La Plataforma de Inquilinas e Inquilinos del Valle de Egüés ha denunciado este miércoles el aumento de desahucios en la urbanización de Sarriguren y ha reclamado refuerzos institucionales para evitar esta situación.

En una sesión de trabajo del Parlamento de Navarra, la Plataforma, constituida el pasado 16 de junio, ha expuesto su "creciente preocupación por la dificultad para acceder y, sobre todo, para permanecer en una vivienda digna y asequible".

"No venimos a hablar de un problema abstracto ni de un caso aislado. Venimos a poner voz a familias concretas con nombres y apellidos que estamos viviendo en primera persona lo que ocurre cuando el mercado y la vivienda se impone sobre el derecho a la vivienda", ha asegurado Maika Rosell, miembro de la Plataforma.

Ha situado el foco en Sarriguren, donde "construimos comunidad, hemos echado raíces, se ha educado a generaciones enteras", pero "hoy ese mismo diseño urbano que debería garantizarnos estabilidad se ha convertido, paradójicamente, en el escenario donde mejor se observa la fragilidad de la protección pública a la vivienda navarra".

Según ha explicado, en los últimos meses "se han multiplicado los lanzamientos judiciales por impago o por finalización de contrato". Al mismo tiempo, denunciaron la coexistencia "en las mismas calles" de "pisos tapiados y cerrados, propiedad de grandes tenedores, con familias que no encontramos dónde vivir".

"Esto no es escasez de vivienda, es un modelo que trata a la vivienda como activo financiero antes que como derecho social y una administración que no siempre está a la altura de lo que la situación exige", ha añadido.

Como ejemplo, Magdalena Resa ha destacado "el caso más ilustrativo" en Sarriguren: los antiguos bloques de VPO en alquiler de hace 20 años en la Plaza de Puerta Bastain y la Plaza Ibia.

Según ha relatado, en 2018 "un fondo de inversión extranjera adquirió esos edificios y externalizó su gestión a una subcontrata" y, "desde entonces, más de 170 familias viven en la incertidumbre de qué ocurrirá con su hogar cuando esa protección se extinga".

"Este no es un caso excepcional, es la avanzadilla de lo que se nos viene encima", ha subrayado, para afirmar que, mientras tanto, en Sarriguren conviven "con pisos vacíos, tapiados y cerrados con candado por grandes tenedores que prefieren retener el activo antes que ponerlo en el mercado, mientras familias vulnerables son desalojadas de las viviendas de al lado".

Por su parte, Nil Solá ha descrito "un circuito que se repite" y que consiste en que "la propiedad de la vivienda, Nasuvinsa, para descargarse de la gestión del alquiler cuando llega el desenlace, no mantiene los contratos de las familias con informe de vulnerabilidad, alegando que existen casos más graves, y el resultado final es que gana la propiedad y pierde la familia".

También ha cuestionado la capacidad de respuesta municipal: "El Ayuntamiento del Valle de Egüés, con quien primero contactan las familias afectadas, no siempre dispone de recursos, de protocolos claros ni de capacidad real de respuesta para intervenir antes de que el desahucio sea un hecho consumado".

"La respuesta ante un desahucio sigue dependiendo con demasiada frecuencia de la improvisación, de la movilización vecinal o de que el caso llegue a los medios de comunicación, en lugar de activarse de forma automática y garantizada", ha agregado, reclamando "reforzar con medios humanos y económicos reales la capacidad de los servicios sociales del Valle de Egüés para intervenir de forma temprana".

Entre las peticiones formales que ha trasladado la plataforma figuran la supervisión activa y sanción efectiva del incumplimiento de los límites de precios por parte de grandes tenedores en el Valle de Egüés; y una garantía real y alternativa habitacional ante cualquier desahucio que afecte a una familia vulnerable.

También la extensión del alcance temporal de la Ley Foral 14/2026 para cerrar el vacío que pueda dejar fuera de la protección a las promociones de VPO en alquiler cuyo plazo hubiera vencido antes de su entrada en vigor, con especial atención a Sarriguren; y el impulso de fórmulas de recuperación de viviendas protegidas descalificadas, especialmente cuando estén en manos de grandes tenedores.

La Plataforma ha insistido en que el objetivo es "colocar el derecho a la vivienda en el centro de la respuesta pública" y evitar que la protección dependa "del azar, la exposición mediática o la presión vecinal", apostando por protocolos automáticos, recursos suficientes y una coordinación ágil entre administraciones.