Lo que parecía un desperfecto menor acabó convirtiéndose en una reclamación administrativa. La rotura del cristal de la puerta de un panteón en el cementerio municipal de Pamplona llevó a una vecina a solicitar explicaciones y responsabilidades al Ayuntamiento, al considerar que el daño podía haberse producido durante los trabajos de mantenimiento del recinto. Una vez detectado el problema, la propietaria del panteón presentó una queja formal y pidió que el consistorio asumiera el coste de la reparación. 

La institución analizó el caso pero rechazó la reclamación al entender que “no existían pruebas” que acreditaran que la incidencia hubiera sido causada por los servicios municipales. Según explica Pamplona, la máquina de limpieza del cementerio se utiliza únicamente en los pasillos y caminos, sin acceder a las zonas interiores donde se encuentran los panteones. Además, el cristal dañado está protegido por barrotes metálicos, lo que hace “poco probable” que el vehículo pudiera romperlo sin afectar también a esa protección.

Ante la negativa local, la afectada decidió recurrir y el caso llegó al Tribunal Administrativo de Navarra. El órgano examinó la documentación aportada y reconoció que el cristal estaba roto y debía ser sustituido, pero subrayó que el daño no implicaba automáticamente que la responsabilidad fuera del Ayuntamiento. Para ello, sería necesario demostrar que el desperfecto se produjo como consecuencia directa de una actuación municipal.

Por todo ello, el juez dictaminó que no se puede determinar ni el momento ni la causa exacta de la rotura; como tampoco vincularla con los trabajos de limpieza o mantenimiento propias del cementerio de San José. Esto quiere decir que, al no acreditarse esa relación directa que reclamaba la vecina de Pamplona, se respalda el argumento del consistorio; lo que implica la automática desestimación de la queja ciudadana. 

En este sentido, matizar que la resolución recuerda que la administración “tiene la obligación de mantener el cementerio en condiciones adecuadas”, aunque también sostiene que Pamplona “no puede responder de todos los daños” que se produzcan si no queda demostrado que han sido causados por su intervención.