Atalaya Superficies Comerciales, la firma que promovió hace más de seis años un centro comercial en el polígono de Salesianos, entre Sarriguren y Olaz (Valle de Egüés), aguarda la respuesta de ese Consistorio a su propuesta para regularizar el proyecto. El pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés abordará en su sesión de este miércoles la modificación pormenorizada del plan general para poder incluir en la zona donde ya construyó varios edificios, una superficie comercial. El trámite requiere el apoyo de la mayoría absoluta del pleno (un mínimo de 11 votos en una corporación de 21 y ocho grupos), pero ya en comisión no fue aprobado ante la oposición mayoritaria derivada en parte de la oposición de la asociación local de comerciantes. La alcaldesa, Xuriñe Peñas (UPN), que gobierna como lista más votada y en minoría, lo ha incluido en el orden del día y expone que es un paso para que el plan pueda someterse a información pública y afectados e interesados puedan alegar o proponer medidas.

El centro comercial proyectado, para instalar tiendas y establecimientos de hostelería, se tramitó a través de un PSIS aprobado en 2022 por el Gobierno de Navarra. Sin embargo, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra quedó anulado en diciembre de 2023. Se atendía así a las reivindicaciones de asociaciones de comerciantes que habían cuestionado su instalación al no tratarse de una zona eminentemente residencial (sólo se contabilizó el polígono donde se instaló Salesianos). La modificación la planteó el promotor en 2025 como vía para atender a la ley que marca que se pueden instalar los centros en suelos de estas características. El pleno tendrá la primera palabra.

Además de la modificación del plan propuesta por Atalaya para regularizar el proyecto y adecuarlo a la normativa sobre grandes superficies, la promotora de centros comerciales y de ocio activó en noviembre pasado una reclamación patrimonial ante el Gobierno de Navarra al no ver avances en un nuevo PSIS por parte del Ejecutivo y ni en la Ley de Comercio, que confiaban en que recogería situaciones como la de su  proyecto, próxima a cascos urbanos como Sarriguren, Gorraiz y Olaz, pero sin consideración en el documento aprobado. Estimó en diez millones los daños por la “parálisis administrativa del parque comercial”. El expediente sigue pendiente.