Que las grandes intervenciones urbanísticas en el Casco Viejo de Pamplona son especialmente complejas es una realidad difícil de cuestionar. Pocos proyectos lo ejemplifican mejor que el aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo, cuya historia se remonta a principios de la década de 1990 y que, más de treinta años después, sigue pendiente de ejecución. En este tiempo, la iniciativa ha atravesado sucesivas modificaciones técnicas, cambios de planteamiento, informes patrimoniales, dificultades económicas y un intenso debate político que han retrasado, una y otra vez, su materialización.

La iniciativa comenzó a fraguarse en 1993, durante el mandato de Javier Chourraut como alcalde. El objetivo era dar respuesta a una demanda histórica de los residentes del centro de la capital, que sufrían una acusada falta de plazas de aparcamiento. El proyecto se concebía como una actuación estratégica para mejorar la calidad de vida del barrio: permitiría reducir el tráfico de búsqueda de estacionamiento, liberar espacio en superficie y favorecer la recuperación urbana de una zona especialmente sensible desde el punto de vista histórico y patrimonial.

CONCURSOS Y FRACASOS

La ubicación elegida, las Huertas de Santo Domingo, ofrecía una oportunidad urbanística por tratarse de un espacio degradado situado junto al sistema defensivo de las murallas de Pamplona. Sin embargo, esa proximidad a uno de los conjuntos fortificados mejor conservados de Europa convirtió desde el primer momento la protección patrimonial en uno de los principales condicionantes del proyecto.

El primer diseño contemplaba un aparcamiento subterráneo de aproximadamente 600 plazas distribuido en dos plantas, con accesos desde la cuesta de Santo Domingo. En 1994 el consistorio aprobó la propuesta con un amplio respaldo político, aunque ya entonces comenzaron las discrepancias con Príncipe de Viana, organismo competente en materia de patrimonio histórico.

Contrariamente a una percepción extendida durante años, esta institución nunca emitió un rechazo absoluto al aparcamiento. Sus informes se centraron en exigir que la actuación respetara la integridad del sistema defensivo, minimizara el impacto visual sobre las murallas y preservara tanto la topografía histórica como los elementos arqueológicos existentes. Estas exigencias obligaron a revisar sucesivamente los diseños, modificando accesos, recorridos, edificaciones auxiliares y tratamientos paisajísticos.

Y mientras se intentaban resolver estas cuestiones, el Ayuntamiento trató de sacar adelante la obra mediante concesión administrativa. Sin embargo, los dos concursos convocados en 1996 y 1997 fracasaron. El primero quedó desierto al no ajustarse la única oferta presentada a las condiciones del pliego, mientras que el segundo ni siquiera despertó interés entre las empresas constructoras. Aquellos fracasos pusieron de manifiesto que, además de las dificultades técnicas, existían importantes dudas sobre su viabilidad económica.

A finales de los años noventa el proyecto experimentó su primera gran transformación. Dejó de plantearse exclusivamente como un aparcamiento para residentes y comenzó a incorporar un polideportivo subterráneo y otros equipamientos públicos destinados a reforzar el papel del Casco Viejo como espacio residencial. Durante casi una década, la iniciativa permaneció prácticamente paralizada, hasta que en 2007 el consistorio decidió recuperarla mediante un concurso internacional de ideas. El proyecto ganador, redactado por los arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús Leache, reformuló completamente la intervención. Además del aparcamiento y el polideportivo, incorporaba ascensores urbanos, nuevas conexiones peatonales y una potente recuperación del entorno de las murallas.

APUNTES ASUMIDOS

Fue en esta fase cuando se produjo uno de los hitos más relavantes del proceso: el informe emitido por Príncipe de Viana en 2009. Lejos de bloquearlo, el organismo formuló una serie de observaciones y condiciones para reducir el impacto. Entre otras, solicitó modificar los accesos de vehículos, conservar determinados elementos históricos, evitar alteraciones del perfil del Baluarte de Parma y reubicar algunos elementos arquitectónicos. Los propios redactores del proyecto interpretaron aquellas exigencias como “modificaciones asumibles”. Sin embargo, cuando parecía que ya estaba hecho, apareció un nuevo problema: la financiación. La crisis económica iniciada en 2008 alteró profundamente las prioridades de las administraciones. El coste aumentó progresivamente, al tiempo que descendía el interés del sector privado por participar en una concesión de fuerte complejidad técnica y elevado riesgo económico.

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Mientras UPN y PSN defendían el aparcamiento como “una infraestructura imprescindible”, otras formaciones comenzaron a cuestionar la conveniencia de construir nuevos parking en una ciudad que avanzaba hacia políticas de impulso del transporte público, movilidad peatonal y bicicleta. Durante la legislatura 2015-2019 Pamplona volvió a impulsar diversos estudios técnicos. Se realizaron campañas geotécnicas, prospecciones arqueológicas, estudios por georradar y un sondeo entre los vecinos. Los resultados confirmaron tanto la viabilidad técnica de la excavación como la existencia de una elevada demanda de plazas de aparcamiento.

BLOQUEO REITERADO

Pese a ello, la actuación volvió a quedar aplazada debido a las limitaciones presupuestarias. En los años siguientes, los costes continuaron incrementándose hasta superar ampliamente las previsiones iniciales, situándose en 23 millones de euros. Este aumento provocó nuevos retrasos.

La evolución del proyecto de las Huertas de Santo Domingo refleja, en definitiva, cómo una infraestructura inicialmente concebida como un aparcamiento para residentes fue transformándose en una compleja operación de regeneración urbana que integra movilidad, equipamientos deportivos, recuperación paisajística y protección del patrimonio. Así durante más de tres décadas. Ahora, habrá que ver si el plan del equipo de gobierno sale, por fin, adelante, con sus 450 plazas de aparcamiento.