El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Cohesión Territorial, no se ha dado por aludido tras la comunicación por parte del promotor del centro comercial en el polígono de Salesianos (entre Olaz y Sarriguren) de que ha iniciado los trámites para la reclamación patrimonial de más de diez millones de euros al Gobierno de Navarra tras el bloqueo del proyecto aprobado en 2022 por el Ejecutivo y anulado por los tribunales en 2023 en respuesta a una reclamación de asociaciones de comerciantes de Navarra. Aseguran en Ordenación del Territorio, que fue quien dio luz verde al PSIS para un gran establecimiento comercial luego anulado, que no han recibido la solicitud. Cuestionan también la tesis del promotor, Atalaya Superficies Comerciales, al asegurar que la anulación del PSIS no significa que automáticamente se deduzca una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. El proyecto, paralizado cuando avanzaba la construcción de dos de los cinco edificios proyectados, avanza en la parte de servicios y hostelería. Tiene bloqueados, sin embargo, acuerdos con firmas comerciales, de ahí su petición. En una primera estimación, la firma que promovió el PSIS e inició las obras ha estimado que ha perdido más de diez millones de euros. 

El departamento de Cohesión Territorial respondía este jueves que no había recibido la reclamación de Atalaya en respuesta a la pregunta de este periódico sobre la situación del expediente y los pasos dados al respecto tras la anulación del PSIS que aprobó el Gobierno y bloqueó el proyecto. Desde la promotora insistían en que Cohesión Territorial había recibido el burofax dirigido al consejero, Óscar Chivite, y al director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén. En él comunicaban que se había iniciado el proceso de activación de reclamación patrimonial. Pedían, asimismo, una reunión para intentar acercar posturas.

La comunicación es el primer paso para la reclamación, que se prolonga varios meses. Después se formaliza ante la administración y se abre un plazo de seis meses para que ésta responda. Desde Ordenación del Territorio sostuvieron que cuando se reciba (formalmente), se estudiará y resolverá en consecuencia. Nada más explicaron al respecto. Tan sólo una puntualización. “La anulación de un PSIS no significa que automáticamente se deduzca una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración”, señalaron desde el gabinete de Cohesión Territorial.

BUROFAX

En su comunicación, a través de un burofax, Atalaya avanzaba al Gobierno de Navarra que preparan una solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración ante el Gobierno de Navarra en reclamación de los daños y perjuicios “ocasionados por la anulación del PSIS como consecuencia de su deficiente tramitación administrativa”. Indicaban que la anulación era definitiva tras haberse rechazado un recurso de casación por la anulación que llevó a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.