Catorce entidades sociales de Pamplona (Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, Paris 365, Sos Racismo Navarra, Punto de Información para Personas Migradas, Asociación Lantxotegi Elkartea, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Etxebizitza Sindikatu Sozialista Iruñerria, Haritu Elkarlaguntza Sarea, Salhaketa Nafarroa, Centro Lasa, Dar Etxea, Asamblea Padrón Iruñea e Itaka Escolapios) han presentado dos quejas formales ante el Defensor del Pueblo de Navarra en las que denuncian que el Ayuntamiento de Pamplona está incumpliendo de forma reiterada la legislación sobre empadronamiento de personas sin hogar.

Las organizaciones advierten de que el consistorio retrasa, obstaculiza y deniega de manera generalizada el empadronamiento de estas personas, una práctica que impide el acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria, la escolarización, el sistema de protección social o la regularización administrativa. Prácticas anuladas por los tribunales y retrasos deliberados. "Incumple la ley", denuncia una de estas entidades.

En febrero de 2024, el Ayuntamiento paralizó la tramitación de las solicitudes de empadronamiento de personas sin domicilio fijo, a la espera de un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, pese a que la ley fija un plazo máximo de tres meses para resolver, tras el cual debe practicarse el empadronamiento por silencio administrativo positivo.

Nueve meses después, en noviembre de 2024, y tras la presión de las personas afectadas, el Ayuntamiento procedió a empadronar a varias de ellas, imponiendo simultáneamente una instrucción que obligaba a comparecer quincenalmente en dependencias municipales. Esta exigencia fue anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), lo que obligó al propio consistorio a dejarla sin efecto el 30 de mayo de 2025. Prórrogas masivas y denegaciones sin verificación

Ese mismo día, el Ayuntamiento aprobó la ampliación del plazo de resolución de los expedientes de empadronamiento de tres a seis meses. Entre el 30 de mayo de 2025 y el 26 de enero de 2026 dictó 36 resoluciones de prórroga que afectan a 562 solicitudes, alegando un aumento “enorme” de expedientes y la dificultad para verificar la residencia habitual.

Las entidades consideran estas ampliaciones ilegales e injustificadas y recuerdan que el Defensor del Pueblo de Navarra ya recomendó en julio de 2025 su revocación, una recomendación que el Ayuntamiento rechazó expresamente.

Según denuncian, agotados los plazos ampliados, el Ayuntamiento está denegando de forma casi automática las solicitudes de empadronamiento sin realizar actuaciones reales de verificación de la residencia, vulnerando la normativa vigente. A ello se suma la exigencia reciente de una residencia mínima previa de tres meses, un requisito arbitrario y sin cobertura legal. Bajas de oficio irregulares e instrucciones ilegales

Las organizaciones denuncian también bajas de oficio de personas empadronadas en dependencias municipales, realizadas sin causa, sin notificación efectiva y sin resolución del órgano competente, por lo que consideran que son nulas de pleno derecho.

Asimismo, alertan de la existencia de una instrucción interna ilegal que vincula el empadronamiento a la intervención social, fija un límite máximo de dos años y obliga a la recogida presencial de notificaciones, reproduciendo exigencias ya anuladas por el TAN. Exigen el cumplimiento inmediato de la ley

Por todo ello, solicitan al Defensor del Pueblo de Navarra que recomiende al Ayuntamiento de Pamplona que cese de inmediato estas prácticas y garantice el empadronamiento de las personas sin hogar conforme a la legalidad vigente.