No hubo sorpresas y se oficializó en pleno de Pamplona la puesta en escena del pasado día 7 cuando el equipo de gobierno de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin anunciaron el acuerdo alcanzado por tercera vez con el PSN para dotar de presupuestos a la ciudad. Aquel día, escenificaron el apoyo con la rúbrica del documento económico para 2026 en una de las salas nobles de la casa consistorial. Y hoy, en la sesión municipal extraordinaria convocada a las nueve de la mañana, con los votos del tripartito y socialistas, se ha dado curso a esos casi 294 millones de euros, los más altos en la historia de la capital navarra. Para mostrar su desacuerdo, UPN y PP llevaron sendas enmiendas a la totalidad que, sabían de antamano, estaban abocadas al fracaso por su minoría de votos, al igual que las 24 presentadas en solitario por los regionalistas que ascendían a 7 millones de euros. 

La moción de censura de diciembre de 2023 por la que EH Bildu arrebató la alcaldía a Cristina Ibarra de UPN en favor de Joseba Asiron, respaldada por sus ahora socios de gobierno y PSN, sobrevoló todo el debate. Porque tanto para UPN como para PP, ese pacto no respondía a que la ciudad estuviera paralizada y al borde del colapso económico.

 "Es un paripe. Ya sabemos que el de 2027 también  lo tienen hecho", dijo Cristina Ibarrola. "Entiendo que no hablen por Cerdán; si no fuera por él, Asiron no sería alcalde". La presidenta de UPN y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Pamplona insistió en que PSN se ha plegado a EH Bildu con un presupuesto donde se les dan "tres chucherías" (en referencia a las enmiendas del PSN de 4,3 millones de euros). "Ese acuerdo de sus jefes fraguado en un caserío no respondía sólo a sillones e intereses políticos, también a intereses espureos de Cerdán para seguir mordiendo en obras públicas".

Un argumento compartido por la edil popular Carmen Alba que tachó -y concidió de nuevo con UPN-la propuesta económica de sectarista, con partidas a dedo para asociaciones afines o imposición creciente del euskera pero que sige sin dar respuesta a los problemas reales del ciudadano, políticas de ayuda al acceso a la vivienda, mayor seguridad en las calles o garantizar la matrícula gratuita para las escuelas infantiles. "Y lo único que hacen es anunciar planes que nunca se realizan, como el de vivienda", les criticó Alba, a lo que desde UPN añadieron que no se da curso a esos PSIS que sí posibilitan esos miles de pisos, los de Echavacoiz y Donapea.

Desde el tripartito, el peso de la réplica cayó en Garbiñe Bueno (EH Bildu), encargada del área de Hacienda, que defendió el presupuesto como equilibrado y progresista. Llegó incluso a decir que Pamplona era un oasis a las políticas crecientes de extrema derecha cuyo discurso, añadió, han incorporado UPN y PP para rebañar votos. La concejala dijo que las arcas municipales tendrán un ahorro neto de 6 millones y una deuda viva que no llega al 10% cuado la ley permite hasta  el 122%. Destacó los 35 millones para inversiones con 12 para Sarasate o el incremento en un 75% de las partidas para la tercera edad. "Y será el año de la consolidación de la vivienda asequible en Donapea, Echavacoiz, el PEAU de la UPNA y promociones en Sadar, Buztintxuri o Lezkairi". También quiso subrayar los 17,6 millones para seguridad, con un plan de convivencia para todas las víctimas.

Un plan que no convence ni a UPN ni a PP. Para ambas formaciones se pretende equilibrar a las víctimas de ETA con otras "de dudosa procedencia" recogidas bajo la ambigua descripción de "violencia política". Y metidos en números, criticaron el aumento de impuestos y tasas a la ciudadanía -con especial énfasis en la subida de la contribución- que no se refleja en una mejora de servicios ni en dotaciones. Un ejemplo de ello es que ni tan siquiera se haya comenzado el civivox de Erripagaña. Pero el tripartito y PSN acusaron a su vez a los regionalista de ocultar el informe que pedía actualizar la ponencia de valoración por lo que Pamplona dejó de ingresar, recordó la socialista Marina Curiel, unos 30 millones. Los mismos, replicaron UPN y PP, que cuando el gobierno de María Chivite quitó a Pamplona la carta de capitalidad.