El asentamiento ilegal del parque de Aranzadi de Pamplona y las personas que, también de manera ilegal, ocupan la antigua ikastola Jaso de Echavacoiz son dos temas recurrentes en esta legislatura con la crítica constante de UPN y PP de inacción al equipo de gobierno de EH Bildu, Geroa, Bai y Contiguo Zurekin con los consiguientes problemas de insalubridad y seguridad ciudadana y la respuesta del tripartito de que es un tema que transciende fronteras y del aumento de recursos con las personas sin hogar, además de redoble de patrullaje policial.

Hoy, en la comisión de Presidencia, volvió a abordarse la cuestión de la mano de UPN que llevó una declaración en la que se instaba al equipo de gobierno al derribo de Jaso porque continúan las incidencias en el antiguo inmueble educativo. Según los regionalistas, aunque no han aumentado en número respecto a primer cuatrimestre del año pasado -alrededor de 90- sí se ha producido un suceso inquietante para la seguridad de los ocupantes y del resto del vecindario: ha habido que intervenir por 5 incendios, según los informes de Policía Municipal

En Arazandi, los regionalistas pedían desmantelar posibles asentamientos ilegales que se han reproducido tras el desalojo de un centenar de personas de agustinas el 13 de abril. Y en especial de aquellas se han puesto sus tiendas de campaña en zonas inundables del parque fluvial. Aquí, afirmó el concejal Javier Labairu, sí han subido en un un 15% las incidencias -de 74 en el primer cuatrimestre del año pasado a 85- de las que destacó 14 por incendios, 8 por ocupaciones de inmuebles y 6 por detenciones.

En ausencia del edil de Geroa Bai, los socios de gobierno de EH Bildu y Contigo Zurekin contaron con el respaldo de PSN para bloquear la propuesta a la que sí dio su voto afirmativo PP. El argumento compartido por los tres fue que el desalojo de Ikastola Jaso estaba judicializado -como bien sabía Labairu, le reprocharon- por lo que no se podía proceder al derribo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso (EH Bildu), le recriminó que el Ayuntamiento había actuado dentro de sus competencias con la mayor celeridad: se había convocado el consorcio del TAP -con representación del Gobierno de Navarra y ayuntamientos por los que discurrirá el futuro corredor del tren de altas prestaciones- para abordar el asunto y desde Urbanismo se ha trabajado en los permisos de derribo cuando la propiedad lo requiera. “¿Qué quiere? ¿Que nos saltemos un procedimiento judicial?”, se defendió Alonso.

De Aranzadi, el grueso de la réplica recayó en el edil de Asuntos Sociales, Txema Mauleón (Contigo Zurekin), que tachó de hipócritas a los regionalistas con el tema del sinhogarismo porque, afirmó, ningún representante de UPN acudió la reunión convocada por el Ayuntamiento de Pamplona con otros consistorios de la comarca y los principales de Navarra para acordar políticas comunes para tratar este fenómeno. “Reunión organizada para responder una declaración socialista que lo solicitaba y aprobamos por unanimidad”. Mauleón añadió que el área municipal ha duplicado los recursos. “ Donde ustedes tenían 3 educadores de calle nosotros 5, en Etxe Bat (viviendas compartidas para personas sin hogar) nadie nosotros a 15. Y hemos rehabilitado 33 viviendas municipales”.

Y entre medio, PSN y PP. Los primeros, por medio de Eloy del Pozo, diciendo que los socialista tenían tolerancia cero a los asentamientos ilegales pero que la solución no era una acción policial como demandaba UPN, sino políticas de abordaje sociales. Y el popular Carlos García Adanero argumentando que había coincidencia en los colores que gobernaban Ayuntamiento, Ejecutivo foral y español por lo que se podían haber acordado acciones que, sin embargo, seguían sin aparecer lo que contribuía a la inseguridad ciudadana.

Cerró el debate Javier Labairu insistiendo en sus argumentos, en que la única solución para la ikastola Jaso era la demolición porque el lugar era un foco de atracción a personas sin hogar. “Y estamos poniendo en riesgo su vida”, dijo, además de reflejar el malestar del vecindario de Echavacoiz y que Cáritas del barrio había duplicado el número de usuarios en el barrio. E insistió en que los nuevos asentamientos de Aranzadi en zonas inundables tras el desalojo de Agustinas también suponían un peligro para sus moradores. “Ruido y más ruido”, resumió su intervenciones Endika Alonso.