La premisa de que una persona no puede ser al mismo tiempo profesor y alumno en un mismo centro educativo ha motivado la anulación de una matrícula en Navarra, pero el Defensor del Pueblo cuestiona que esa limitación pueda imponerse sin una base legal expresa, al considerar que afecta al derecho a la educación del docente implicado.

El origen del problema, según dicta el documento, radica en la decisión del Departamento de Educación de cancelar la citada matrícula bajo el argumento de que una persona no puede simultanear la condición de docente y estudiante en un mismo centro educativo.  Sin embargo, el propio Departamento reconoce que no existe ninguna norma que establezca expresamente esa prohibición. Por ello, en su defensa, apela a principios generales como la imparcialidad e independencia del personal docente, así como a posibles situaciones de desigualdad respecto al resto del alumnado.

No obstante, el Defensor del Pueblo considera que este es precisamente el núcleo del problema: la administración ha aplicado una limitación que carece de respaldo legal expreso. A juicio de la institución que dirige Patxi Vera, “basar una decisión restrictiva en interpretaciones o principios generales, sin una norma concreta que la sustente, supone vulnerar derechos”, en este caso el correspondiente a la educación del afectado.

LEGÍTIMO

Por si fuera poco, la resolución también cuestiona la solidez de los argumentos utilizados. Señala que el hecho de compartir centro de trabajo no implica, por sí mismo, una falta de imparcialidad, ya que ni siquiera constituye “causa de abstención o recusación” (no ser impacial) según la normativa administrativa vigente. De aceptarse este razonamiento, dice el Defensor del Pueblo que se abriría la puerta a limitar de forma generalizada la capacidad del profesorado para evaluar a cualquier alumno con el que mantenga algún tipo de relación profesional, lo que resultaría desproporcionado.

En definitiva, el problema se localiza precisamente en la inexistencia de una base normativa que las legitime. Por ello, la resolución estima que la actuación del Departamento de Educación “no es conforme a Derecho” y sugiere a Gobierno de Navarra dejar sin efecto la anulación de la matrícula, restaurando la situación previa.