Convivencia
Nueva denuncia vecinal por una bajera okupada en Pamplona: "La situación es insostenible"
Los vecinos denuncian la situación “cronificada de un local donde duermen unas 17 personas con enganches ilegales de luz, agua, y mucha inseguridad”
Actualizado el 26/01/2026 a las 22:18
La comunidad de vecinos del número 11 de la calle Río Alzania de Pamplona y residentes en las vías adyacentes denuncian “públicamente” una situación que califican de “límite, cronificada y absolutamente intolerable derivada de la ocupación ilegal de una bajera que ha convertido la zona en un foco permanente de inseguridad, insalubridad y degradación social”. Aseguran que “el ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida eficaz, pese a conocer los hechos”. El vecindario, reunido en un encuentro que llenó el centro cívico de Azpilagaña este 15 de enero, refleja su “hartazgo y el abandono” que sienten ante la Administración y subraya la alarma social existente.
En la reunión se expuso que “los menores no pueden circular solos por la calle por miedo a lo que ocurre en el entorno de la bajera; se ha incrementado el número de robos en viviendas; menores de edad acuden en patinete a la bajera para trapichear”.
La bajera es de titularidad privada y está ocupada desde hace ocho o nueve años, según explica Eva Lacunza, administradora de la comunidad de vecinos. “Sin título habilitante alguno han convertido la bajera en un espacio con enganches ilegales a las redes de agua y electricidad del edificio, en cuyo interior hacen hogueras y barbacoas, con trasiego constantes de personas ajenas al inmueble, un local presuntamente vinculado al consumo y tráfico de sustancias estupefacientes”, sostienen los vecinos.
Eva Lacunza describe que es habitual que pernocten en la bajera unas 17 personas, y que siempre hay alguien en su interior. Hay una mujer que gestiona el local y cobra a las personas que duermen en él. Los vecinos recuerdan una noche en la que al parecer alguien no le pagó, ella le negó la entrada y él cogió un colchón junto a un contenedor cercano y le prendió fuego frente a la puerta. Eva Lacunza subraya que la situación es insostenible. “Ya no sabemos qué hacer, hemos llamado y acudido al ayuntamiento y a la Policía Municipal infinidad de veces, pero la policía asegura que tienen las manos atadas y que no pueden hacer más. No lo podemos entender”, señala y afirma que la comunidad lleva gastados más de 5.000 euros para reparar los desperfectos provocados por los ocupas tras los enganches ilegales...
“El olor es insoportable, los gremios que han venido nos han dicho que no volverán”, indica y la policía les dice que es la “morada” de estas personas. “¿Un local que carece de cédula de habitabilidad, que no tiene agua, ni luz, ni baño?”, se preguntan. Y anuncian que ante la ausencia de denuncia por parte de la propiedad, los vecinos han iniciado la vía penal. “La tramitamos en enero y nos han dado cita para el 26 de marzo, se entiende que entonces nos dirán cuándo se celebrará el juicio, pero no podemos más, la gente teme represalias, porque se te encaran y nadie se atreve a pasar por delante, damos toda la vuelta por las escaleras de Río Ega”, apuntan.
La comunidad ha pedido al ayuntamiento “inspecciones, medidas cautelares y actuaciones urgentes dentro de sus competencias”. Pero, afirman, “la respuesta municipal se ha limitado a un mensaje estandarizado de vigilancia y patrullaje, una contestación claramente insuficiente, evasiva e irresponsable”, consideran. Inciden en que “el ayuntamiento tiene la obligación legal, no la opción, de actuar cuando existen riesgos para la seguridad ciudadana, la salud pública y la protección de menores y no hacerlo implica asumir una responsabilidad directa por las consecuencias que puedan derivarse”. Por ello reclaman al consistorio: “Una inspección inmediata y exhaustiva del local, medidas cautelares urgentes, incluida la inutilización de conexiones ilegales, el ejercicio efectivo de sus potestades administrativas y que no se normalice que barrios enteros queden rehenes de ocupaciones ilegales”. Han acudido a la vía penal, pero entienden que “la seguridad ciudadana no puede descargarse exclusivamente en los tribunales mientras la administración permanece inmóvil”.
Consideran que la situación de Río Alzania “no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de un problema estructural que se repite en distintos barrios de Pamplona, donde la acumulación de intervenciones policiales sin decisiones administrativas firmes termina dejando a los vecinos solos, desprotegidos y rehenes”.
