Política municipal

Beriáin saldó una deuda gracias a unos terrenos para viviendas en los que no se puede construir

Un informe de 2022 alertó de vertidos de lodos y sal de la mina bajo las parcelas, propiedad de Caja Rural, que descarta edificar ahora tras nuevos estudios

Vista parcial de los terrenos ya urbanizados en Beriáin. Al fondo los edificios levantados donde estuvieron las cocheras. A la derecha, el parque
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Vista parcial de los terrenos ya urbanizados en Beriáin. Al fondo los edificios levantados donde estuvieron las cocheras. A la derecha, el parqueMIGUEL OSÉS
Vista parcial de los terrenos ya urbanizados en Beriáin. Al fondo los edificios levantados donde estuvieron las cocheras. A la derecha, el parque

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Diario de Navarra

Actualizado el 10/04/2026 a las 08:58

La solución que el Ayuntamiento de Beriáin alcanzó inicialmente en 2022 con Caja Rural de Navarra para saldar la deuda con la entidad de 3,9 millones de euros más intereses de su antigua sociedad pública como consecuencia de una sentencia firme de 2016 de la Audiencia Provincial de Navarra puede volverse en contra de los intereses municipales. Los terrenos que urbanizó el Consistorio en 2024 con cargo a sus arcas municipales y en su mayor parte propiedad de la Caja, que habían sido recalificados como urbanizables en 2010 por el Gobierno de Navarra, forman parte de lo que en día fue el vaso de Salinas, utilizado por Potasas de Navarra y Potasas de Subiza en los procesos de vertido de sal y de lodos generados en la fabricación de potasa y sal.

Un informe de 2022 alertó de esta circunstancia y le recordó que habían sido vendidos en 2005 al Ayuntamiento por un euro para su uso como parque público, tras un proyecto de recuperación con relleno de materiales de obra llevado a cabo por ANECOP. Advertía también de que el origen y uso anterior podían tener consecuencias en caso de edificación, como la que se contempla en el plan urbanístico, con bloques de viviendas de hasta cinco alturas. De hecho, un año y medio después del estreno de la urbanización Caja Rural ha confirmado que, tras un informe técnico que lo desaconseja, no va dar ningún paso para construir los más de 200 pisos previstos en cinco parcelas que, por otra parte, obtuvo por 600.000 euros tras el proceso concursal de la sociedad pública Morelucea.

El informe es obra de Posusa, la sociedad que en la actualidad se encarga de recuperar los terrenos ocupados en su día por la actividad minera entre los años 60 y 90 del siglo pasado. Llegó al Consistorio de Beriáin en marzo de 2022. Semanas después de que trascendiera el acuerdo con Caja Rural negociado por el alcalde, José Manuel Menéndez (Adelante Beriain Aurrera) para saldar la deuda a través de la urbanización de unos terrenos que hubiera tenido que gestionar la entidad como propietaria de la mayoría de las parcelas. En aquel acuerdo ya se recogía la posibilidad de construir viviendas en los terrenos de Caja Rural y en una parcela dotacional del Consistorio.

Aún así, el proceso siguió adelante y el acuerdo definitivo con la entidad se aprobó en pleno en febrero de 2023 con apoyo del grupo de alcaldía, Adelante Beriáin Aurrera, que gobernaba como en la actualidad con mayoría absoluta, y del PSN. Se abstuvo entonces Navarra Suma, que completaba el pleno tras la dimisión de otra agrupación independiente en 2020.

El acuerdo era un convenio que fijaba las condiciones para saldar la deuda, que rozaba los cinco millones de euros según los cálculos municipales, a cambio de la urbanización. La entidad local debía hacerse cargo de las mismas. Licitarlas y pagarlas. 2,5 millones de euros de acuerdo a un proyecto de urbanización que también incluyó mejoras en la red de pluviales del pueblo acordadas con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Para financiar las obras el Ayuntamiento de Beriáin concertó un crédito tras un proceso público que recayó en la propia Caja Rural.

La inauguración se llevó a cabo en septiembre de 2024, horas antes del cohete de fiestas. Con presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro. Se justificaba su participación por el acuerdo que también había negociado alcaldía para que la sociedad pública Nasuvinsa construyese 34 vivienda de alquiler para vecinos de la localidad en la parcela dotacional que había correspondido al Ayuntamiento de Beriáin en la reparcelación. Se adecuaron además zonas de aparcamiento que hoy utilizan algunas caravanas, una zona de paseo y un parque infantil.

Meses después del fin de la urbanización, un informe técnico que encargó Caja Rural desaconsejaba la edificación. Desde la entidad aseguraron que “lógicamente no se va a dar ningún paso al respecto”. Al mismo tiempo, no concretaron medidas judiciales al respecto tras la nueva situación.

CLAVES
​Parte del vaso de Salinas.
Los terrenos de la ahora denominada US-1 ampliada, donde el Gobierno foral aprobó definitivamente una recalificación que los convertía en edificables, formaron parte del Vaso de Salinas. En el límite del casco urbano de Beriáin, donde se construyó el poblado de Potasas y donde se edificaron las cocheras sobre las que se levantaron dos edificios de viviendas al estilo de los proyectados en la ampliación.
Desde 2010, urbanizables. Potasas de Subiza vendió al precio de un euro, en 2005, al Ayuntamiento de Beriáin una porción de casi 64.000 de los 260.000 m2 que ocupaba este terreno minero que había sido objeto de una recuperación por ANECOP en 2005. Debía destinarse a parque. El Ayuntamiento promovió una recalificación para construir, a través de su sociedad pública Morelucea, más de 200 viviendas, continuidad de las de las antiguas cocheras.
Problemas con Morelucea. La crisis derivada del estallido de la burbuja urbanística llevó al Ayuntamiento de Beriáin (la sociedad Morelucea) a concertar un crédito para pagar las viviendas y puso como aval el terreno, pendiente de completar la recalificación y valorado en 4 millones al concluirse este proceso. Finalmente la empresa acabó en situación concursal y Caja Rural se hizo con parte de los terrenos y recurrió el procedimiento llevado a cabo. Una primera sentencia dio la razón al Ayuntamiento y la Audiencia, tras un recurso, a Caja Rural, a la que el Consistorio acabó debiendo 3,9 millones, una deuda que saldó a cambio de urbanizar los terrenos.

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