la nave nº 28 de la calle Artica de la Rochapea ocupada por unos jóvenes desde septiembre tendrá que esperar a que sea otro juzgado, y no el civil como pretendía este lunes, el que determine si se les desaloja. En la vista celebrada, el juez dio la razón a las dos abogadas de los tres jóvenes a los que se les interpuso la denuncia por ocupación. Una de las letrada esgrimió que, al ser el propietario del inmueble una junta de compensación y no un particular, tiene su propia jurisdicción administrativa. La Caixa, con una participación del 51,9% es la socia mayoritaria de la junta, mientras que el Ayuntamiento de Pamplona tiene un porcentaje del 30% y el resto está en manos de una promotora. Y el juez le dio la razón a las abogadas, a pesar de la insistencia de la letrada de la junta de que los desahucios eran un tema civil. Pero el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 hizo suyo el argumento de la otra parte. “No existe un plan de urbanización y según la ley, la junta de compensación no tiene potestad como sujeto civil”. Así que, a los quince minutos de las once, cuando había comenzado la vista, el magistrado anunció que no era la jurisdicción competente y cerró la sesión. Esta decisión frena las pretensiones de la Caixa de un desalojo cercano en el tiempo ya que, como mínimo, iniciar la tramitación en el Contencioso Administrativo se demorará un mes. Y los jóvenes lo saben por eso este lunes el grupo que se había concentrado en frente al Palacio de Justicia tras la pancarta en euskera “la Rotxa necesita un gaztetxe. No al desalojo” celebró esta demora como si fuera una victoria con aplausos al recibir a sus tres compañeros denunciados y con vítores cuando se les explicó lo que había ocurrido en la sala. APOYO DE LA PAH Y ARANZADI Eran las diez y media cuando los jóvenes iniciaban su concentración junto a familiares, representantes de la PAH (Plataforma Antidesahucios) y los ediles de Aranzadi Laura Berro y Alberto Labarga. Mientras, en el Palacio de Justicia se celebraba una reunión entre las dos letradas de los jóvenes, las abogadas de la junta de compensación y el concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea (EH Bildu). Los tres jóvenes denunciados esperaban junto a la sala de vistas de la cuarta planta. Cuando se abrieron las puertas de la sala, comprendieron que no se había llegado a un acuerdo: la causa civil seguía adelante. “No ha podido ser. Esperábamos el consenso pero al final se ha impuesto el voto de la mayoría, y la mayoría es la entidad financiera”, explicaba una de las abogadas de los jóvenes. Mientras, desde abajo, llegaban las consignas en euskera de la concentración como “por el gaztetxe no pasarán” o “el gaztetxe es nuestra casa”. Cuando se permitió al acceso a la sala, un empleado del juzgado advirtió que el espacio era limitado, como para una veintena de personas. Tras los jóvenes, se dio prioridad a sus familiares y también pudieron entrar algunos de sus compañeros de ocupación. Afuera, se quedaba un nutrido grupo cuya conversación traspasaba las puertas por lo que en dos ocasiones tuvo que salir el empleado del juzgado para pedir que bajaran la voz. Y tras la vista y la decisión del juez, llegaban los primeros abrazos a los jóvenes. Las abogadas de la junta de compensación se negaban a hacer declaraciones, así como los denunciados a este periódico. Se ofreció a la Caixa un contrato hasta septiembre Al término de la vista, y mientras los jóvenes denunciados se reunían con sus compañeros concentrados, los familiares conversaban con el concejal Joxe Abaurrea (EH Bildu) para conocer cómo se había desarrollado la reunión entre las dos partes. “Hemos tratado de dejar aparcado el juicio y trabajar el tema de la responsabilidad civil, pero no ha sido posible. La Caixa ha impuesto su voto mayoritario”, explicaba el concejal. Joxe Abaurrea, a cargo del área municipal de Urbanismo, desveló la oferta del Ayuntamiento: “Les hemos propuesto un contrato en precario para que así los jóvenes pudieran hacerse un seguro de responsabilidad civil de cara a responder ante posibles daños. Nosotros nos habíamos comprometido a que ese contrato fuera hasta septiembre y, durante ese tiempo, ir buscando alternativas. Una posibilidad podría haber sido el civivox del barrio ya que ahora con el cambio del modelo de gestión, que ya no será privado sino municipal, tendrían cabida este tipo de iniciativas”, afirmó el concejal. Joxe Abaurrea añadió que la intención del Ayuntamiento es seguir negociando con sus socios de la junta de compensación. “Queremos que se tolere la ocupación hasta buscar estas alternativas. Ellos han dicho después del juicio que seguirán hablando con nosotros”, avanzó el edil de Urbanismo.

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Freno al desalojo de la Rochapea a la espera de cambiar de juzgado

La ocupación de una nave de un grupo de jóvenes se trasladará al Contencioso Administrativo; el juez de lo civil entendió que al ser una junta de compensación el dueño tiene su propia jurisdicción administrativa

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